¿Cómo puede afectar el pacto “anti-Brexit” al movimiento de trabajadores comunitarios dentro de la Unión?

Como es sabido, tras intensas negociaciones los pasados jueves y viernes (19 y 20 de febrero) el Consejo Europeo acordó con el gobierno de Reino Unido una oferta para facilitar la permanencia de Reino Unido en la Unión. Ese acuerdo previo era reclamado por el primer ministro británico David Cameron para presentarse ante sus conciudadanos y hacer campaña en el referéndum convocado por él mismo, a favor de la continuidad de su país en la Unión Europea. Con esta arriesgada jugada el premier británico cumple el compromiso adquirido con un electorado crecientemente euroescéptico que amenazaba con irse al UKIP, pero que convencido por su oferta le sirvió una victoria indiscutible. Si ahora el referéndum le resultara favorable podría anotarse el tanto de ser el líder político que, navegando en las aguas del euroscepticismo, ha pilotado la nave británica hasta puerto seguro y la ha dejado a resguardo durante un buen tiempo. No obstante, no hay juego sin riesgo. Si su táctica o sus cálculos resultan erróneos,  la salida británica o “Brexit” será casi inevitable.

En el continente, el órdago británico fue recibido con una mezcla de preocupación, por la complejidad del momento presente (crisis económica, crisis de refugiados, etc..), pero también con cierto alivio. Porque, quizá intuyendo lo delicado de las posiciones respectivas, Cameron evitó poner a la Unión (y a sí mismo) contra las cuerdas, y desde noviembre planteó unas demandas relativamente asumibles en cuatro ámbitos: gobernanza económica, soberanía, competitividad y restricciones a las prestaciones sociales en el ejercicio de la libertad de circulación comunitaria. Aquí nos centraremos exclusivamente en esta última cuestión.

Pues bien, el Acuerdo reitera algunas nociones sobre los límites a la libre circulación que ya estaban recogidos en las directivas y en la jurisprudencia reciente del propio Tribunal de Justicia (véase el caso TJUE Dano v. Alemania sobre el denominado “turismo asistencial”) e introduce algunas propuestas de modificación muy específicas. Nos centraremos aquí solo en las dos grandes novedades del Acuerdo: primero, la posibilidad de ajustar las cuantías de las prestaciones sociales reconocidas a los hijos de ciudadanos comunitarios que se trasladen a otro Estado miembro en función de las “condiciones” (la Comisión entiende por ello tanto los estándares de vida como los niveles de prestaciones sociales para menores en el país de re-emigración); segundo, la posibilidad de instaurar un mecanismo de salvaguarda para aquellos Estados que deban soportar flujos de trabajadores comunitarios “de excepcional magnitud”, y en una escala que afectara a aspectos esenciales de su sistema de seguridad social, sus servicios públicos o pusiera en dificultades su propio mercado laboral. En tal caso y tras un procedimiento de comunicación, justificación y estudio por la Comisión, el Consejo podrá otorgar durante un plazo de siete años la posibilidad de suspender la percepción de prestaciones no contributivas a esos nuevos trabajadores durante los cuatro primeros años de trabajo en ese país.  Lógicamente, este mecanismo es el que más preocupación genera, pues introduce distinciones entre trabajadores en activo de manera similar a lo que ocurre durante los períodos transitorios post-adhesión de nuevos Estados miembros, pero en el terreno de las prestaciones no contributivas y no el terreno del acceso al mercado de trabajo, algo que requerirá una modificación del Reglamento 492/2011 y que podría plantear problemas desde el punto de vista de la no discriminación entre trabajadores comunitarios por razón de su nacionalidad y que en última instancia podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión por vulneración de los Tratados constitutivos. Por todo ello, es más que dudoso que Reino Unido, ahora mismo, reuniera las condiciones exigidas para poner en marcha este mecanismo, al menos más razones que, por decir algo, España, pues ambos países tienen en su territorio un porcentaje similar de extranjeros (10-12%), en ambos aproximadamente la mitad son ciudadanos comunitarios, pero Reino Unido tiene una tasa de desempleo de…. 5,4%!!!.

Es más, no olvidemos que estas novedades solo se tendrán que desplegar si el Reino Unido permanece en la UE tras el referéndum, algo que a estas alturas dista de estar claro (véanse los sondeos en The Telegraphpero si se fuera el Acuerdo decaería. Incluso en caso de continuar en la Unión, esas medidas requerirán una serie de reformas legales dirigidas a clarificar muchas de las vaguedades del actual Acuerdo, tales reformas deberán negociarse por el Consejo de Ministros (con algunos gobiernos distintos a los que han aprobado el Acuerdo), aprobarse por mayoría cualificada y sin vetos, y contar con el voto favorable del Parlamento Europeo (que no ha avalado el acuerdo y que puede desear tener una participación más amplia en el mismo), y eventualmente superar el filtro del Tribunal. Y aún entonces sólo serían de aplicación pro futuro y nunca a los ciudadanos comunitarios ya presentes en el mercado laboral de los Estados miembros (por ejemplo, 130.000 españoles en Reino Unido o 282.000 británicos en nuestro país según los datos del Office for National Statistics y del Instituto Nacional de Estadística), aunque en este punto habrá que estar al detalle de la legislación de desarrollo.

Por acabar, según el Consejo Europeo el acuerdo alcanzado resulta perfectamente compatible con los Tratados vigentes, pero ¿no resulta un tanto extraño que todos salgan ganando sin sacrificar nada esencial? En realidad sí, se erosionan algunos valores de la Unión: así, por un lado, se instaura la idea de que son posibles retrocesos en la Unión y que la amenaza de salida puede ser una carta para obtener tratos preferentes. Por otro lado, que el Acuerdo se cocine en el Consejo Europeo y que el resto de instituciones europeas aunque estuvieran allí representadas y asintieran a lo decidido, plantea importantes dudas sobre la forma en que se adoptan este tipo de negociaciones y sobre el papel de instituciones como el Parlamento en este tipo de negociaciones. Por último, y como hemos señalado, aún está por ver cómo se desplegarían tales medidas y si el Tribunal de Justicia las avalaría.

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