¿Déjà vu? Polonia vuelve a la ‘lex Gross’

El 26 de enero de 2018 el Sejm, la Cámara Baja de Polonia, modificó la ley sobre el Instituto Nacional de Memoria – Comisión para la persecución de delitos contra la nación polaca (IPN). Su nuevo artículo 55a castiga con hasta tres años de cárcel imputar a la nación o al Estado polacos crímenes relacionados con el nazismo. El presidente, Andrzej Duda, sancionó la ley tras su aprobación en el Senado aunque ante las protestas por su contenido, especialmente de Israel y de Estados Unidos, decidió también enviarla al Tribunal Constitucional.

No es la primera vez que el partido conservador Ley y Justicia (PiS), actualmente en el Gobierno, intenta criminalizar a quien acuse a la nación o al Estado. Lo pretendieron por primera vez en 2006 cuando, por iniciativa de su socio de coalición, la Liga de Familias Polacas (LPR), se introdujo una disposición similar en el artículo 132a del Código Penal, al tiempo que se adoptó una ley para impedir que los responsables del antiguo régimen comunista, así como quienes colaboraron con la policía secreta, pudieran desempeñar cargos públicos.

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En esta ocasión, el Gobierno actúa con el pretexto de evitar que se utilice la expresión campos de la muerte polacos como equivalente de “campos de exterminio nazis en el territorio polaco ocupado durante la Segunda Guerra Mundial”. Sin embargo, las cosas no están tan claras porque campos de la muerte polacos no aparece en la reforma de la ley sobre el IPN. Además, el contexto político no es el mismo que en 2006, en la medida en que el PiS ha reforzado su control sobre las instituciones. Por ello, merece la pena echar la vista atrás para entender qué está en juego en este intento de criminalizar el debate histórico sobre la colaboración con los nazis en Polonia.

Las relaciones polaco-judías en los libros de Jan Tomasz Gross

En 2006, el historiador polaco-americano Jan Tomasz Gross publicó en Estados Unidos su libro Miedo: el antisemitismo en Polonia después de Auschwitz. Un intento de interpretación histórica. Antes incluso de su traducción al polaco (2008), la obra suscitó un intenso debate público, aunque no era la primera vez que ocurría con las investigaciones de Gross. Ya había sucedido en 2000 con su libro Vecinos. Historia de una masacre en una villa judía, sobre el pogromo de Jedwabne (este de Polonia) el 10 de julio de 1941, que después de la Segunda Guerra Mundial fue imputado a los nazis. Gross sostenía que la masacre la habían perpetrado los demás habitantes polacos de la localidad.

El libro abrió un debate al señalar la responsabilidad de algunos polacos en el Holocausto, desmontando el mito de que habían intentado ayudar a los judíos. Al hacerlo, contribuía a desmantelar la idea de los polacos como meras víctimas de la guerra. Con la discusión subsiguiente no se trató de negar la existencia del pogromo de Jedwabne, sino la interpretación de Gross y el alcance de las responsabilidades polacas. Fomentó un debate más autocrítico entre intelectuales y políticos, y fue polarizador: por una parte, contribuyó al desarrollo de enfoques críticos sobre aspectos dolorosos del pasado de Polonia, pero también dio lugar a otro afirmativo que se centró en enfatizar los momentos heroicos del pasado. En todo caso, si alguien esperaba que el debate en torno a Jedwabne prepararía el terreno para una investigación crítica sobre ese pasado, la publicación de Miedo en 2006 demostró que no era el caso.

‘Política histórica’: el concepto clave del primer Gobierno de Ley y Justicia (2005-2007)

Conviene repasar el cambio del contexto político cuando el conservador PiS llegó al Gobierno. Abanderó entonces la orientación del debate público hacia un nuevo concepto, la política histórica (polityka historyczna), que promueve una aproximación afirmativa y patriótica de la historia nacional y del patriotismo, frente a la perspectiva crítica promovida por liberales y progresistas. Este enfoque afirmativo, a veces llamado defensivo o apologético por tender a una interpretación positiva y hasta orgullosa del pasado, se niega a abordar el debate de las cuestiones más problemáticas, como lo son las complejas relaciones entre polacos y judíos en el siglo XX. Se desarrolla a partir de las críticas de los intelectuales conservadores al régimen democrático de la Tercera República poscomunista, señalando que había heredado demasiadas instituciones del régimen comunista y, por lo tanto, no era el Estado por el que la oposición había luchado en los años 80. El PiS se sumó a esta crítica y reclamó la necesidad de modificar el régimen diseñado por las elites liberal-progresistas para crear una Cuarta República.

Además de la politización del asunto por parte del PiS, en estos años se produjo también una evolución de las líneas de fractura entre los intelectuales públicos. La posición del IPN cambió radicalmente con la sustitución de historiadores del campo crítico, como Machcewicz o su director Kieres, por Kurtyka o Gontarczyk, llevando al instituto a posiciones radicalmente afirmativas.

Guerras legislativas por la verdad

La publicación de los libros de Gross fue el pretexto para que la coalición conservadora del LPR y el PiS introdujesen, en la ley de octubre de 2006, la citada reforma del artículo 132a del Código Penal (algunos llegaron a llamarla lex Gross). Al amparo de dicho artículo, la Fiscalía de Cracovia llegó a abrir una investigación contra la editorial Znak por haber publicado Miedo. Aunque se cerró sin ninguna acusación contra Gross o el editor, la sola amenaza hizo patente lo arriesgada que se había convertido la investigación histórica. El historiador Pawel Machcewicz afirmó que la simple apertura de una causa contra un historiador era una “desgracia grotesca para el Estado polaco“. Poco después, el Defensor del Pueblo impugnó la ley ante el Tribunal Constitucional por vulnerar los derechos a la libertad de expresión y a la investigación científica (artículos 54 y 73 de la Constitución, respectivamente). El 19 de septiembre de 2008, el tribunal anuló el artículo 132a por errores formales, aunque sin entrar al fondo del asunto.

En todo caso, la tendencia desde 2006 ha sido una reducción, hacia posiciones polarizadas, del debate abierto sobre la historia. Los conservadores han conseguido evitar una mayor difusión de las investigaciones críticas en favor de su proyecto afirmativo de política histórica. Los autores discrepantes les han acusado de querer “esconderse tras los árboles del memorial de Yad Vashem“, donde cada árbol recuerda a uno de los “justos entre las naciones” que ayudaron a los judíos durante el Holocausto, siendo los más numerosos los que honran a ciudadanos polacos.

El precedente de 2006 se ha desarrollado en 2018. Esta segunda lex Gross es una prueba de la radicalización del PiS, puesto que el primer intento provino de su socio radical LPR. Gracias a su formulación imprecisa y a su impacto incierto, el nuevo artículo 55a puede muy bien desanimar la investigación sobre asuntos espinosos. Puede dar lugar a casos de (auto)censura entre los investigadores, a pesar de los desmentidos del PiS. ¿A qué órgano le compete determinar si una afirmación está o no suficientemente basada en hechos para constituir una acusación contra la nación? Además, las actividades de los maestros y profesores de secundaria no estarán cubiertas por la ley, arriesgándose, por lo tanto, a ser perseguidos al amparo del artículo 55a.

En este contexto, la posición del Tribunal Constitucional es decisiva para determinar si dichas disposiciones atentan contra las libertades fundamentales. Y por eso es relevante el ataque del PiS contra esta institución desde su vuelta al poder en 2015: el creciente control político del Gobierno no augura nada bueno para la libertad de expresión y de investigación.

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