Cuáles son las prioridades que deberían guiar el debate en torno a una “nueva” política migratoria en España.

Tras agotarse en España el atractivo del modelo productivo que antes del estallido de la crisis había generado tantísimo empleo para las personas inmigrantes, podemos aseverar, en palabras de Joaquín Arango, que la década prodigiosa de la inmigración ha terminado. Sin embargo, son todavía muchas las incógnitas a la hora de dilucidar cuál va a ser el tipo de gestión y de evolución de los flujos migratorios en los próximos años. Las únicas certezas con las que contamos hoy por hoy son: i) partimos de una situación de déficit demográfico que comportará una alarmante reducción de la población activa en los próximos años; ii) las proyecciones de futuro no permiten prever (ni tampoco sería lo más deseable) que la demanda de ocupación para las personas con bajo nivel educativo se incremente substancialmente en los próximos años.

En esta línea apuntan las conclusiones de la 46ª Edición del Índice Manpower Group.  En su presentación, el economista Josep Oliver advierte que, con la recuperación económica, España necesitará dentro de cuatro o cinco años inmigrantes jóvenes y cualificados, que deberán compensar la caída demográfica. Sin embargo, esta imperiosa necesidad coexistirá con un volumen importante de personas desempleadas de difícil ocupabilidad, debido a la falta de formación (se estima que afecta aproximadamente a más del 55% del total de las personas que actualmente están desempleadas), que constituirán un grupo con elevado riesgo de paro enquistado.

Y, mientras tanto, la realidad de nuestra estructura productiva, una vez más, se impone. Por ello no es de extrañar que la polémica  Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que introduce un marco jurídico más favorable a la atracción hacia España de determinados perfiles de extranjeros no comunitarios (inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados y traslados intraempresariales) en sectores estratégicos, muestre, tras dos años de vigencia,  resultados de lo más discretos en términos cuantitativos y de dudoso impacto en la activación de la economía productiva:  sólo un total de 5.856 autorizaciones concedidas, de las cuales casi el 18% corresponde a inversores (la mayoría, chinos, árabes y rusos que han comprado inmuebles de lujo) y un 27,6% a traslado intraempresarial.

Más allá del hecho de que esta ley se haya orientado políticamente hacia la promoción de determinadas inversiones de capital en España (mediante la concesión de la coloquialmente denominada «Golden Visa») y no tanto hacia una verdadera “atracción de talento” (por otra parte, ya recogida en la transposición de la Directiva de profesionales altamente cualificados o Tarjeta azul), qué duda cabe que el discurso de la migración como elemento de competitividad dista mucho de convertirse en una realidad si no se modifica nuestro modelo productivo.  Los retos que tenemos delante en materia de migración dependen, cada vez menos, de eventuales reformas de los reglamentos de extranjería y mucho, en cambio, de reformas en materia de educación y mercado laboral.

Los datos de la EPA son contundentes a la hora de mostrar que la diferencia entre la tasa de desempleo de la población extranjera no comunitaria y la española sigue siendo alarmante, con diferenciales de casi 15 puntos (se superan los 20 puntos en Comunidades Autónomas como Cataluña). Por consiguiente, se debe actuar para evitar que los patrones de exclusión laboral y social que están afectando a muchos segmentos de la población se conviertan en crónicos. Dentro de estos grupos en riesgo, se encuentran (no sólo, pero también) muchas personas de origen inmigrante, una parte considerable de las cuales acumula déficits formativos y falta de habilidades laborales.

Siguiendo las recomendaciones del Consejo Económico y Social (CES) y de la OCDE, una economía cada vez más especializada, cambiante y basada en el conocimiento, deberá proporcionar otras competencias a las personas que proceden de sectores de escasa cualificación (como la construcción, por ejemplo), sin las cuales van a tener una difícil empleabilidad. De acuerdo con los resultados del estudio Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales (2014),  para avanzar hacia el fomento de más ocupación y de mayor calidad, las políticas deben priorizar la mejora del nivel de preparación de las personas; por cuanto está demostrado que cuando una sociedad cuenta con recursos humanos adecuadamente formados, se incentiva la creación de mejores puestos de trabajo, siguiendo el ejemplo de los países escandinavos.   Desgraciadamente, vemos  que el gasto en políticas activas de formación en España es claramente insuficiente; precisamente en el momento en el que se requeriría una apuesta rotunda y fuerte por este tipo de políticas, con el foco puesto especialmente en los grupos con mayor dificultad de reinserción laboral.

