Defender la democracia

Inmersos en una verdadera crisis institucional, cada una de las partes legitima su postura afirmando defender la democracia. Pero ¿son equiparables esos usos del término democracia? Convertida en nuestro tiempo en una meta-ideología, la democracia describe una forma de gobierno a la que se le atribuyen diferentes exigencias normativas (participación ciudadana, gobierno de mayoría, rendición de cuentas, protección de la diversidad o sostenibilidad económica), y desde ellas se definen los criterios utilizados para evaluar su funcionamiento. ¿Supone eso aceptar que cualquier régimen político o posicionamiento ideológico que la invoque pueda considerarse democrático?

La experiencia histórica (derivada de una lucha continuada por hacer efectiva la democracia) es la que ha ayudado a generar un amplio consenso acerca de los principios, pero también de las instituciones básicas que definen los regímenes democráticos. En esta concepción, las exigencias que se derivan del  Estado de Derecho forman parte indesligable del núcleo de lo que hoy entendemos por democracia, y aquellos sistemas políticos en los que se celebran elecciones pero no se respetan esas exigencias, son considerados democracias defectuosas o regímenes no democráticos.

Esto es así porque la justificación de la democracia contemporánea se apoya en la aceptación de un pluralismo axiológico (no hay verdades absolutas), valorativo (no hay una forma de vida mejor que las otras en términos absolutos) y político (el conflicto ideológico es consustancial a la democracia). Por eso todo el énfasis se sitúa en diseñar y proteger los procedimientos que se van a seguir para generar un debate público en el participen todas las partes y visiones enfrentadas, que se resuelve mediante una decisión mayoritaria que a su vez tiene muchos límites. Es el respeto a estas reglas del juego el que otorga legitimidad a los resultados, pero siempre teniendo en cuenta, además, que lo que caracteriza a la democracia es la posibilidad de revisar sus decisiones. Por ello, el diseño de las instituciones básicas del propio régimen político democrático y sus procedimientos necesita estar apoyado en un amplio consenso, y modificarlo exige mayorías reforzadas.

En momentos de crisis, resulta casi imposible solucionar los problemas mediante un cambio en esas reglas del juego. Pero intentar superar las dificultades utilizando el referéndum para decidir sobre esas cuestiones básicas (sobre todo cuando se trata de una decisión irreversible como es la independencia de un territorio respecto a otra unidad mayor), supone plantear las alternativas de forma dicotómica y esconder la pluralidad de opciones existentes. Por eso los mecanismos de representación política son más adecuados que la mera agregación de votos. La representación parlamentaria permite definir e identificar las distintas posiciones políticas y atribuirles un peso relativo en la discusión política institucional y, sobre todo, en las decisiones (teniendo en cuenta que lo decidido se podrá cambiar cuando esos equilibrios se modifiquen). La representación no es, por tanto, la forma de quitarles el poder a los ciudadanos, sino el mecanismo que permite obtener consensos partiendo de ese reconocimiento de la pluralidad. También facilita alcanzar una ponderación entre dos exigencias democráticas que muchas veces están en tensión: la obligación de los representantes de actuar en beneficio de los ciudadanos con responsabilidad y, a la vez, responder a sus demandas. Esta es la razón de que no se considere más democrático un hipotético “gobierno mediante encuestas”, ni una mayoría simple como tal.

Además, hay que tener en cuenta que decidir a través de representantes que deben llegar a un acuerdo es inevitable en sistemas multinivel tan complejos como los nuestros, en los que las decisiones y las normas se adoptan mediante procedimientos fragmentados, tanto en diferentes niveles (regional, nacional, EU), como en cada uno de ellos (ejecutivos, parlamentos, mecanismos de participación ciudadana). Ello implica instaurar diferentes formas de representación política que intentan hacer que los ciudadanos “estén presentes” en las instituciones de todos esos niveles, con objeto de mejorar la calidad de la representación del sistema político.  Pero el problema es que en momentos de grandes tensiones esas diferentes representaciones pueden colisionar, generando el deseo de eliminarlas eligiendo cuál de ellas es la verdaderamente auténtica y descartando las demás (como ha sucedido con Grecia o Inglaterra con la Unión Europea, y ahora está ocurriendo entre el nivel autonómico catalán y el estatal español).

La democracia contemporánea, por tanto, independientemente de las etiquetas que utilicemos para definirla, se apoya en esas premisas (aunque no solo en ellas): representación y Estado de Derecho, que son las que establecen las reglas del juego a través de las cuales se canaliza la deliberación y la adopción de decisiones políticas. Los que quieren defender la democracia tienen que ser conscientes de que, cuando una parte rompe unilateralmente esas reglas, atenta contra la democracia, aunque esa ruptura esté avalada por muchos partidarios dispuestos a apoyarla en la calle esgrimiendo otros principios en los que también se fundamenta la democracia.

Por ello, en vez de considerar que con democracia se resuelven todos los problemas, habría que ser conscientes de que la democracia incorpora muchas tensiones que pueden llegar a estallar, y que es un sistema frágil que debe tener instrumentos para defenderse. Los ejemplos de la quiebra de las democracias del siglo pasado nos advirtieron sobre ello. Pero, como señalaba en muchas ocasiones el profesor Linz, en circunstancias igualmente difíciles lo que determinó que solo alguna de ellas cayera fue entre otras cosas el tipo de liderazgo del que dispusieron en ese momento decisivo. En esas situaciones no acabe apelar simplemente a la aplicación de las sanciones previstas para su protección; virtudes políticas como el buen juicio político y la prudencia, aunque no muy extendidas, son más necesarias que nunca para la pervivencia de la propia democracia.

Autoría

1 Comentario

  1. Guillermo Escobar
    Guillermo Escobar 10-09-2017

    Creo que resulta contraproducente mezclar los conceptos “democracia” y “Estado de Derecho”, que son diferentes y deben ser objeto de ponderación, solo posible después de definirlos por separado. Si dentro de “democracia” cabe todo, se desvirtúa su significado. Jurídicamente, democracia es participación ciudadana en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes. Reducirla a una imagen idílica de la representación, que no se da en la realidad, implica una ficción a mi juicio hoy insostenible. Parece claro que la representación debe ser parcialmente completada o corregida, excepcionalmente, mediante formas de participación directa, tal y como prevé nuestra Constitución.

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