¿’Desescalando’ la tensión?

La Fiscalía ha presentado sus escritos de calificación provisional, es decir, aquellos en los que por primera vez formula su acusación. Lo mismo ha hecho la Abogacía del Estado. Sorprenden de esos escritos varios puntos que no son habituales, o que al menos no eran los esperados.

En primer lugar, el hecho de que se hayan presentado dentro de plazo, dado que siendo el mismo tan breve (cinco días), y al ser la causa voluminosa, no es extraño que se suela ampliar, cosa que el tribunal acostumbra a conceder. En este caso, parece existir una evidente intención de acabar este trámite –y quizás este proceso– cuanto antes.

En segundo lugar, sorprende también que los escritos de Fiscalía y Abogacía del Estado sean bastante parecidos –con varios pasajes idénticos–, con la diferencia de que la primera acusa por rebelión, pidiendo penas penas altas por los delitos imputados –aunque quizás menores de lo esperado en varios casos–, mientras que la Abogacía del Estado acusa por sedición y no por rebelión. En ese último escrito no se encuentra explicación alguna sobre que intervenga la Abogacía con respecto a ese delito en principio no económico (vid. artículo 473.2 del Código Penal), lo que no es habitual, ni sobre la citada calificación alternativa, que supone una notable rebaja de las penas, aun siendo igualmente altas. Cabe interpretar, por tanto, que esa atenuación puede reflejar un cierto ‘gesto político’ del Gobierno hacia los partidos independentistas, aunque de muy baja intensidad habida cuenta de la tremenda gravedad de las penas.

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En tercer lugar, llama también la atención la descripción que hacen ambos escritos sobre el importante punto de la violencia. La Fiscalía, en su texto de 127 páginas, no se refiere prácticamente a este punto crucial en las 80 primeras, y cuando ya inicia ese relato a partir de ese instante lo hace de una forma bastante más desapasionada de lo que acostumbraba el magistrado instructor; es decir, de manera notablemente más objetiva. Contiene alguna comparación imprudente e inoportuna con la Guerra Civil Española, respecto a cual habría que recordar que los sublevados eran los rebeldes que ganaron la guerra y los que gritaron ¡no pasarán! eran los que la perdieron, defendiendo al Gobierno legítimo de la República. Pero al margen de este desliz, lo único que intenta la Fiscalía es sustentar sin dramatismos el relato, a mi entender sumamente endeble, de la rebelión. Por cierto, la Abogacía del Estado apenas dedica su escrito al relato de la supuesta violencia, intentando apuntalar así –implícitamente– la existencia de sedición, y no de rebelión, que no requiere el mismo grado de violencia.

Por último, en el escrito de acusación ante la Audiencia Nacional por los hechos que se imputan, entre otros, a José Luis Trapero, la Fiscalía de dicho tribunal intenta alinearse con la tesis de la Fiscalía del Tribunal Supremo, cumpliendo así con la unidad de actuación que caracteriza a esta institución. Sin embargo, tratándose exactamente de los mismos hechos, y hasta siendo calificados de la misma forma, se entiende aún menos por qué se están dilucidando en dos procesos separados. Existe el riesgo cierto de que se dicten sentencias contradictorias.

Llegados a este punto del proceso, y una vez que la acción popular presente sus acusaciones, previsiblemente más duras que las expuestas por la Fiscalía, corresponde ahora el turno de las defensas, que muy probablemente harán bien en seguir la misma línea argumentativa desapasionada de la Fiscalía y huir de toda épica en su fundamentación. Por otra parte, no es necesario en este momento procesal que den exhaustiva respuesta a las imputaciones de las partes acusadoras. Pueden reservarse perfectamente su argumentación para el final del juicio, en el trámite de conclusiones definitivas, una vez se haya celebrado toda la prueba y queden evidenciados los hechos que realmente sucedieron.

Y es que no solamente conviene a la política desescalar la tensión, sino también a la celebración de un debate procesal libre de apasionamientos patrióticos de uno y otro lado, que bastante daño han hecho ya al trabajo de los juristas en este proceso. Procediendo de esta forma, conseguirán presentarse claramente los elementos esenciales de los delitos acusados. Y en este sentido se evidenciará si existen esos puntos principales, que paso a exponer brevemente en cuanto a los delitos de rebelión y sedición, siguiendo los relatos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.

El delito de rebelión precisa la existencia de un “alzamiento violento” con el fin de derogar, suspender o modificar la Constitución, declarar la independencia de una parte del territorio nacional o sustraer del control del Gobierno del Estado a una fuerza armada como los Mossos d’Esquadra. Por tanto, el Tribunal Supremo deberá responder a las siguientes preguntas:

¿Es alzamiento convocar una manifestación pacífica ante una ‘Conselleria’ mientras se realiza un registro judicial, sin interrumpir el mismo, demorando simplemente la salida de la comisión judicial?

