¿Cuáles deben ser los estándares del debate colectivo en Cataluña?

El debate sobre federalismo y secesionismo ha dado lugar a una literatura de desigual calidad sobre los costes y beneficios para la sociedad de las distintas alternativas. Sin embargo, quienes apresuradamente informan de los distintos trabajos para el gran público se limitan a ofrecer una cifra final de cada estudio, que viene a resumir el impacto supuestamente exacto de un determinado cambio institucional sobre el crecimiento económico o el PIB per cápita.

Pocos trabajos se alejan a mi juicio de la tónica de dejarse influenciar por la demanda de un número mágico que lo resuma todo. Uno de ellos, ejemplar en mi opinión, ya lo comenté en un artículo anterior para Agenda Pública: el libro de Gavin McCrone sobre la independencia de Escocia. Este libro no da una cifra milagrosa, sino que analiza con rigor distintos posibles escenarios para una serie de cuestiones concretas, como el estado del bienestar, la energía, las cuestiones monetarias, etc. Concluye que un escenario de autonomía mejorada, que no máxima, para Escocia, en el supuesto de permanencia del Reino Unido en la UE, sería más favorable para la población escocesa que la independencia.

Un reciente estudio de tres investigadores del Deutsche Bank (Frank Zipfel, Steffan Vetter y Daniel Pietzker), analizando las pulsiones secesionistas en algunos territorios de la Unión Europea, se acerca a estos estándares. Sin ser un trabajo tan detallado y ambicioso como el de McCrone, sí que analiza de forma ponderada los argumentos a favor y en contra de la secesión de distintos territorios de países miembros de la UE, incluyendo el País Vasco y Cataluña, centrándose desde el punto de vista cuantitativo en la cuestión del déficit o superávit fiscal. Este trabajo constata que los territorios con pulsiones secesionistas significativas son invariablemente regiones relativamente ricas dentro de sus estados (ver Tabla 1), cuya posición relativa ha sido persistente en el tiempo. Esta persistencia, junto con la constatación de que existen estados-miembro de la Unión Europea de menor tamaño demográfico y económico que estas regiones, sumado a la existencia de movimientos nacionalistas, explican a juicio de estos autores la pujanza de fuerzas secesionistas.

Tabla 1

Territorio

Población (% respecto al estado)

PIB/cápita (% respecto al estado)

País Vasco

4,7

134,4

Cataluña

16,1

117,2

Sud-Tirol

1,7

132,3

Véneto

8,2

116,2

Flandes

57,5

100

Escocia

8,4

92,9

Nota: Basada en la tabla 4 del estudio del Deutsche Bank (la cifra del PIB/cápita de Escocia no incluye el petróleo del mar del Norte)

En el caso de Cataluña, un factor adicional de agravio es que el déficit fiscal de Cataluña, aunque menor que el de Madrid o Baleares, coexiste con la presencia del régimen foral del País Vasco y Navarra que permite a estas comunidades, también con una elevada renta per cápita relativa, financiar con más recursos por persona sus servicios públicos. La cifra que estos autores dan por buena del déficit fiscal (4,35% del PIB catalán en 2012) surge de calcular el mismo aproximadamente por el principio correcto, el de la carga beneficio, donde el gasto público se aproxima por el beneficio que las personas de un territorio obtienen de  una determinada partida de gasto: por ejemplo, lo que el estado gasta en defensa en Cataluña no es el coste de los dos cuarteles en esta comunidad, sino la parte del gasto militar total español que corresponde al porcentaje de población en Cataluña, dado que el ejército español y las alianzas militares españolas defienden por igual (bien o mal) a todos los ciudadanos sean de la comunidad que sean.

Por supuesto, los autores no se comprometen con una cifra sobre los beneficios o costes netos de la independencia de Cataluña u otros territorios. Acaban reconociendo que la cuestión de las balanzas fiscales en España tiene difícil (sobre todo, si se pretende contentar a todas las partes) pero no imposible solución. Tiene margen de mejora por su opacidad y la asimetría entre régimen común y foral. Y además no es la única cuestión importante. En un escenario de independencia de alguno de los territorios que analizan, los autores argumentan que habría que tener en cuenta también por lo menos la mayor prima de riesgo de la financiación, el volumen de endeudamiento de los nuevos estados y los efectos comerciales negativos debidos al establecimiento de nuevas fronteras y al alejamiento social de los hasta hace poco principales clientes.

