¿Cómo ha sido esta amnistía fiscal?

La Administración tributaria tiene el deber de exigir a todos los contribuyentes el pago de todos los tributos correspondientes (artículo 18 de la vigente Ley General Tributaria, en adelante, LGT) A pesar de ello, el Estado, en situaciones que considera excepcionales, renuncia a ejercer su potestad tributaria y aprueba lo que se ha venido a llamar “amnistía fiscal”. Ésta consiste, básicamente, en perdonar, total o parcialmente, todos o algunos de los tributos que pudieran resultar exigibles a la titularidad o consumo de determinadas rentas, patrimonios y al tráfico mercantil o civil de los mismos, que permanecen ocultos a la Hacienda pública, a cambio de que las mismas afloren. Junto a estos procesos extraordinarios, la normativa tributaria ya contiene otras medidas que pretenden incentivar el cumplimiento espontáneo y voluntario de las obligaciones tributarias, a cambio de una reducción sustancial de las cantidades a pagar (son los recargos del artículo 27 de la LGT, que suplen a intereses de demora, recargos y sanciones tributarias, cumpliendo determinados requisitos).

La finalidad inmediata de estos procesos especiales es la de obtener una recaudación extraordinaria; a medio plazo, se persigue también ampliar la base de declarantes, ya que estos procesos obligan a los que se acojan a los mismos a facilitar información sobre bienes y rentas.

¿Qué “ofrece” el Estado a cambio de esta regularización especial de rentas, patrimonios, etc? Lo habitual es que renuncie a aplicar las normas previstas en estos casos, especialmente, a sancionar el incumplimiento del contribuyente que se acoge al proceso excepcional; además, se suele rebajar considerablemente el importe a pagar por esta “puesta al día”.

Es evidente que estos procesos suponen también un agravio comparativo para todos aquellos que cumplimos en tiempo y forma, por lo que se hace necesario un esfuerzo por parte del Gobierno que plantea la medida, para hacer ver a los afectados que el proceso es extraordinario y único, y que, una vez finalizado el plazo que se haya establecido, las actuaciones de la administración para luchar contra el fraude fiscal arreciarán.

Estos requisitos generales se han producido, con matices, en los tres procesos de amnistía fiscal que se han aprobado en nuestro país desde 1978 (en 1986, 1991 y, la última, en 2012).

En concreto, estos fueron los puntos más importantes de la última regularización extraordinaria, que se ha conocido en el ámbito tributario como “declaración tributaria especial” (en adelante, DTE):

  • Pudieron presentarla todos los contribuyentes por IRPF, IS e IRNR, titulares de bienes o derechos antes del 31 de diciembre de 2010, que no se correspondían con las rentas declaradas en dichos impuestos. Si se trataba de dinero en metálico, era suficiente con presentar la DTE, previo depósito en una entidad bancaria y sin necesidad de demostrar su tenencia anterior a diciembre de 2010.
  • El plazo para presentar esta DTE terminó el 20 de noviembre de 2012, sin que fuese posible, obviamente, presentar declaraciones complementarias de la misma pasado este plazo.
  • Junto a la declaración de estos bienes y derechos, se debía ingresar el 10 por 100 del valor de adquisición de los mismos. Este pago no se pudo ni aplazar ni fraccionar.
  • El efecto principal de la presentación de esta DTE y del ingreso de la cuota correspondiente fue que el importe declarado tiene la consideración de renta declarada en IRPF, IS e IRNR. Esto implica que no se puede comprobar por la Administración de forma aislada lo contenido en esta DTE, sino en el seno de un procedimiento de comprobación de unos tributos determinados, en períodos determinados.
  • La DTE supuso también la exoneración del posible delito fiscal.
  • No se pudo utilizar esta DTE para regularizar impuesto y periodos en los que ya se hubiera notificado el inicio de un procedimiento de comprobació

A pesar de lo dispuesto en la norma legal y en la Orden ministerial de desarrollo, fueron necesarias sendas notas de la Secretaría General del Tesoro (de 11 y el 24 de mayo respectivamente), un remiendo legislativo operado por el RDL 19/2012, de 25 de mayo, por el cual se añadían determinados párrafos a la norma reguladora. Finalmente, la propia Dirección General de Tributos (en adelante, DGT) publicó un informe de fecha 27 de junio aclarando los claroscuros normativos.

Además de algunas precisiones importantes respecto a los efectos de la prescripción sobre las rentas afloradas, la más llamativa, a mi juicio, se produce en relación al importe a declarar. Éste debía ser con carácter general el valor de adquisición de los bienes y derechos regularizados, como ya hemos señalado, pero pudo el contribuyente minorar dicho importe en el coste de la financiación ajena que hubiera obtenido para su adquisición (intereses de préstamos), siempre y cuando pudiera probar la relación directa de vinculación entre el bien declarado y esa financiación.

La conjunción de estos nuevos criterios, modificados por normas de menos rango e, incluso, por informes interpretativos (de cuya vinculación a todos los operadores del sistema tributario dudamos y dudan los propios operadores), ha provocado que la cantidad efectiva a pagar por los que se acogieron al procedimiento especial sea sensiblemente inferior a la que hubiera correspondido en un principio.

Según los datos facilitados por la Agencia tributaria, este proceso de amnistía fiscal no tuvo los resultados económicos perseguidos, esto es, ni se sometieron a la misma tantos contribuyentes como esperaban ni se recaudó tanto como se preveía.

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