En el marco de una manifestación eminentemente pacífica, ¿provocar daños en tres coches de Policía es ‘violencia’ insurreccional?

¿Es un ‘alzamiento’ convocar un referendum de independencia y celebrarlo desobedeciendo al Estado?

¿Son un ‘alzamiento’ los incidentes del día de la votación, que se saldaron con 58 heridos, mayoritariamente leves entre las Fuerzas del Orden, y disturbios en sólo 17 de los 2.259 puntos de votación?

¿Puede imputarse ‘alzamiento violento’ a quien declara la independencia sin uso de ningún arma ni acción violenta para defender esa declaración, y que entrega el poder sin ninguna resistencia en cuanto es requerido para ello, sin titubeos, el mismo día?

La sedición, por su parte, requiere un “alzamiento público y tumultuario” que se oponga a la autoridad legal o administrativa del Estado por la fuerza o fuera de las vías legales. Las preguntas en cuanto al alzamiento son las mismas que las anteriores, pero en cuanto al elemento del tumulto:

¿Una manifestación de protesta ante una ‘Conselleria’ que se acaba sin ningún herido es un ‘tumulto’?

¿Las personas que intentaron que los centros de votación permanecieran abiertos, constituyen un ‘tumulto’? ¿O sólo lo fueron en los 17 lugares en que se produjeron disturbios?

¿Son suficientes 17 disturbios en 2.259 puestos de votación para considerar que ha habido un ‘alzamiento tumultuario’ en una comunidad autónoma?

¿Tiene alguna importancia que en varios de esos 17 lugares la violencia partiera de las Fuerzas del Orden, mientras que los ciudadanos, varios de ellos lesionados, ejercieran solamente una resistencia pasiva?

¿La resistencia pasiva es un ‘alzamiento tumultuario’?

Por último, si finalmente se considera la existencia no de rebelión, sino solamente –aunque no sea poco– de conspiración para la rebelión (artículo 477 del Código Penal), que tiene una pena notablemente inferior, la pregunta que deberá contestar el Tribunal Supremo es si realmente son reos de ese delito unas personas que propician públicamente la aprobación leyes y reglamentos para celebrar un referendum; que avisan por activa y por pasiva de que lo van a hacer; que efectivamente lo hacen y, tras unos días de un rocambolesco e infantiloide intercambio de comunicaciones con el Gobierno del Estado, declaran efectivamente la independencia mientras negociaban clandestinamente la convocatoria de elecciones autonómicas; y que, finalmente, como antes dije, entregan el poder sin la más mínima clase de resistencia en cuanto son requeridos para ello.

La sentencia del Tribunal Supremo deberá responder a todas estas preguntas y ver si se cometieron esos delitos, o bien si todo lo ocurrido, pese a su gravedad institucional y a la tensión ambiental existente, penalmente fue sólo un delito de desobediencia.Y si existen dudas razonables sobre su respuesta incriminatoria, la Fiscalía deberá pedir la absolución. Y los jueces deberán absolver a los acusados, porque así lo ordena la presunción de inocencia.

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1 Comentario

  1. Rafael Durán
    Rafael Durán 11-07-2018

    La “tensión ambiental” no parece tener relevancia jurídica. Pero no se entiende que la “gravedad institucional” de lo ocurrido merezca “sólo” el reproche de la desobediencia. Apelando al artículo del Código Penal relativo a ese delito, es difícil entender que lo que se juzga sea resistencia o desobediencia “a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones”. Algunos ciudadanos sí podrían haber incurrido en tal delito en algunos de los acontecimientos referidos en el texto. No es el caso de quienes, del presidente autonómico para abajo, actuaron en contra del orden constitucional a fin de subvertirlo. Ciertamente, los jueces tendrán que ver en qué medida la redacción de un artículo pensada para experiencias distintas de la que se juzga puede ser interpretada a la luz de una que no por novedosa resulta dispar en cuanto a su naturaleza. Que hubo violencia es obvio, como lo es que la más grave no fue la practicada puntualmente por ciudadanos individuales, sino por autoridades que se valieron para ello de los recursos del Estado (lo son los autonómicos) para atentar contra el propio Estado. Una y otra violencia, siendo juzgadas, no deberían merecer el mismo reproche legal. No menos obvio es, sin lugar a dudas, que esas mismas autoridades se contuvieron en el uso de la violencia física y aun armada. La cuestión es si eso implica un salto de delito o una atenuación de la pena. Evitando todo sesgo ideológico (ahí está la reciente sentencia del TEDH sobre el tribunal parcial que condenó a Arnaldo Otegui), confiemos en que la Justicia sea escrupulosa, intachable en el ejercicio de su función, y ejemplar para quienes quieran prestar atención libres de prejuicios.

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