Ciudadanía europea y derecho a voto

Aunque se diga que los derechos adquiridos gracias a la ciudadanía europea son uno de los grandes éxitos del proyecto de integración de la Unión Europea, hay unos 14 millones de ciudadanos europeos residiendo de manera estable en un estado miembro distinto al de su origen, que no tienen esos derechos completamente garantizados. Una gran mayoría de ellos no puede votar ni en las elecciones regionales ni en las nacionales en sus países de acogida. Si bien en las elecciones europeas y locales se ha tendido hacia un reconocimiento de la “residencialización” del voto a través de los tratados de la UE, así como de la Carta de Derechos Fundamentales (se reconoce el derecho a voto y a presentarse como candidato/a en las elecciones europeas y municipales); en las elecciones regionales y nacionales, el derecho a voto está aún muy vinculado a la nacionalidad.

En un mundo global, y sobre todo, en una Unión Europea cada vez más integrada a todos los niveles, los derechos democráticos no deberían estar vinculados exclusivamente al principio de nacionalidad, sino también al de residencia. En este sentido, habría que encontrar una fórmula para que el ciudadano pudiera escoger si votar en función de su nacionalidad y/o de su residencia bajo una serie de condiciones y variables determinadas a debatir, con el objetivo de adaptar nuestros sistemas electorales y las leyes que regulan la ciudadanía al contexto actual.

Para ello, los estados miembro deberían primero ponerse de acuerdo sobre el significado del concepto de “residencia”, estableciendo una serie de criterios para que esos 14 millones de ciudadanos residentes en un país distinto al de origen, pudieran también votar en las elecciones regionales y nacionales de sus países de acogida. La movilidad intra-europea ha provocado un desfase en los sistemas electorales (y sus derechos adscritos) a nivel nacional, muy ligados aún a la concepción Westfaliana de las relaciones internacionales, la soberanía y la ciudadanía, siendo el nivel nacional de gobierno su máximo exponente.

Imagínense pues, las disparidades existentes entre países y sus consecuencias respecto a los derechos democráticos cuando se ejerce la libre movilidad si ni siquiera disponemos de un sistema electoral común para las elecciones al Parlamento Europeo. En algunos casos, los ciudadanos que han ejercido la libre movilidad incluso pueden llegar a perder el derecho a voto en sus países de origen, mientras que en otros, deberán volver a éste para poder votar. En las recientes elecciones griegas, por ejemplo, entre 300.000 y 500.000 griegos residentes en el extranjero no pudieron votar a no ser que cogieran un billete de vuelta a casa. Es decir, aproximadamente, un 7-8% del censo, un porcentaje muy próximo a la diferencia entre el resultado de Nueva Democracia y Syriza. Algo que puede parecer menor, pero que quizás hubiera cambiado la composición del ejecutivo heleno, y quizás también, parte del destino de Europa y la Unión Monetaria.

Si observamos la comunidad española residente permanentemente en otros estados miembros de la UE (sin contar a los no registrados en el CERA o a los no residentes en el país de acogida), alrededor de unos 450.000 (de un total de 690.000 si se incluyen también los que residen en estados que no son miembros de la UE) no podrán votar en las elecciones nacionales ni regionales de sus países de acogida. Por más que tengan la ciudadanía europea y deban cumplir, eso sí, con sus obligaciones en el país de residencia (fiscales, administrativas, etc.), es evidente que sufren una clara discriminación por haber ejercido su derecho a la libre movilidad, garantizado por los tratados de la Unión.

Si el proyecto de integración necesita de mayor integración en sus vertientes materiales (laboral, fiscal, bancaria, etc.) y de “obligaciones”, también debe hacerlo en materia de los “derechos” vinculados a ellas. En la UE del siglo XXI, esos 14 millones de ciudadanos deberían, al menos, poder votar en el país en el que pagan sus impuestos cada mes sin tener que nacionalizarse. O lo que es lo mismo, cumplir con el principio de no taxation without representation, como dirían los colonos norteamericanos de la década de 1750.

Aunque la Comisión Europea emitió una serie de recomendaciones a los estados miembros en el mes de enero de 2014 “para garantizar que los ciudadanos que habían ejercido su derecho a la libre circulación no perdieran el derecho a votar en las elecciones nacionales de su país de origen”, todavía no se ha hecho lo suficiente para garantizar ese derecho también en el país de acogida. Especialmente, como puede observarse en el Gráfico 1 (Eurobarómetro 364 de 2012), si tenemos en cuenta que una mayoría de la ciudadanía europea estaría a favor de ello.

grafico1

 Fuente: Eurobarómetro 364

Encontrar soluciones a estas diversas problemáticas, que podríamos considerar como distintas caras de una misma moneda, supondría dar un claro paso adelante en el reforzamiento de la ciudadanía europea, así como en el reconocimiento de los derechos fundamentales vinculados a la misma y el fortalecimiento de un verdadero espacio democrático europeo.

Para lograrlo, bastaría con la voluntad política de establecer una serie de criterios comunes para todos los países de la Unión Europea, así como la voluntad de reducir las barreras administrativas y mejorar los mecanismos de intercambio automático de información entre los estados miembro.

Hasta el primero de enero del año pasado, alrededor de 500 millones de ciudadanos tuvieron la oportunidad de firmar la Iniciativa Ciudadana Europea (ECI por sus siglas en inglés) “Let me Vote”, promovida por el colectivo “Europeos sin fronteras” cuyo objetivo era garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos europeos en todas las elecciones, cualquiera que fuera su lugar de residencia en la Unión Europea. Sin embargo, la campaña no alcanzó, desgraciadamente, la cifra de firmas necesaria para ser considerada por las instituciones europeas (1 millón de firmas en 7 estados miembros en total, con un mínimo de firmas para cada uno de ellos).

Por todo ello, en un momento en el que la crisis económica ha provocado una movilidad cada vez mayor a lo largo de los últimos años dentro de las fronteras de la UE, también sería la ocasión de volver a poner ésta cuestión sobre la mesa. Ello no haría más que ayudar a construir una verdadera ciudadanía europea, así como a reforzar la imagen del deteriorado proyecto de integración.

Autoría

1 Comentario

  1. Lenox
    Lenox 03-30-2015

    Catorce millones de Europeos viviendo en otro estado europeo que el suyo. Sin representación política. Quien aboga por ellos y sus derechos? Nadie…

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