Un estudio que a mi juicio se encuentra en las antípodas del rigor y equilibrio de los trabajos de McCrone y del Deutsche Bank, es un reciente estudio del CIDOB. Un equipo formado por un investigador local de este centro de estudios, que se financia sobre todo con dinero público, y un grupo de investigadores internacionales expertos en la cuantificación de modelos de equilibrio general, calcula numéricamente las consecuencias entre 2015 y 2030 de dos posibles escenarios (independencia pactada e independencia unilateral), en comparación con un escenario base. En este último, lo que los autores consideran los elementos definitorios del status-quo actual permanecen sin reformarse. Los modelos de equilibrio general como éste surgen de inyectar a una economía con una estructura dada una serie de supuestos.

El trabajo empieza diciendo que hay cinco escenarios relevantes (Tabla 2), pero sólo analizan cuantitativamente dos de ellos, más la proyección del status quo. Los dos que misteriosamente no merecen ser analizados cuantitativamente son los asociados a una reforma de la Unión Europea. La posibilidad de que España reforme su estructura de financiación, independientemente de si se reforma o no la UE, no es ni tan sólo tenida en cuenta.

Tabla 2: escenarios considerados por el trabajo del CIDOB

Escenario Cataluña/España

UE sin reformar

UE reformada

Status-Quo

Situación fiscal actual hasta 2030

Cataluña consigue un menor déficit fiscal en una unión política y fiscal europea

Independencia negociada

Transición rápida y suave hacia un estado catalán en la UE

Cataluña contribuye a la reforma de la UE como nuevo estado-miembro

Independencia unilateral

Un nuevo estado fuera de la UE

Por supuesto, según el redactado del trabajo, lo único que impide un escenario pactado de independencia es la rigidez del gobierno español, no la falta de consenso en Cataluña (debida a la pluralidad de sentimientos de identidad) o las dificultades legales que la inmensa mayoría de los procesos democráticos del mundo establecen para que una parte se separe. La diferencia entre un escenario pactado y uno no pactado para los autores es que en el escenario no pactado (pero rápido, ejecutado a principios de 2015 parece, y sin conflicto de orden público alguno) una Cataluña independiente tendría menos deuda que en caso de escenario pactado (parece que la deuda actual de la Generalitat se evaporaría), y que los tipos de interés serían más elevados, por lo menos durante un período de transición, debido a la incertidumbre. Tanto en un escenario pactado como en uno de independencia unilateral, el nuevo estado nacería con el 8% del PIB adicional (este es un supuesto del modelo, no un resultado), fruto de agregar al gasto público el déficit fiscal calculado por el principio equivocado, el que implica por ejemplo cuantificar el gasto público militar en Cataluña con lo que cuestan los dos cuarteles en esta comunidad. Este 8% adicional por supuesto obra todo tipo de milagros, ya que con él se puede financiar todo un plan de obras de infraestructura (que incluyen el corredor del mediterráneo, se supone que en la parte que pasa por Cataluña sólo) que tiene todo tipo de efectos multiplicadores sobre otros sectores y sobre la productividad de la economía. Parece que en ninguno de los dos escenarios sería un problema mayor ni crear un nuevo ejército (o esperar a recibir el apoyo de alguna gran potencia militar), ni un nuevo sistema de la seguridad social, ni habría efectos distributivos relevantes (por ejemplo debidos a la competencia fiscal o el fraude fiscal asociado a una administración tributaria “amigable”). Aunque los autores reconocen que por lo menos en el escenario unilateral habría un fuerte aumento del riesgo financiero (aunque sólo hasta 2020) debido a la incertidumbre sobre la moneda y la deuda, no hay ninguna referencia a otros riesgos (seguridad, terrorismo, inmigración masiva), o a cuál sería la moneda de Cataluña ni a cómo conseguirían crédito sus entidades financieras. Las nuevas instituciones catalanas serían supuestamente de alta calidad, y ya en 2020 habrían convencido a los mercados de su capacidad de sostener un presupuesto equilibrado. Junto con la incertidumbre inicial, el único aspecto negativo sería un empeoramiento de la balanza comercial. El resultado final es el número mágico deseado: entre 2015 y 2030 los catalanes seremos un 2% más ricos que si continuamos con el status-quo actual, incluso en el caso de una secesión no pactada que nos deje inicialmente fuera de la Unión Europea (aunque se reconoce que habrá que esperar cinco años para que el resultado en términos de crecimiento del PIB sea positivo). Los españoles tendrán menos suerte y serán más pobres (aunque no tendrían tentaciones de trasladarse a Cataluña, porque no se contemplan efectos demográficos), y el resto de Europa quedará igual.

