Contradicciones de los “comunes”

Uno de los principales problemas de los comunes es el de su ambigüedad y confusión a propósito del modelo de organización territorial del Estado dada la alta divergencia interna de posiciones en este asunto. En realidad, esta formación política no debería presumir de su gran pluralidad interna en cuestiones tan cruciales como ésta puesto que es un factor muy desorientador para el electorado. Se ha llegado a un punto en el que no es posible seguir amalgamando a federalistas, confederalistas e independentistas: ¿qué diríamos de un partido en el que coexistieran neoliberales, socialdemócratas y favorables a la estatalización integral de la economía como la del viejo “socialismo real”? Salta a la vista que tal partido sería absurdo: pues bien, es sorprendente que no se tenga la misma percepción a propósito de la cuestión territorial. Mantener la indefinición permanente para contentar a todas las alas del partido da una imagen muy poco confiable puesto que parece darle igual cualquiera de las tres propuestas que no son intercambiables.

Los comunes serían mucho más respetables si optaran claramente por una sola de estas fórmulas y lo que perderían en eventuales apoyos heterogéneos lo ganarían en coherencia. En los comunes se da un singular gap entre la mayoría de sus dirigentes (casi todos soberanistas) y electores que, en general, no lo son aunque sigan votando a esta formación. Otra de las razones por las que los comunes no adoptan una clara posición es por cierto complejo ante los independentistas de no defender suficientemente los intereses de Cataluña (como si estos sólo fueran los que ellos indican): este partido no suele resistir las presiones del secesionismo, de ahí que casi siempre vaya a remolque de sus iniciativas. Con el reductivo argumento de que no participar en el 1 de octubre es alinearse automáticamente con Rajoy, está claro que los comunes se suman a la estrategia de los independentistas, por lo demás en una posición totalmente subordinada y seguidista.

Los comunes han señalado que la consulta del 1 de octubre no es “el referéndum que Cataluña se merece” dadas las más que evidentes carencias y defectos en forma y fondo de la misma. Parecería que habrían adoptado la fórmula que, en su día, defendió el socialista Pere Navarro (un referéndum “legal y pactado”) -entonces muy criticado por casi todos-, pero, al final, optaron por definirlo a secas como “efectivo”. Se trata de un eufemismo porque es evidente que un referéndum de autodeterminación (porque de eso se trata y no del gaseoso “derecho a decidir”) sólo puede ser “efectivo” si es “legal y pactado”, pero si se rehúyen estos términos es para que no parezca que se asume tal cual la legalidad española.

Resulta difícil de justificar participar en una consulta ilegal y no pactada (unilateral), siendo absolutamente endeble el argumento de apoyarla como “movilización”. Menos justificable es el argumento de algunos dirigentes de los comunes favorables a un “sí crítico”, una fórmula irrelevante a efectos prácticos puesto que no existe tal opción específica en la papeleta de voto, lo que significa en los hechos alinearse con el secesionismo unilateral. Al final, al margen de las irresistibles presiones del independentismo sobre el “eslabón débil” que son los comunes, la clave de porqué muchos están dispuestos a participar es simplemente para manifestar su protesta contra un gobierno tan reaccionario como el de Rajoy, un argumento excesivamente coyuntural y táctico muy endeble e inapropiado para justificar adherirse a la estrategia rupturista y unilateral del independentismo.

Es perfectamente defendible el principio de la autodeterminación en democracia (siempre que se actúe de modo legal), pero nunca ha quedado claro para qué objetivo lo quieren plasmar los comunes. No es posible aferrarse al principio de que hay que hacer un referéndum de ese tipo sin especificar la propia opción: no pronunciarse implica sacralizar y absolutizar un medio sin saber para qué fin. Se entiende perfectamente la posición autodeterminista de los independentistas, pero mucho menos la de los comunes, sobre todo para los que no son secesionistas dentro de este partido. Más en particular, si se tratara de pronunciarse en contra de la independencia  es que, en rigor, ni siquiera haría falta desencadenar un proceso tan costoso y traumático. Por tanto, el fundamentalismo de los comunes no independentistas a propósito de que más adelante tendrá que celebrarse un verdadero referéndum de autodeterminación sólo parece justificarse por dos factores: 1) prurito híperdemocrático y 2) derrotar a Rajoy (recurriendo a un mecanismo impropio para ello).

Cabe añadir alguna consideración tangencial sobre la autodeterminación en democracias consolidadas: los ordenamientos de Francia, Alemania, Italia o los Estados Unidos, entre otros, la rechazan, pero es cierto que Canadá y el Reino Unido prueban que las excepciones existen. El mejor argumento que los autodeterministas pueden esgrimir frente a los que consideran que un referéndum sólo en Cataluña hurtaría al resto de los españoles pronunciarse  obvía las dos excepciones mencionadas (Quebec y Escocia), aún siendo realidades bien diferentes .

