¿Cómo contar los votos para la independencia?

Puesto que la coalición vencedora de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, Junts pel Sí  (JxS), ha manifestado un gran interés en asegurar que una Cataluña independiente prácticamente de modo  casi automático formará parte de la Unión Europea (UE), sería lógico- siguiendo este argumento- que prestase atención a sus requerimientos en caso de secesiones territoriales de dos países europeos ex-yugoslavos.

De entrada, debe señalarse que la UE es muy reacia a tener que reconocer procesos autodeterministas internos  por varias razones: porque es un club de Estados (y estos se protegen entre sí), porque no quiere alentar precedentes fáciles que podrían favorecer muchas secesiones ( si ya una EU de 28 es muy difícil de gestionar, la multiplicación de Estados podría hoy paralizarla) y porque la reforma de los Tratados es muy complicada y farragosa ( textos que garantizan la integridad territorial y que deben mencionar expresamente a todos y cada uno de los Estados contratantes), entre otras cosas por la ineludible exigencia de la unanimidad.

La UE sí ha dado su opinión en el caso de dos países ex-yugoslavos y esto es lo que hace muy pertinente recordar sus criterios. Como Comunidad Europea, en el caso de Bosnia-Herzegovina exigió el 50% más uno de participación y nada menos que el 66% de votos afirmativos para avalar la independencia. En el referéndum de 1992, con una participación del 63.4% (o 57.0% según otras fuentes) el resultado fue del 92.6% a favor de la independencia, con lo que el resultado cumplió los dos requisitos. Desgraciadamente la minoría serbo-bosnia, que boicoteó el referéndum, no reconoció estos resultados  y, al romper con el gobierno legítimo, se inició una espantosa guerra civil. Muy diferente fue el caso de Montenegro en el que la UE exigió una participación mínima del 50%  más uno y un 55% de votos afirmativos para reconocer la independencia. Con una excelente participación (86.3%), el sí ganó muy apuradamente con el 55.4% en 2006.

Por tanto, según estos precedentes europeos, no bastaría el 50% más uno de los votantes (el propio Mas reconoció en 2007 que una opción tan drástica y de hecho irreversible como la independencia debería requerir el 66% de apoyo popular). En cualquier caso, parece evidente que una decisión de este calibre debe ser avalada por una mayoría clara y, por supuesto, también con una pregunta clara (en la senda de la magnífica Ley de Claridad canadiense o, por lo que hace a la pregunta, de la experiencia escocesa en 2014).

Lo que es del todo seguro es que la UE en ningún caso avalará una declaración unilateral de independencia que rompa el régimen constitucional y la legalidad de un Estado democrático como España, miembro de pleno derecho de aquella. Como el Estado español  no es una dictadura, tiene un régimen democrático, reconoce derechos y libertades y autogobierno territorial y, obviamente, no considera a Cataluña como una colonia, no caben en absoluto declaraciones unilaterales para cualquier autoridad comunitaria ( e incluso más allá de la UE a nivel internacional tampoco). En consecuencia, la única fórmula posible ha de ser una negociada y pactada. En el proceso catalán tal vez hubiera sido mejor no haber llegado hasta donde hoy estamos, pero el caso es que esta situación se debe sobre todo a la cerrazón de un PP ultranacionalista español, neocentralista y reaccionario que no hace más que alimentar la espiral de la confrontación sin ofrecer la menor alternativa, a la vez que contribuye a la confrontación irresoluble la inflexibilidad del independentismo, en ocasiones de  tonos incluso fundamentalistas. Esto significa que, al final, la eventual organización de un auténtico referéndum de autodeterminación – aunque hoy parezca imposible- es  ya  casi el único horizonte sensato de salida. Las elecciones  generales del 20 de diciembre podrían ser el  inicio de un escenario diferente  pues aunque no garantiza en absoluto el desenlace preconizado, flexibiliza más la actual situación inmovilista y de enroque del PP atrincherado en su mayoría absoluta de la que no ha parado de abusar hasta el final.

Dicho esto, ¿cómo contar los votos para la independencia? En las elecciones del 27 de septiembre se ha suscitado a posteriori cierto debate de si en escaños o en votos. En realidad, unas elecciones de pluripartidismo competitivo con desequilibrios en el reparto de escaños entre las cuatro circunscripciones (las tres menos pobladas están claramente sobrerrepresentadas) no sirven para determinar mayorías en este sentido por el perjuicio que sufre la circunscripción de Barcelona que hace que no funcione el principio de la igualdad de valor de cada voto. Por tanto, las elecciones no son un buen mecanismo para aclarar cuántos independentistas/ no independentistas hay en Cataluña. Esto es así porque una pequeña parte de JxS no necesariamente es independentista (ha votado a esta opción tácticamente, para conseguir una fuerte masa crítica de presión sobre el Gobierno de Rajoy) y otra minoritaria de Catalunya sí que es pot (CSQEP) sí es independentista. Esto significa que se ha producido un relativo transversalismo minoritario, de ahí que algunas de las interpretaciones que se han dado de los resultados sean muy discutibles. Una de ellas sostiene que, en bloque, los independentistas suponen el 47.8% y los no independentistas el 52.2%, pero otra afirma que los porcentajes deberían desagregar a los “agnósticos” (sic), es decir, a los favorables a la autodeterminación que no aclaran el sentido de su voto (CSQEP y UDC, aunque este último partido sí lo ha hecho: votaría no), con lo que el resultado sería: independentistas (JxS y CUP) 47.8%, “unionistas” ( C’s, PSC y PP) 40.8% y “agnósticos” 11.4%. En realidad, las dos presentaciones son parciales  ya que no se sabe cuántos de CSQEP son independentistas (a tenor de las encuestas no llegarían a 1/3) y, desde luego, no procede etiquetar de “ambiguo” a UDC ya que su antiindependentismo es lo que provocó la ruptura de CiU.

En conclusión, es evidente que hoy por hoy parece absolutamente imposible convocar un referéndum de autodeterminación legal y pactado por el rechazo frontal del PP y la claudicación del PSOE al respecto, tanto por razones internas (su vieja “alma  jacobina”, más la herencia neonacionalista española del “felipismo”, dos factores que pesan mucho), como externa (el pánico de los socialistas a ser acusados de “desleales” y “antipatriotas” por la caverna).Tampoco ayuda en absoluto la intransigencia del independentismo que no ofrece la menor alternativa ( independencia o nada), lo que retroalimenta la recíproca intransigencia de ambas partes. Añádase que brillan por su ausencia en España estadistas de la talla de Cameron y Salmond. No obstante, quisiera concluir con una  vieja y mordaz  afirmación del Conde de Romanones pues no carece de cierta virtualidad: “jamás, en política, quiere decir tres meses”.

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