Dark Light

Oscuridad en la luz…

Con datos sobre la UE-28 (incluyendo el UK, es decir, sin Brexit), los costes del sistema eléctrico español están en línea con los de la media europea: generación ligeramente por debajo; transporte y distribución ligeramente por encima; cabe suponer que comercialización más o menos en la media. E impuestos algo por debajo. Basta una lógica elemental para deducir que el precio final debería estar alrededor de dicha media. Pues no. Nuestro precio, el sexto más caro para uso industrial y el cuarto en doméstico. Pero hay más: hemos inventado un engendro que llamamos Déficit Tarifario (DT). Teóricamente son costes no incorporados al precio final; los gobiernos los reconocen a las empresas del sector y permiten su titularización (es decir, los cobran). Más de 40.000 millones de € acumulados desde 2002, aproximadamente un año de la facturación eléctrica total en España. Una intrigante anomalía. Mucha oscuridad en la luz.

… y un poco de luz en la oscuridad.

Pero todo tiene explicación. Una pequeña parte la aportan algunas variables conocidas (competencia prácticamente nula creando ineficiencias por falta de tensión competitiva; el lobby patronal -UNESA- muy eficaz como condicionador -desde siempre- de la regulación; las subvenciones cruzadas entre consumo industrial y doméstico). Sin embargo, la variable sustantiva está oculta, consiste en la incorporación en el precio de conceptos de coste impropios y opacos, camuflados en alguno de los conceptos de los gráficos a todo color que aparecen desde hace un par de años en la factura i que supuestamente desglosan transparentemente el coste. Opacos porque no se mencionan. Impropios porque son totalmente ajenos a la cadena de valor natural antes de impuestos: generación, transporte, distribución, y comercialización. Añadiendo márgenes empresariales razonables e impuestos, debería resultar el precio final de la factura, alrededor de la media UE-28. Y sin DT.

Veamos sucintamente los principales costes impropios que gravan la factura y generan el DT. (todos ellos documentados por expertos y alguno incluso por la UE).

En primer lugar, cinco casos de excesiva remuneración o de coste evitable, todos ellos muy cuantiosos y por tanto importantes: a) la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas y nucleares, amortizadas y con costes variables muy bajos está muy sobre-remunerada. El mercado continuo de ofertas a coste marginal es adecuado para el mercado de generación, salvo que los costes de las distintas fuentes primarias de energía sean demasiado dispares. Las fuentes citadas deberían ser remuneradas de otra forma o con correcciones; b) los “pagos por capacidad” a las centrales de ciclo combinado se justifica porque son necesarias para dotar de estabilidad al sistema (son las que más ágilmente se incorporan a la red en puntas de demanda o casos de emergencia), pero están muy sobredimensionadas en número y en capacidad a causa de decisiones erróneas de los grupos empresariales que sobrevaloraron, en tiempos de euforia, la futura demanda. Deberían percibir los pagos por la función que cumplen, tan solo las realmente necesarias, no todas la existentes. Algunos países europeos con una situación parecida ya hay invernado las no necesarias; c). Graves errores gubernamentales en renovables. En eólica, mantenimiento durante años de unas primas calculadas según rendimiento inicial de las primeras inversiones, un rendimiento rápidamente multiplicado en las nuevas inversiones por la evolución tecnológica. En fotovoltaica, incentivos desmesurados y crecimiento prematuro asimismo incentivado, con rectificación tardía, injusta e ilegal (rebaja de primas con efecto retroactivo; ya hay una sentencia) y sin dar una salida a los inversores vía autoconsumo; d) retribución excesiva a Red Eléctrica (RE) por el transporte. No parece lógico que una empresa con los precios fijados por el BOE sea una de las estrellas del IBEX para los inversores en renta variable; y e) el pertinaz y político uso del carbón nacional (extracción cara, poco poder calorífico, muy contaminante). Algún político debería haber dicho hace años a los mineros que serían respetados todos sus derechos, pero que sus hijos y nietos ya no podrían ser mineros. Ninguno se atrevió.

Por otra parte, hay 2 regalos directos del Gobierno a los grupos del sector por un importe conjunto no inferior a los 8.000 millones €: a) en la liquidación definitiva (2014) de los Costes de Transición a la Competencia de 1997 (CTC’s), el saldo era favorable a los consumidores y se debía detraer del DT. No se hizo. En 2015 la Audiencia Nacional (AN) admitió a trámite una querella contra Endesa y los ministros Salgado y Sebastián por ese motivo; Y b) Los derechos gratuitos de emisión de CO2 establecidos por la UE y su bajo precio en el mercado de derechos, reducían sensiblemente el coste previsto e internalizado por las empresas. El ministro Montilla impulsó en 2007 un Real Decreto (RD) detrayendo del DT la diferencia. UNESA lo impugnó. En 2008, el nuevo ministro Sebastián lo derogó mediante otro RD. Tanto (AN) como (TJUE) prescindieron de la derogación y continuaron con la instrucción, han fallado a favor de la validez del RD de 2007. Las sentencias están sin ejecutar.

Y, por último, el propio DT, que no existiría sin los demás, es otro coste impropio. No lo pagamos en directo, pero o estamos pagando, a plazos, en diferido.

Demasiada -y muy cara- connivencia clientelar (puertas giratorias incluidas) entre gobiernos, UNESA y los organismos reguladores, independientes tan solo de forma intermitente.

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