Cinco errores recurrentes en el debate sobre pensiones

Hoy las pensiones vuelven a ser el centro de atención de los medios de comunicación. Ayer el Gobierno retiró del Fondo de Reserva una importante cantidad de recursos (9.500 millones de euros) para hacer frente al grave desequilibrio con el que las cuentas de la Seguridad Social cerrarán el ejercicio por quinto año consecutivo.

Hace unos meses el Süddeutsche Zeitung publicó un interesante artículo de dos de los más destacados expertos alemanes en pensiones. Como contribución a un debate sereno y serio sobre la materia en ese país, Börsch-Supan y Friedrich Breyer identificaban cinco ideas equivocadas o imprecisas que a menudo condicionan los términos de la discusión conduciendo a soluciones previsiblemente ineficaces ante los desafíos presentes y futuros. Sería pretencioso por nuestra parte intentar, siquiera, hacer algo semejante. Pero este artículo puede servir, al menos, para arrojar algo de luz sobre cuestiones que son asumidas por la opinión pública española –quizá– con cierta precipitación.

1. El envejecimiento es un obstáculo insalvable para un sistema de pensiones de reparto como el español. En las próximas décadas nuestra sociedad va a experimentar un cambio demográfico de gran magnitud que amenaza con poner en cuestión el pilar sobre el que se levanta el sistema público de pensiones: el compromiso intergeneracional de los trabajadores en activo con los pensionistas. Sin negar trascendencia a este fenómeno, es posible que se haya exagerado su relevancia si atendemos a lo siguiente. Para empezar, no puede hablarse en España de una población envejecida, pese a que la esperanza de vida es de las más altas de la UE: la proporción que representan los mayores de 64 años (18,5%) se sitúa hoy por debajo de la media europea a gran distancia de países como Alemania (21%). Además, aunque en el largo plazo los efectos del envejecimiento se harán notar de forma muy significativa, el escenario no es tan catastrofista para España según las proyecciones de Eurostat sobre la tasa económica de dependencia,  el indicador que relaciona el número de mayores de 64 años con la población activa. En fin, las propuestas de quienes con más ahínco advierten del riesgo demográfico suelen limitarse al recorte de las pensiones públicas, sin plantear medidas sobre natalidad o inmigración. Olvidan, sin embargo, que el verdadero reto es la jubilación de la generación del baby boom cuyos efectos se circunscriben a un periodo que se inicia en la próxima década y se agota en la de los cincuenta.

2. Nuestro sistema público de pensiones no es sostenible porque gastamos demasiado. La existencia de un desfase en las cuentas del sistema de Seguridad Social superior al 1% del PIB desde 2012 lleva a muchos a pensar que nuestro nivel de gasto en pensiones es excesivo; más aún ante la perspectiva de un inexorable envejecimiento de la población. Lo cierto es que, según Eurostat, el gasto público en esta partida en 2013 se situó en el 11,8% del PIB en nuestro país, medio punto por debajo de la media de la Eurozona. Pero quizá más significativo es que países tan relevantes como Italia, Francia o Austria dediquen en la actualidad cantidades muy superiores (15,7%, 14,9% y 13,9%, respectivamente), y no precisamente de forma coyuntural. Puede concluirse, por tanto, que el actual déficit de nuestra Seguridad Social es consecuencia, no de un excesivo nivel de gasto, sino de una insuficiencia de ingresos provocada por la crisis económica y la fuerte caída del número de cotizantes, así como por la políticas que han priorizado la reducción del déficit público.

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3. La capacidad de incrementar los ingresos del sistema es muy limitada. Desde otra perspectiva también se argumenta que el mantenimiento del equilibrio de la Seguridad Social pasa fundamentalmente por la creación de empleo y con ello por una recuperación de los ingresos por cotizaciones sociales, principal fuente de financiación del sistema. Según esta opinión extendida, no hay margen para elevar los tipos o ‘destopar’ las bases de cotización, pues lo ingresado por esta vía no puede superar en conjunto el 11-12% del PIB sin afectar negativamente al nivel de empleo. En realidad, esto último es discutible si atendemos a experiencias cercanas como la alemana en la que el peso de las cotizaciones es muy superior al modelo español. En todo caso, el estudio comparado de los sistemas de pensiones de los países de nuestro entorno pone de manifiesto que resulta imprescindible incrementar de forma sustancial la aportación del Estado vía impuestos equilibrando de esta manera la composición de las fuentes de financiación.

4. Las últimas reformas (2011 y 2013) no han servido para hacer frente a los problemas estructurales. Las dificultades que atraviesa la Seguridad Social dan pie a la afirmación de que las últimas reformas no han surtido ningún efecto. Tal apreciación es, sin embargo, equivocada. Los cambios paramétricos de 2011 no pretendían resolver los problemas ya acuciantes de ese momento, sino garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. En línea con otros países europeos, se endurecieron los requisitos de acceso a la pensión de jubilación con el consiguiente perjuicio para los pensionistas, si bien con un efecto positivo en términos de sostenibilidad: las proyecciones de gasto para el punto más crítico, 2050, situaban el gasto en cotas más altas, pero asumibles (14% del PIB). Por otra parte, aunque la reforma de 2013 no ha servido para corregir el desequilibrio de la situación financiera de la Seguridad Social en el corto plazo, sí ha de resultar muy efectiva para frenar el crecimiento del gasto en pensiones. A mitad de siglo se situaría en niveles muy similares a los actuales (12,3% del PIB) con la particularidad de que el colectivo de pensionistas se habrá casi doblado. Lógicamente ello implica un drástico recorte de la cuantía de las pensiones que desfiguraría el sistema público que hoy conocemos hasta hacerlo irreconocible.

5. La actual fórmula de revalorización de las pensiones es adecuada para garantizar la sostenibilidad del sistema. Uno de los cambios introducidos en 2013 fue la conversión del mecanismo de revalorización de las pensiones en un instrumento de ajuste presupuestario: en síntesis, si la situación financiera del sistema lo permite las pensiones se revalorizan y si no quedan semicongeladas (+0,25%). Esta ‘exitosa’ fórmula para garantizar el equilibrio del sistema tiene, sin embargo, un grave problema. Como se deduce de los cálculos de la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal, el incremento anual de las pensiones será sólo el mínimo legal establecido hasta bien entrada la próxima década. Ello supondrá, una vez se recupere un nivel normal de inflación, una alarmante pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas que desvirtuará el derecho a la actualización de las pensiones que la Constitución reconoce. Visto este fracaso, la revisión de este mecanismo –tan singular en el ámbito europeo– parece ineludible. En tal sentido, sería bueno tener presente que para la OCDE la revalorización de las pensiones debería alcanzar como mínimo la subida del IPC más un 0,5%.

Hace más de cincuenta años la extraordinaria Frances Perkins, una figura de referencia en la historia de la Seguridad Social que fue Secretaria de Empleo con F.D. Roosvelt, subrayaba el carácter indisoluble del vínculo existente entre la democracia y el sistema público de pensiones. Eso es lo que está en juego.

Este artículo también ha sido escrito por Antonio González

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