Por supuesto, es imposible cuantificar algo que no tiene precedentes en la zona euro ni en la UE, que carece de marco legal, donde no hay un sistema institucionalizado mínimamente neutral que permita el debate científico objetivo, y que no tiene un calendario preciso, amén de otras muchas incógnitas (período de transición, división de activos, régimen monetario, seguridad social, pertenencia a la UE, defensa y seguridad…). Quizás por ello, en su parte final el estudio se entretiene a discutir sin cuantificar las consecuencias de una reforma de la Unión Europea en la dirección de una, muy deseable a mi juicio (y al parecer a juicio de los autores también), mayor unión política y fiscal, que supondría cesiones de soberanía significativas de los estados-miembro actuales al nivel federal. Aunque no hay ningún ejercicio cuantitativo en esta última parte del trabajo, sí se llega a la conclusión especulativa de que en este caso (con un presupuesto europeo digno de este nombre y por lo tanto con transferencias de unas regiones a otras de la Unión), Cataluña al tener un nivel de renta por encima de la media europea, sería un contribuyente neto y tendría un déficit fiscal, que no superaría el 3%. No se sabe de dónde sale esta cifra tan redonda, aunque uno sospecha que está pensada para caer justo por debajo de las estimaciones más cautelosas del cálculo del déficit fiscal actual con el resto de España. Cabría pensar que dado que las diferencias de renta entre las regiones más ricas y más pobres de Europa son mayores que las diferencias en España, quizás el déficit fiscal catalán en una Europa más unida sería superior al 3%. De todos modos, si damos por buena esta cifra, y los autores recalcularan con ella el ejercicio de invertir en Cataluña en este caso la diferencia entre déficit fiscal con España y el déficit fiscal con Europa, tendrían que torturar mucho los datos para que la cifra de beneficios netos de la independencia para Cataluña (sea lo que sea eso en el contexto de una Europa realmente federal) entre 2015 y 2030 tuviera signo positivo. Quizás por eso, entre otras razones, los sindicatos y empresarios no parece que se hayan puesto tras la pancarta de la independencia. Quizás por eso el apoyo a la independencia sea tan poco transversal. Quizás por razones parecidas el No en Escocia ganó porque los independentistas perdieron el debate económico. Quizás valdría la pena que con dinero público se investigaran bien las alternativas, o mejor aún, que con unos fundamentos éticos más sólidos, universalistas, investigáramos las consecuencias económicas y sociales de una arquitectura institucional mejor para Europa y para el mundo, incluyendo a catalanes y españoles.

Autoría

2 Comentarios

  1. Adrià
    Adrià 08-02-2015

    Gracias de antemano por contestar.

    Una pregunta sobre el punto final en el que se propone investigar una arquitectura institucional europea: una estructura muy basada en los estados en 1r nivel y en las regiones en 2o, como la actual, podria perjudicar doblemente a Catalunya, por ser contribuidora dentro de España y ser España contribuidora en la UE, en caso que lo fuera?

    • Francesc Trillas
      Francesc Trillas 08-04-2015

      Por supuesto, el déficit fiscal con España y Europa sería el coste para el contribuyente catalán de formar parte de un agregado mayor, los beneficios serían los que se derivan de ello: una moneda fuerte, instituciones de calidad, acceso a un gran mercado, bienes colectivos de alcance internacional, seguridad, crédito financiero, etc. Sin formar parte de un gran agregado democrático, todos estos beneficios no están ni mucho menos garantizados en el mundo de hoy.

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.