De carnes, cánceres y el papel de los Estados

La opinión pública amaneció hace pocos días agitada por un informe de la IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer) en el que se incluían las carnes procesadas como cancerígenas y la carne roja como probablemente cancerígena para los seres humanos. Una vez más, el estrecho espacio que separa los informes técnicos de la comunicación de masas y las reacciones políticas nos deparó un muestrario de reacciones desproporcionadas y afirmaciones tan erróneas como alarmistas, incurriendo en diversos errores en la comunicación de riesgos en salud pública, tales como omitir cifras concretas o, de señalarlas hacerlo siempre con datos de riesgos relativos y no con riesgos absolutos.

La asociación entre carne roja, carnes procesadas e incremento en el riesgo de cáncer de colon es algo conocido en el ámbito científico desde hace años; lo que ocurre es que en ciencia las evidencias para emitir afirmaciones y recomendaciones son acumulativas, de modo que es con la agregación de diversos estudios que las instituciones reúnen la certeza suficiente para emitir dichas afirmaciones y recomendaciones.

Las carnes procesadas, consideradas como cancerígenas (grupo 1) pasan a formar parte de la misma lista en la que podemos encontrar otros elementos frecuentes en nuestra vida cotidiana  como las radiaciones ionizantes, la contaminación ambiental o los anticonceptivos orales; mientras tanto, la IARC ha calificado a la carne roja como probablemente cancerígena (grupo 2A), incluyéndola en el mismo grupo que la exposición profesional de los/as peluqueros/as, múltiples medicamentos o derivados del petróleo. Sin embargo esta consideración de la asociación con el cáncer no nos informa de la magnitud de dicha asociación (de cuánto se incrementa el riesgo de cáncer por tener un mayor consumo de estos tipos de carne); los datos disponibles señalan que en ambos casos el incremento del riesgo sería  de en torno al 17-18% por cada incremento de consumo diario de 50g de carne, lo cual sería equivalente a pasar de un riesgo del 5% de tener cáncer de colon a un riesgo del 6%, forma mucho más correcta y menos alarmista de presentar los datos que en forma de incrementos relativos.

Una vez sabida esta relación entre carnes procesadas, carne roja y cáncer, y comunicada de forma correcta a la población, ¿cuál ha de ser el papel de los gobiernos y las instituciones en el manejo de la información y la implantación –o no- de medidas?

Diferentes documentos legales (la Constitución Española en nuestro caso) reflejan el derecho a la protección de la salud y la obligación del Estado de velar por el cumplimiento de dicho derecho; además, la promoción de la salud y la acción sobre los determinantes sociales de salud desde una perspectiva institucional es una visión al alza en las políticas de salud pública. En el caso de la alimentación como asunto de salud pública nos encontramos ante un problema complejo con algunos aspectos que destacar.

Por un lado, los gobiernos han desarrollado fuertes estructuras de protección de salud en relación con la seguridad alimentaria, siendo este el aspecto fundamental en sus políticas de alimentación relacionadas con la salud. Sin embargo, aspectos como la promoción de salud han quedado desplazados a un lugar más anecdótico en forma de planes o programas con financiación modesta.

Además, en el imaginario colectivo de nuestra sociedad se sigue considerando la alimentación como un hábito determinado por la voluntad individual y relacionado con la elección libre y voluntaria de unos determinados hábitos de vida, es por ello que no son frecuentes políticas que favorezcan fiscalmente la alimentación saludable o que se encaminen a favorecer que los grupos con menor renta puedan acceder a dicha alimentación de forma económicamente asequible.

Por otro lado, la alimentación se concibe antes como una industria sometida a los designios del libre mercado que como uno de los pilares fundamentales de la salud pública, es por ello que las políticas de intervencionismo estatal sobre oferta y demanda de alimentos son vistas generalmente como vulneraciones inaceptables de las reglas del libre mercado, agrandando la frecuente oposición entre libertad de mercado y salud pública. Es en este aspecto donde la visión de “salud en todas las políticas” debería hacerse presente.

Con estos tres aspectos, ante la aparición de datos que indiquen que un determinado grupo de alimentos (unos tipos de carnes, en este caso) incrementan el riesgo de cáncer, los gobiernos deberían aprovechar para seguir caminando hacia el fortalecimiento de las políticas de alimentación saludable como uno de los ejes de las políticas de salud pública, basándolos no tanto en los hábitos de vida sino principalmente en la actuación sobre los aspectos que determinan esos hábitos (presencia de comercios variados y de calidad a distancias caminables, experimentar políticas fiscales que favorezcan a los alimentos variados y saludables –no confundir con los que se autodenominan de esa forma-,…).

Comunicar para no alarmar. Actuar desde las instituciones para convertir la alimentación saludable en un derecho al alcance de toda la población.

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