Colombia requiere más que un líder

El candidato de la derecha, Iván Duque Márquez, ingresó hace cuatro años en la política colombiana como senador en el Congreso de la República por el partido político Centro Democrático y ha conmocionado a la mitad de los colombianos tras derrotar al candidato de la izquierda, Gustavo Francisco Petro Urrego, en las elecciones presidenciales, con el apoyo masivo de las élites políticas tradicionales, liberales y conservadoras y con el apoyo electoral casi unánime de los estratos altos. Duque respondió a lo que pronosticaban los sondeos y logró una victoria que aboca a Colombia a continuar con la hegemonía política de los partidos tradicionales.

La firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) posibilitó el mejor proceso electoral que ha tenido el país en los últimos años, con expresiones como el significativo aumento en la participación electoral y un mayor número de programas políticos desde la derecha, el centro y la izquierda. Petro, el principal candidato opositor, contaba con un discurso antiestablishment, centrado en el antagonismo entre el pueblo y la clase política, mientras que el hoy presidente cuenta con un proyecto político que integra posiciones conservadoras y neoliberales. Su premisa básica es que Colombia no necesita ningún cambio estructural, sino más mercado y sector privado para solucionar todos sus problemas.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Desde el próximo 7 de agosto, cuando tome posesión como presidente, Iván Duque acometerá cambios en el rumbo político del país, acordes con sus propuestas de campaña y diversas alianzas. Uno de los principales será la posición frente a los acuerdos de La Habana. Mientras los candidatos opositores estaban de acuerdo en continuar sin modificaciones con estos acuerdos con la ex guerrilla (que dieron por terminado un conflicto de 52 años que enfrentó al Estado y a las FARC, con un saldo de ocho millones de víctimas y un gran impacto social, económico y ambiental), el nuevo presidente es crítico. Esto genera una gran incertidumbre.

Según el Instituto Kroc de Estados Unidos, la implementación de los acuerdos sólo ha recorrido la mitad de su camino. Faltan todavía reformas políticas de fondo de contenido social, económico y de justicia. Entre ellas está la participación política de los ex jefes guerrilleros y su régimen sancionador, los escaños (curules) en el Congreso para las víctimas, la reforma rural integral, el procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el catastro multipropósito. Aunque una modificación de la Constitución Política de Colombia estableció que los próximos tres gobiernos están obligados a cumplir con lo pactado, esta disposición pudiera desmontarse por la misma vía, lo cual desgastaría al Ejecutivo y proyectaría una imagen negativa en el ámbito internacional. Está por ver si el nuevo presidente puede dar marcha atrás al cumplimiento de los acuerdos, toda vez que le será difícil retroceder jurídicamente los compromisos adquiridos por el Estado.

En cuanto a los retos económicos que deberá afrontar el nuevo presidente, destaca la necesidad de continuar con el proceso de ajuste fiscal, orientado a mejorar la recaudación y a racionalizar el gasto; recuperar el crecimiento económico potencial y sostenible basándose en la inversión, el empleo, la formalización y la productividad; garantizar la provisión de bienes públicos y la redistribución de tierras improductivas para un mejor desarrollo agropecuario que aporte una mejora de las condiciones sociales en el campo y la competitividad internacional; desarrollar la minería y la extracción de petróleo en equilibro con el medioambiente y las comunidades; realizar una reforma integral de las pensiones para ampliar la cobertura y garantizar la sostenibilidad fiscal, y consolidar el sistema de aseguramiento de la población en salud y educación.

Específicamente para el sector rural, el nuevo presidente propone reforzar la estabilidad jurídica, la protección de la propiedad privada y el estímulo de la agroindustria con participación de pequeños productores, aunque sus propuestas no incluyen los derechos de los pequeños productores de agricultura familiar, sin tierra y de las comunidades étnicas.

Otra de las polémicas propuestas de Duque consiste en unificar las altas cortes, eliminando la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Jurisdicción Especial para la Paz. Además,  propone castigar a quienes consumen sustancias psicoactivas para usos recreativos y no comparte la decisión de la Corte Constitucional colombiana en cuanto al reconocimiento de que las parejas del mismo sexo son una familia, con derecho al matrimonio y a la adopción.

Si bien son muchos los asuntos que acaparan la agenda del nuevo presidente, la seguridad es uno de los que encabezan esa lista por ser un tema recurrente que preocupa a todos los colombianos. Será interesante ver cómo afronta los problemas relacionados con la reducción de los cultivos ilícitos, la negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la lucha contra las bandas criminales (Bacrim) y la disidencia de las FARC, así como la necesidad de reducir la congestión penal, el hacinamiento carcelario, la pedagogía social, la galopante impunidad o los límites de la Fuerza Pública, que son factores que globalmente representan el mayor obstáculo para que Colombia deje atrás una época crítica.

Del mismo modo, no son menos importantes los retos relacionados con la revisión del sistema de descentralización y el grado de autonomía territorial que se instauró a partir de la Constitución de 1991, la definición de políticas contra la corrupción -con reformas del sistema político-electoral-, los mecanismos de negociación entre el Ejecutivo y el Congreso, la reforma de la Justicia, el papel de los entes de control, así como los sistemas de compras y contratación estatal.

Por último, también habrá que prestar atención al manejo de las relaciones internacionales, especialmente con Venezuela y Estados Unidos. Atender el primer caso resulta crítico a la luz de los 2.200 kilómetros de frontera común y las amplias relaciones comerciales y migratorias. Aunque la posición del nuevo presidente se orienta a limitar la llegada de venezolanos al país, controlar una frontera de esa magnitud es una empresa que siempre ha superado la capacidad de ambos estados.

Todo esto se desarrollará en un marco de relación con el Legislativo que, tras las elecciones del pasado mes de marzo, mantiene altos niveles de fragmentación. Es lo que, al menos, sugiere el índice del Número Efectivo de partidos (NEP), indicador que en los últimos comicios registró un promedio de 6,41, lo que equivaldría a un entorno competitivo debido a un mayor número de partidos. Pero, en realidad, la conformación del Congreso nos presenta un panorama menos heterogéneo y bastante favorable para los intereses del nuevo Gobierno, ya que cuenta con la posibilidad de llegar a acuerdos con la mayoría de los parlamentarios debido a que sus bases de apoyo son más robustas y porque hay coincidencias ideológicas con otras fuerzas políticas.

No será fácil dar respuesta a todas las necesidades del país en cuatro años, pero sería una aportación positiva solucionar los problemas estructurales de gobernabilidad. El panorama descrito marca los elementos necesarios para gobernar Colombia, que requerirá más que un líder.

(Consulte aquí la nota técnica del Departamento de Asuntos Públicos de LLORENTE & CUENCA sobre la segunda vuelta electoral en Colombia)

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.