Gasto en políticas activas de formación. 2012

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(euros por persona desempleada)

Fuente: “La Caixa” Research a partir de datos  de la OCDE. Extraída de: Gutiérrez-Domènech (2015:39)

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el principal escollo para la integración laboral de las personas de origen migrante ya no es tanto el estatuto jurídico (una parte importante ya son residentes de larga duración o se han naturalizado). Tanto la dificultad de reubicación laboral al no contar con las cualificaciones necesarias como los procesos de discriminación con base étnica o racial se han convertido en los obstáculos más determinantes. Para el caso concreto de los hijos e hijas de migrantes, por ejemplo, el goce de la plena equiparación de derechos es una realidad consumada. Sin embargo, sólo a través de políticas de ocupación eficaces  (tanto activas como pasivas), se logrará revertir los efectos de procesos de exclusión o de discriminación laboral  a los que muchos de ellos se enfrentan y que, en menor o mayor medida, a menudo incluyen coordenadas de tipo étnico, tales como el origen familiar, la religión, etc. Las consecuencias de dichos procesos van mucho más allá de la generación de desempleo y sin duda favorecen la aparición de “identidades reactivas”. Así lo recoge un estudio financiado por el programa de investigación Recercaixa, titulado “Hijos e hijas de familias inmigrantes en Cataluña: gestión de la interculturalidad para la cohesión social, cuyo diagnóstico culmina con una selección de buenas prácticas a la hora de mejorar la empleabilidad de estos jóvenes, en las que se pone de manifiesto la necesidad de incorporar activamente al mundo empresarial en los procesos formativos y de transición hacia el mundo laboral (mentoría social y profesional, formación dual, etc.).

Otro de los grandes retos, en la medida que cambien las bases de nuestro modelo productivo, será contar con suficientes personas cualificadas en un futuro inmediato. El rol potencial que va a jugar la migración cualificada en el contexto de sociedades envejecidas como las europeas (incluyendo España, a pesar del alarmante desempleo con el que convivimos),  es uno de los temas que centra la atención de instituciones como la Comisión Europea, la OECD y la OIM. En este sentido, y aunque pueda parecer sorprendente, España se sitúa como el tercer país según el ranking internacional elaborado anualmente por la consultora Hays, que mide la dificultad de las empresas para encontrar en el mercado de trabajo candidatos que se ajusten a sus necesidades (España sólo es superada por Estados Unidos y Suecia). Ciertamente, la emigración de titulados superiores que ha sufrido nuestro país durante los años de la crisis ha agravado este tipo de desajustes.

Hacer frente a este reto en un futuro exige apostar por políticas de formación, sin duda;  pero, sobre todo, requiere la movilización de todo el potencial de las personas que ya están aquí, que han desarrollado actividades por debajo de su nivel formativo (sobrecualificación) y que ahora no encuentran oportunidades laborales.  Para ello, es menester avanzar en la línea de lo que ya están haciendo otros países europeos. En primer lugar, apostar por la mejora de los sistemas de acreditación de las cualificaciones. En segundo lugar, potenciar la evaluación de un amplio espectro de cualificaciones y habilidades, a través de la distinción entre aprendizajes formales, informales y no-formales, tanto de los que vengan como de los que ya residen en España. A modo de ejemplo, la reciente  Federal Recognition Act aprobada en Alemania, permite evaluar la experiencia práctica que los extranjeros han adquirido antes de llegar al país, en aquellos casos en los que sus credenciales no son suficientes para el reconocimiento oficial.

Por todo lo anterior, y a modo de conclusión, además de la apuesta firme y urgente por un cambio de modelo productivo, es fundamental impulsar un coordinado engranaje que active: el potencial de las personas de origen migrante que ya están aquí, mediante  agresivas políticas activas de empleo (para la recualificación); el compromiso firme por el reconocimiento de cualificaciones y, finalmente, la búsqueda de mecanismos que faciliten el tránsito hacia las autorizaciones de trabajo por cuenta propia. Este último punto protegería a muchos extranjeros de las situaciones de “irregularidad sobrevenida”; al tiempo que se eliminarían trabas a la generación de actividad económica dentro del mercado formal.

ALGUNAS REFERENCIAS CLAVE

Arango, J.; Moya, D. y Oliver, J. 2014. Inmigración y Emigración: mitos y realidades. Anuario de la inmigración en España. 2013 (edición 2014). Barcelona: CIDOB.

Miguélez, F; López-Roldán, P. (coord.) 2014.  Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales. Bellaterra (Barcelona): Universitat Autònoma de Barcelona

CER-Migracions. (2015, en prensa). “Hijos e hijas de familias inmigrantes en Cataluña: gestión de la interculturalidad para la cohesión social. Guía de recomendaciones”. Barcelona: CER-Migracions, UAB. Col.lecció Focus on International Migration, nº 3.

Gutiérrez-Domènech, M. 2015. “Políticas activas de empleo: ¿son eficaces la formación y los subsidios al empleo para la reinserción profesional del parado”. Informe Mensual “La Caixa” Research  IM09, núm. 393, pp 38-39.

OECD-EC. 2014. Matching economic migration with labour market needs in Europe. París. OECD/European Union.

OIM. 2013. Recognition of qualifications and competences of migrants.Brussels: OIM

Oliver, J. 2015. “Profundización y ampliación del crecimiento del empleo en 2014: características sectoriales, individuales y del puesto de trabajo”, Índice ManpowerGroup, vol. 46.  

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