El delito de rebelión y la voluntad del legislador

Cuando empiezo a escribir estas líneas, acaban de detener a Carles Puigdemont en Alemania. Sobre él, y sobre prácticamente todo el Govern anterior, pesa la acusación de varios delitos, entre ellos el de rebelión, que está regulado en el artículo 472.5º del vigente Código Penal.

Es cierto que las leyes, con el paso del tiempo, se emancipan de sus autores. Pero a la hora de interpretarlas, tiene relevancia la voluntas legislatoris. Y me gustaría exponer qué entendimos por rebelión los parlamentarios que, en 1995, hicimos el llamado Código Penal de la Democracia. Éste ha sido modificado muchas veces desde entonces. Sin embargo, el capítulo dedicado a la Rebelión (dentro del Título XXI, de Delitos contra la Constitución), nunca ha sido reformado. Su redacción es hoy la misma que hace casi 23 años.

El Gobierno socialista de entonces envió al Congreso un proyecto en el que se consideraban reos de rebelión “los que se alzaren públicamente” para una serie de fines, entre ellos “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

El representante del PNV, el diputado Emilio Olabarria, en la sesión de 7 de junio de 1995 de la Comisión de Justicia e Interior, objetó esa redacción porque la declaración de independencia era, a su juicio, una causa política que se podía sostener legítimamente. Al PNV se le unió el partido nacionalista canario (diputado Lorenzo Olarte).

Mi intención como diputado (ponente de IU-IC) en ese punto del debate del Código Penal consistió en dejar claro que el delito de rebelión conllevaba intrínsecamente la violencia. Mis palabras literales –así figura en el Diario de Sesiones– fueron las siguientes: “Alzarse públicamente es desobedecer y resistir, enfrentarse violentamente al poder legítimamente constituido. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, el 18 de julio de 1936 en algo que se llama desde entonces Alzamiento (…) esto no tiene nada que ver con el mantenimiento de posiciones políticas de cualquier tipo; siempre, naturalmente, que esos grupos políticos no se alcen públicamente, violentamente en rebelión y en contradicción con el ordenamiento constitucional, porque evidentemente ése es el límite de las actuaciones políticas. Así, defender que una parte del territorio del Estado español deba ser independiente es absolutamente lícito”.

En coherencia con ese enfoque, propuse una enmienda transaccional que dejase claro que el delito de rebelión se aplicaría solo a “los que se alzaren violenta y públicamente” para una serie de fines, entre ellos el de declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

Esta enmienda fue aceptada de forma inmediata, en sus propios términos, por todos los grupos parlamentarios (incluso por el PP al principio, aunque luego se desdijo y votó en contra), y así pasó a formar parte definitivamente del artículo 472 del Código Penal.

Pues bien, en mi modesta opinión lo que ha sucedido en Cataluña en el llamado procés no se ajusta al tipo penal que los legisladores de 1995 definieron como rebelión. Claramente veíamos en esa figura delictiva algo equivalente a una insurrección colectiva o una sublevación fuerte y explícitamente violenta. Es lo que, por otra parte, se deduce de lo que, en artículos posteriores al 472, dice el Código Penal. El 479, por ejemplo, habla de que la autoridad “intimará a los sublevados a que inmediatamente se disuelvan y retiren. Si los sublevados no depusieran su actitud inmediatamente después de la intimación, la autoridad hará uso de la fuerza de que disponga para disolverlos. No será necesaria la intimación desde el momento en que los rebeldes rompan fuego”.

El Código Penal ve la rebelión como una sublevación o insurrección violenta, con parecida entidad a la que se refieren códigos penales de nuestro entorno, como el alemán. No pienso que haya sucedido eso en Cataluña, aunque se hayan producido hechos tumultuarios (por ejemplo, la movilización ante la Delegación de Economía, conocido como el episodio de los Jordis) que podrían más bien ser tipificados como sedición (art. 544 del Código Penal), que es un delito contra el orden público (Título XXII), no contra la Constitución (Título XXI).

