Cuando se confunde cariño con la calidad de los cuidados de larga duración

Que cada vez vivimos más años no es una afirmación que sorprenda. España ha aumentado tanto su longevidad que solo es superada por Japón. En 2016 la esperanza de vida alcanza los 83 años, 80 para los varones e incluso más elevada para las mujeres, llegando casi a 86 (datos INE 2016).

A pesar de los replanteamientos concernientes a su financiación, este dato es en realidad muy positivo: implica una conquista social histórica, una mejoría generalizada de la salud, la alimentación y las condiciones de vida. Además, no solo vivimos más, sino que también aumenta nuestra esperanza de vida en salud (en ausencia de limitaciones funcionales o de discapacidad), con un matiz que resulta muy problemático: aunque este aumento de esperanza de vida en salud es real, su aumento no ha ido parejo al aumento de la esperanza de vida. Esto significa que vivimos mucho más, pero que no todos esos años ganados están libres de discapacidad. Al disfrutar de una vejez más larga, la probabilidad de sufrir problemas de salud es más elevada. Además, más personas llegan a viejos, lo que hace que cuantitativamente cuestiones como la dependencia tengan una importancia mayor.

Esto pone sobre la mesa la cuestión de los cuidados, como revisa en su artículo para el Observatori Social la Caixa Joan Costa-Font. Los cuidados de larga duración en la vejez suponen un tema de gran complejidad, con implicaciones sociales, económicas y por supuesto, políticas. Su diferente configuración por países refleja cómo son valorados los cuidados en cada sociedad, pero también nos habla de los repartos de roles de género, de la prioridad (o ausencia de) que en la agenda política suponen las personas demandantes de cuidado y la que tienen los (las) propios cuidadores, pero también nos permite analizar otras cuestiones como la idea del compromiso familiar.

Sobre esta idea del compromiso familiar y sobre la valoración social de los cuidados podemos tener una imagen, al menos parcial, a partir del gráfico siguiente. Al preguntar en diversos países europeos sobre quién debería efectuar los cuidados de larga duración, encontramos grandes diferencias:

Gráfico 1. Actitudes hacia los cuidados en los países europeos

Fuente: Costa-Font (2017).

Nótese que por cuidados de larga duración se entienden los destinados a conseguir que una persona que no sea totalmente  capaz  de  cuidar  de    misma  mantenga  la  mejor  calidad  de  vida  posible. Es importante matizar este aspecto: es una persona que no está en situación de cuidar, sino que está necesitada de cuidados y en ocasiones de cuidados específicos. 

Según demuestran diferentes encuestas, los españoles (muy similares a los portugueses) a diferencia de lo que ocurre en otros países, abogan por el cuidado familiar. Esta preferencia ha sido interpretada (por este autor, pero la idea forma parte de una creencia muy arraigada) como una manifestación de la mayor importancia que los lazos familiares tienen en nuestro país. Dicho de otro modo; se interpreta que si en España se aboga en mayor medida por el cuidado familiar de los mayores es debido a una mayor unidad y a un mayor apego. No porque tengamos mejores conocimientos para proporcionar cuidados de calidad, sino porque la familia tiene para nosotros más importancia.

No me atrevería yo a poner en duda este amor filial comparativo (¿de verdad queremos más a nuestros padres los españoles que los luxemburgueses a los suyos?) sino que me gustaría reflexionar sobre la idoneidad de que los cuidados se emitan desde el ámbito familiar. Sobre esta asunción de que ser hijos nos convierte no ya en cuidadores potenciales, sino en buenos cuidadores. Es decir, hablamos de un nivel de cuidado para el que los que los y las profesionales (los buenos) del sector necesitan una formación específica, una formación que es importante, que es necesaria, y que sin embargo asumimos que debe ser cubierta por un hijo. Ojo, no digo con esto que la alternativa idónea sea la institucionalización, sino que mi preocupación se dirige hacia esa creencia de que el tipo de cuidados que necesita una persona mayor con mala salud física o mental puede ser llevado a cabo por cualquier miembro de la familia. ¿No estaremos asumiendo que el amor filial puede equipararse a los cuidados provistos por una persona ajena a la familia con conocimientos geriátricos? ¿No estaremos minimizando la importancia de los propios cuidados al asumir que cualquier persona, siempre y cuando haya una relación familiar de por medio, puede realizarlos? ¿Y esta minimización no afectará de forma negativa sobre la propia persona cuidada? La idea de que cualquiera, con amor, puede ser un buen cuidador, puede estar teniendo un gran coste sobre la calidad de vida de quienes necesitan los cuidados.

Además de otras variables que pueden intervenir en estas actitudes en España, me pregunto si esta predisposición de las familias a cubrir los cuidados en el ámbito privado no estará fuertemente relacionada con la falta de alternativas. Lo cierto es que la si bien la Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia supuso en gran medida un avance para los demandantes de cuidados y un apoyo para los cuidadores familiares, la crisis y los sucesivos recortes limitaron la potencialidad de una ley que de entrada ya presentaba limitaciones. En la actualidad, la cobertura pública de las necesidades de cuidados de larga duración se limita al 0,7% del PIB.

Gráfico 2. Porcentaje del PIB destinado a cuidados de larga duración

Fuente: Costa-Font (2017).

Es decir, la sociedad española aboga en su mayoría por los cuidados en el ámbito familiar, cierto, pero tampoco  existen muchas alternativas al alcance de todos los bolsillos. Por poner un ejemplo, el precio medio de una residencia geriátrica en España es de 1.829,81€ al mes. Otra opción, si se desea mantener la permanencia de la persona mayor en su domicilio, es la de contratar a una persona con conocimientos en geriatría que realice esos cuidados de calidad. De hecho, para no incurrir en explotación laboral y vulnerabilización de esas trabajadoras, deberían ser varios los contratos, ya que una persona no puede cubrir las necesidades de una persona dependiente 24/7. ¿Cuántos mayores, cuántas familias pueden financiar esos costes sin ayudas públicas? Cierto es que hay pensiones de 2.600 € (sí, esto es una barbaridad), pero también que hay pensiones contributivas que no llegan a los 400 euros. Aunque yo he conocido más de los segundos que de los primeros, digamos que la pensión media está en unos 1.197,19 € para los hombres y 742,81 € para las mujeres. En cualquier caso, y aun sin referir las pensiones no contributivas, podemos asumir que no todos los mayores están en situación de permitirse económicamente esos cuidados.

Otra cuestión, que suele olvidarse cuando se plantea la responsabilidad de los cuidados, es qué sucede con las personas mayores que, además de no tener esos elevados recursos, no disponen de una red familiar que les ampare de una u otra forma. En España, el 16,1% (725.640 mujeres) de las mujeres mayores de 65 años no ha tenido hijos por diversos motivos (datos censo 2011, INE).

Aunque la crisis, dicen, ha acabado, los recortes en los recursos públicos destinados a los cuidados continúan, y no tienen pinta de aumentar para dar solución ni a los mayores sin familia ni a los que sí la tienen pero no están recibiendo los cuidados adecuados.  A mi entender, la lógica seguida por esta política de recortes es la de asumir que con el amor de la familia basta, que encima es (a corto plazo) mucho más barato.

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