Consultas populares latinoamericanas: la ruta 2018

Buenas y malas noticias. Ya no hay golpes de estado en América Latina, pero muchos presidentes no consiguen terminar sus mandatos. Las causas de la nueva inestabilidad política: conflictos entre élites, protestas callejeras o una combinación de ambas. Tres ejemplos: el caso más reciente de juicio político, contra Pedro Pablo Kuczynski en Perú, en marzo de este año; la plaza de Mayo llena de manifestantes en Argentina (2001), que llevó a Fernando de la Rúa a huir de la Casa Rosada en helicóptero. Las intensas protestas populares en Ecuador (1997), tras las que Abdalá Bucaram fue declarado incapaz mental por el Congreso.

Si dejamos fuera de esta discusión los casos de Venezuela y Nicaragua, y a pesar de las presidencias interrumpidas, el vaso puede verse medio lleno: el poder moderador que antes ejercían los militares decantando la balanza hacia un lado u otro en las disputas políticas lo ha recuperado, en parte, la ciudadanía; en parte porque, aunque los golpes ya no son frecuentes, más de un juicio político ha dejado al electorado como impotente observador.

En la otra cara de la moneda, ese poder, el de la voluntad ciudadana, coloca a los referendos en un lugar destacado. En la región, las consultas populares plantean un frágil equilibrio que oscila entre el empoderamiento de la ciudadanía y la búsqueda de reafirmación del poder de los líderes; que actúan, en general, con  mucha mayor sutileza que Erdogan en Turquía.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Este año –de momento– son tres las consultas populares que están sobre la mesa, a las que cabe sumar la promesa del recientemente electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de introducir la revocatoria del mandato presidencial. Los tres casos invitan a evitar simplificaciones apresuradas. Cronológicamente, los referendos de 2018 comenzaron en Ecuador (febrero), siguieron en Colombia (agosto) y podrían culminar en Perú, donde el Congreso discute la propuesta de consulta popular enviada por el nuevo presidente Martín Vizcarra.

Ecuador

Lenín Moreno (Alianza País) sucedió al ex presidente Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana. Moreno fue elegido el 2 de abril de 2017, en segunda vuelta y con una ajustada mayoría (51% de los votos). Asumió el cargo en mayo. En junio su vicepresidente, Jorge Glas, fue detenido; otro afectado por la tormenta Oderbrecht. Desde el aeropuerto, antes de salir del país, Correa dejó claro qué opinaba de la decisión del que fuera su delfín: “Que no me digan que es cambio de estilo las claudicaciones, el entreguismo”. Como antes Álvaro Uribe en Colombia, Correa había querido ser Putin. Pero no abundan los Medvedev en América Latina.

Desde el primer día en el sillón presidencial, como había hecho Juan Manuel Santos en Colombia, Moreno comenzó a tomar decisiones solo. A la gran polarización que se había generado en la década previa se sumó la división del partido, que dejó a Moreno en una situación de extrema debilidad. Apostó entonces por abrir el diálogo. De una serie de conversaciones bilaterales y sectoriales en las que el presidente se volvó casi por completo durante sus primeros meses de gobierno, surgió la idea de convocar una consulta popular, algo muy acorde con la tradición ecuatoriana iniciada con la transición, en 1979.

El 18 de septiembre, en el programa semanal El Gobierno informa, Moreno anunció sus planes e invitó a la ciudadanía a enviar propuestas dirigidas a su despacho (por cierto, lo hizo después de la esperpéntica denuncia sobre las cámaras que el ex presidente habría dejado en la oficina presidencial para espiarlo). En un proceso que no fue ni transparente ni inclusivo –sin tiempo suficiente ni reglas conocidas para procesar las propuestas–, dio una semana para participar.

El 2 de octubre, Moreno envió a la Corte Constitucional siete preguntas. La ley establece este control de constitucionalidad, pero permite seguir adelante si la Corte no se pronuncia en 20 días (dictamen ficto, según la jerga judicial). Esto fue lo que ocurrió, y las preguntas pasaron a consulta a pesar de que la constitucionalidad de algunas era cuestionable. Versaban sobre inhabilitación de acusados de corrupción para participar en la vida pública, la derogación de la reelección indefinida, la reforma radical del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o, entre otros, la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual a menores (un tema candente tras una serie de denuncias de abusos a niños y niñas en escuelas públicas y privadas).