Una rebelión, tal y como se contempla en el Código Penal, podría incluso desencadenar la declaración de estado de sitio. La situación en Cataluña ha quedado muy alejada de esa hipótesis. A nadie se le ha ocurrido ni nadie ha pensado en acudir a una suspensión de derechos tan grave.

Dicho esto, la opinión –por otra parte bastante extendida en círculos académicos– de que el procés no ha llevado aparejada una violencia que permitiera calificarla de rebelión no debe ser manipulada para tachar a la Justicia española de falta de independencia, o para afirmar que los líderes de aquél no tendrán un juicio justo. Las discrepancias, lícitas, con determinadas decisiones de jueces españoles no impiden calificar a España de Estado de Derecho y a sus jueces de poseedores de un estatuto de inamovilidad, legalidad e independencia en un sistema de separación de poderes.

El juez Pablo Llarena no juzgará a los líderes independentistas procesados. Lo hará la Sala 2ª del Tribunal Supremo, y contra su sentencia será posible plantear recurso ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Tenemos un ordenamiento procesal penal tan garantista o más que cualquier otro país de la Unión Europea.

En resumen, algunos o todos los líderes independentistas procesados por el juez Llarena han podido cometer delitos de desobediencia, prevaricación, malversación o sedición; así lo apreciará, o no, un tribunal independiente. No obstante, en mi humilde opinión, sus conductas no encajan en lo que el legislador del Código Penal de 1995 entendió por delito de rebelión.

Autoría

2 Comentarios

  1. Guillermo Escobar
    Guillermo Escobar 03-27-2018

    Cierto que cabe recurso pero la interpretación de la expresión “violentamente” contenida en las págs. 56 y ss. del Auto de 21 de marzo (https://www.elimparcial.es/imagenes/auto_procesamiento_proces.pdf), aplicada a los procesados, resulta tan discutible que cabe dudar de la concepción casi angelical del Estado de Derecho sostenida por el profesor

  2. Bernat
    Bernat 03-27-2018

    En esencia, estoy completamente de acuerdo con lo expuesto por el profesor. En lo práctico, este sistema garantista abre la puerta al abuso por parte del Estado sobre sus propios ciudadanos, abocándoles a un largo periodo de “castigo” legal donde por lo pronto, el ciudadano puede quedarse privado de sus derechos, libertades y hasta propiedades. El discurso del Estado siempre puede ser que se está aplicando la ley, contra lo cual caben recursos en Europa. Esto es tanto como que el Estado puede “hacerse el tonto” para castigar a quien considere merecedor de castigo, sabiendo que el TEDH decidirá finalmente. Y aunque el Estado acabe acatando una sentencia en contra, el daño puede ser irreparable y en todo caso, es el Estado quien será sancionado, pero nunca la personas que, con su desidia o ansias de reprender, decidieron situar al ciudadano en aquella situación de castigo. Estos jueces, para cuando llegue la respuesta del TEDH pueden haberse jubilado, o “premiados” por el estado desplazándolos a otros puestos… Así pues, el Estado garantista (que no olvidemos está compuesto por personas con diferentes cuotas de poder, con afinidades ideológicas que pueden ser más o menos favorables a una visión de cómo debe ser el Estado) que defiende el profesor, puede usar los procesos “garantistas” en su beneficio o con los fines que considere, esto es, con fines honestos, pero también injustos o perversos sin que por ello tengan que pagar, sus protagonistas, un precio que les frene en sus intenciones. Por que lo que es muy difícil de creer es que en este Estado garantista, lo jueces, magistrados, fiscales… sean más tontos que sus colegas europeos. Y como eso es muy difícil de creer, la conclusión inmediata a la que se llega es que quienes ostentan cuotas de poder, pueden hacer lo que quieran con un ciudadano en nombre del Estado, un Estado que no dudarán en llamar “garantista”.

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.