En el campo independentista parece claro que la formación más coherente con sus postulados es la CUP, algo menos ERC porque con la estrategia rupturista unilateral  las expectativas presidenciales de Junqueras corren un serio peligro (por su más que previsible inhabilitación) y la más incoherente es la del PDECat  porque corre  el riesgo de ir a la marginalidad. Un misterio nunca aclarado ha sido el brusco cambio de los independentistas al poco de las elecciones “plebiscitarias” de 2015: entonces se señaló que si no se alcanzaba la mayoría absoluta de votos  populares el proceso se ralentizaría para seguir acumulando fuerzas. Pues bien, más adelante y de modo casi repentino argumentaron que habían recibido un “mandato popular democrático” para acelerar el proceso, sin querer distinguir entre la mayoría manufacturada en escaños (la sobrerrepresentación de las circunscripciones menores se hizo para favorecer la gobernabilidad) y la mayoría de votos. Por tanto, los independentistas cambiaron de criterio, algo no anunciado en la campaña electoral, de ahí que no sólo han roto la legalidad, sino que debe quedar claro que asimismo carecen de legitimidad suficiente por no representar a la mayoría absoluta de los electores  (aceptando que ese quórum pudiera ser suficiente, que no es el caso tal como la UE dejó claro, por ejemplo, en los casos de Bosnia -66%- o Montenegro- 55%). Los independentistas, además, se podían haber cargado más de razones si desde el Parlament hubieran impulsado una reforma constitucional (algo perfectamente posible), aunque la mayoría de las Cortes la hubiera rechazado ya que la clave es demostrar ante la comunidad internacional que se habrían ensayado todas las fórmulas legales existentes.

El mayor riesgo de todo lo que está ocurriendo (además del clima intolerante que no cesa de avanzar) es que no seguir los procedimientos legales tiene un alto coste y, peor, recortar los derechos de la oposición y las garantías cívicas conduce a un régimen iliberal. Por estas razones, los comunes deberían replantearse a fondo su eventual participación el 1 de octubre porque no sirve ni en fondo ni en forma al objetivo perseguido. Las prisas, la arbitrariedad, el unilateralismo y el hecho de que los contrarios a la secesión no hayan hecho la menor campaña deberían hacerles reflexionar.

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1 Comentario

  1. Mariona
    Mariona 09-16-2017

    2 comentarios.

    1) El autor sugiere que no vale la pena apoyar un referéndum si al final vas a votar NO. Es decir, no vale la pena defender el derecho de autodeterminación, y más si el PP-PSOE-C’s no dan permiso, porque además de ser costoso (como si todos los derechos hubiesen caído del cielo) no ganas nada. Me parece una forma tramposa e instrumental de defender derechos. Se trata de una defensa abstracta del derecho de autodeterminación: a favor siempre y cuando no sea en la práctica. Si necesitas el permiso del Estado en el cual eres y siempre serás minoría entonces no tiene nada de autodeterminación.

    2) El 27S hubiese sido un plebiscito si Unió e CSQEP se hubiesen posicionado con el SÍ o el NO. Los comunes de CSQEP (donde está ICV, endeudada hasta las cejas con los bancos) durante la campaña prometieron un “proceso constituyente no subordinado”, es decir, unilateral. Y algunos de sus miembros hablaban abiertamente de República Catalana. E incluso los sectores independentistas de los partidos que aglutinaban esa marca (CSQEP) lanzaron manifiestos a favor de la independencia. E incluso su cabeza de lista (Rabell) animaba a los independentistas a votarle en Twitter y él mismo meses antes de ser cabeza de lista había firmado libros a favor de la República Catalana. Es decir, un caos o, mejor dicho, una estafa. Al final sacaron menos votos que ICV en las elecciones anteriores y ahora con el nuevo partido de Colau se creen que pueden ganar las elecciones en CAT cuando las últimas encuestas les dan 12 diputados. Somos víctimas de sus sueños de grandeza. Más tarde votaron junto al PP en contra del proceso constituyente incumpliendo su programa. Estamos donde estamos, independentistas y unionistas, en parte por culpa de los comunes y su tacticismo y electoralismo constante, en definitiva su procesismo. Y para acabar con ese procesismo solo existe la fórmula del referéndum donde nadie hace de intermediario con tu voto ni lo secuestra: ni Mas ni Coscubiela. Colau no hubiese ganado la alcaldía sin el voto independentista. Y tampoco Domènech las 2 generales en CAT. Si CSQEP hubiese apostado por el NO seguramente el independentismo hubiese superado el 50% de votos. Tampoco es cierto lo que dice el articulista que las élites comunes no responden a los intereses de su partido. Una encuesta reciente decía que había más votos del SÍ que del NO en el nuevo partido de los comunes de cara al referéndum. Y que la gran mayoría irían a votar. Y sin embargo el 40% del partido votó ayer en no participar en el referéndum. Los líderes comunes no están representando a sus votantes.

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