Cuando los menores extranjeros no son el problema

Colapso, emergencia social, desbordamiento, avalancha. Son las palabras que se repiten en las últimas semanas en la prensa generalista al tratar la cuestión de la llegada, acogida y atención a los menores extranjeros no acompañados (menas) que llegan a nuestro país por la frontera sur; que lo es de España y lo es también de Europa, con todo lo que ello supone. Y si el recurso a este tipo de expresiones, cuando se habla de movimientos migratorios de personas adultas, exige la mayor prudencia para evitar las reacciones xenófobas de indeseables efectos, cuánta más prudencia debiera exigirse cuando se refieren a niños, niñas y adolescentes que están, por imperativo legal, bajo la tutela y protección de nuestro Estado.

Ahora bien, la necesaria prudencia no supone obviar un problema, que sin duda existe en España cuando hablamos de gestionar los flujos migratorios de menores. Un problema que no es nuevo y que tiene un alcance mucho más complejo que el que se ve reflejado en las noticias. Si debiera sintetizar en 1.000 palabras lo que pasa en España con los menas, resaltaría lo siguiente:

1. El flujo de menores que migran solos ha aumentado en los últimos años. Cierto. Las cifras de la Memoria de la Fiscalía del año 2017 ponen de manifiesto que se ha incrementado el número de menores llegados en patera a nuestras costas, como lo ha hecho también el número de menores que pasan la frontera terrestre de Ceuta y Melilla.  

Pero las cifras no lo dicen todo. Por ejemplo, cuando nos cuentan que el 97,05% de los migrantes menores son varones, nos indican que las niñas, que también migran, son invisibles porque circulan en el submundo de la trata de seres humanos. De ellas, simplemente, no se ocupan los medios porque no están durmiendo en los pasillos de los centros de menores. Eso significa que las cifras pueden ser mayores, como también podrían aumentar si todos los menores con documentación acreditativa de su edad fueran considerados como tales y no fueran declarados mayores por la Fiscalía de Extranjería, que los saca de este modo de la estadística y, simultáneamente, de los sistemas de protección.

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Ahora bien, las cifras de llegadas, que son de primera acogida o de atención de urgencia, no se corresponden con las de presencia en España, ni con las cifras de atención efectiva tendente a la integración en territorio nacional. Muchos de esos menores pasan a otros países europeos. Muchos se pierden, porque una vez que salen de los centros o de los pisos donde se les atiende, y dejan de dar señales de vida durante seis meses, se les da de baja del sistema de protección (artículo 172 de la Ley Orgánica 1/1996). Por tanto, el análisis de las cifras de la avalancha exige una mirada más crítica y pausada, que no debe perder de vista el origen mayoritario de esos menores, que es Marruecos, con quien España está condenada a entenderse a la hora de formular una política razonable de control de fronteras que, sin duda alguna, debe incluir en la ecuación la ordenación de los movimientos transfronterizos de niños y niñas. Pensar en un sistema ordenado de visados de estudios, por ejemplo, o en un refuerzo de la cooperación al desarrollo con especial atención a los niños y los adolescentes podrían ser las vías.

2. Hoy se habla de desbordamiento porque se han reducido drásticamente las plazas de primera acogida, perdiéndose la capacidad de reacción de las administraciones públicas ante situaciones de incremento de llegadas. A esto se une el hecho de que los centros de primera acogida debieran ser centros de derivación rápida (una vez determinada la situación de desamparo del menor y asumida su tutela por la Administración autonómica) hacia recursos específicos en que haya menos niños, donde se les pueda atender adecuadamente y responder a sus necesidades; por ejemplo, de acceso a la educación (artículo 27 de la Constitución Española) y a la asistencia sanitaria (art. 43 de la CE).

Esa derivación no se está dando con la celeridad que debiera, de un lado porque se demora innecesariamente la declaración de desamparo (con el cuestionamiento sistemático de la documentación de los menores) y, de otro, porque también se han reducido los recursos de atención a la integración. En síntesis, hoy se da un problema evidente de cuello de botella. El colapso, en parte, lo ha generado la propia Administración por una gestión ineficiente y por una falta patente de diálogo y colaboración entre las comunidades autónomas, que son las que tienen atribuida la tutela de los menas una vez se declara su situación de desamparo. El caso de las 13 menores trasladadas de Palencia a Melilla es un ejemplo paradigmático de gestión que, superada la calificación de ineficiencia, llega a la consideración de absurdo, si se tiene en cuenta que Melilla es uno de los enclaves que protagoniza ese problema de colapso.

3. Existe un problema con los ‘menas’ en los centros de protección de la infancia de las CCAA. Cierto también, pero no es un problema nuevo. Denuncias relacionadas con las condiciones de aislamiento, hacinamiento, maltrato psicológico y físico por parte del personal de los centros de Madrid, Cataluña, o Melilla se han hecho públicas por distintas organizaciones de atención a la infancia y han sido llevadas hasta el Defensor del Pueblo, la Fiscalía y, en ocasiones, incluso al Juzgado sin que exista condena alguna. Los denunciantes también se pierden, se van. El funcionamiento interno de los centros es tan abierto para los niños (salen cuando quieren) como opaco para la ciudadanía. No son públicos (si es que existen) protocolos de actuación en caso de maltrato o agresiones por parte de los propios chicos o de los vigilantes o educadores; no hay sistemas de prevención, detección temprana o denuncia frente a situaciones de violencia; no existe adecuada orientación educativa; en muchas ocasiones no se tramita la documentación a la que los menores tienen derecho. Sencillamente, los chicos (y algunas chicas, muy pocas) se quedan varados en esos centros, lo que explica en parte el abandono de los mismos.

4. El Estado y las comunidades autónomas incurren en una falta de respeto, excesivamente frecuente, hacia los derechos legales y constitucionales de los menores. Más allá del déficit asistencial, vinculado a la falta de recursos, existen problemas de índole sistémica muy enraizados y a los que resulta imprescindible hacer frente. A ellos se hacía referencia en el análisis Menores extranjeros en la frontera de los derechos humanos. Existen fallos graves en el procedimiento de determinación de la edad de los menores, sobre todo cuando el mismo se aplica a menores documentados, obviando la presunción de minoría edad que debiera primar en cualquier supuesto de duda; las dificultades de acceso a la jurisdicción son evidentes y se manifiestan desde el momento en que no existe un recurso jurisdiccional directo contra los decretos de determinación de la edad; el derecho a ser oído, y a que la preservación del interés superior del menor sea la ratio decisoria principal, pasa a un segundo plano desde el momento en que los intereses de quien representa al menor (la Administración) suelen contraponerse a los del niño; los retrasos en el acceso a la documentación de los menores generan barreras infranqueables de acceso al mundo laboral, a la solicitud de nacionalidad, a la regularización de su situación una vez alcanzan la mayoría de edad, de modo que las garantías legales no se corresponden con garantías reales en un alto porcentaje de supuestos.

Buena parte de estas cuestiones están pendientes de ser valoradas por el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que ha decretado la adopción de medidas cautelares en una serie de asuntos sin que el Estado español, responsable de la aplicación de la Convención de Derechos del Niño, tratado de obligado cumplimiento desde que integró el ordenamiento nacional (artículo 96 de la Constitución), las haya asumido ni ejecutado. Vendría a ser la guinda del pastel.

¿Tenemos un problema con los menas? Lo tenemos. Y no uno, sino muchos. Pero los medios se están equivocando al identificarlo. Y ello hace un flaco favor a los niños y a las administraciones que no asumen su grado de responsabilidad y que, por tanto, no se colocan en el camino adecuado para resolverlos.

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