Si un observador electoral llegara desde Marte, seguro que habría esperado apoyos diversos según cada pregunta. Sin embargo, tanto el Gobierno como Correa llamaron al voto en plancha –vota a todo sí o no–, porque la consulta se planteó e interpretó en esa clave (anticorreístas vs correístas). Problemas, sí, muchos: la campaña fue desequilibrada –hubo un efecto boomerang de regulaciones que el mismo Correa había puesto en marcha que permiten, por ejemplo, que los medios de comunicación ejerzan censura previa–; se apeló a las emociones más que a los argumentos; y algunas preguntas, en particular la del Consejo de Participación, generaron dudas por el poder que otorgaba al presidente para intervenir sobre una institución clave en el nombramiento de cargos a instituciones públicas centrales, entre otros. Sin embargo, en esa arena electoral se dieron pasos para reducir la polarización, el Gobierno tomó aire (el triunfo fue claro) y la institucionalidad se mantuvo.

Colombia

El escenario fue muy diferente. En primer lugar, la #consultaanticorrupción se activó por recolección de firmas. Fue liderada por la ex senadora y ex candidata a la Vicepresidencia Claudia López, del Partido Verde. Con la participación de centenares de voluntarios, consiguieron los tres millones de firmas necesarios, mientras la presión social estimuló el indispensable aval del Senado para que pasara a votación.

Se plantearon siete preguntas, todas asociadas a la lucha contra la corrupción. El gran dilema residía en el umbral de participación, que debía superar un tercio del censo electoral, es decir, más de 12 millones de votantes. La participación promedio en una elección convencional en Colombia está en el 40%. No lo consiguió. Con un apoyo superior al 99% (sí, 99%) en todas las preguntas, se quedó a 500.000 votos del umbral (31,9%, frente al 33,3% requerido) y fue declarada inválida.

La iniciativa popular puede ser poderosa, porque de aprobarse establece un mandato jurídico. Sin embargo, la limita el requisito de aprobación del Senado. Temas sensibles con amplio respaldo popular pueden verse frenados o modificados sustancialmente por el Poder Legislativo. La #consultaanticorrupción superó el primer escollo, pero no pasó el segundo. El alto umbral de validación invita a los opositores a no hacer nada para desmovilizar al electorado. Esto reduce la capacidad de incidencia de la ciudadanía en un país con abstención crónica.

Perú

El presidente Martín Vizcarra era una figura poco conocida dentro y fuera del país. Asumió el cargo en marzo de 2018, tras la renuncia de Kuczynski (antes de la casi segura destitución en una segunda moción de censura activada por la oposición fujimorista).

El 28 de julio, en su discurso de conmemoración del día de la independencia, un gris Vizcarra anunció una consulta popular. El proyecto que lo hizo brillar (está por ver si es estrella fugaz o hará un poco de historia) fue presentado a la Asamblea, que tiene competencias para aprobarlo, rechazarlo y/o modificarlo. Se sintetiza en cuatro asuntos: la bicameralidad (desde la reforma de Alberto Fujimori, el país tiene un Legislativo unicameral), la financiación privada de partidos políticos, la reforma judicial y los límites a la reelección de congresistas.

La oposición fujimorista intentó dar largas al asunto, lo que ha terminado haciendo imposible que coincidiera con las elecciones de octubre, como se esperaba. La consulta será, finalmente, el 9 de diciembre, como anunció el presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas. Mientras se debate en el Senado, la encuestadora IPSOS ha determinado que el apoyo al Congreso está en mínimos, entre el 12% y el 15%; el apoyo a Keiko Fujimori, hija del dictador y líder del partido que reivindica su legado, ha bajado al 20%; y la del presidente ha subido más de 10 puntos respecto a la que tenía en julio (45%). De momento, la estrategia de Vizcarra parece funcionar.

Que los militares hayan vuelto a sus barracones es una buena noticia, pero la inestabilidad institucional plantea nuevos retos. Las consultas populares pueden contribuir a resolver conflictos democráticamente. Sin embargo, se mueven entre la manipulación política y el empoderamiento ciudadano. Una mejor regulación de mecanismos, campañas y procesos puede contribuir a afianzarlos y generar condiciones para su adecuado desarrollo. El reto es doble, porque la agenda de reforma depende de los mismos actores cuyo poder puede verse potencialmente disminuido por la voz de la ciudadanía, y muchos aseguran que Turkeys don’t vote for Christmas (los pavos no votan por navidad).

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.