Cerrar el pasado, ganar el futuro

España tiene muchas tareas por delante y mucho trabajo por hacer, lo que exige un ejercicio de valentía, compromiso y consenso para afrontar los grandes retos de nuestra economía. Precisamente hace unas semanas se presentó el informe Retos Económicos España 18, un documento dirigido por Jordi Sevilla, vicepresidente de Contexto Económico, donde se exponen los principales desafíos de la economía española bajo dos epígrafes principales: cerrar heridas del pasado y ganar el futuro. Y del mismo se puede extraer una conclusión clara: el mayor riesgo para España es no hacer nada.

El primer paso fue describir y analizar algunos de los principales retos económicos. Pero debemos ir más allá reflexionando sobre aquellas medidas que podemos impulsar para afrontarlos. Señalamos aquí un conjunto de tareas que España puede poner en marcha para cerrar el pasado y ganar el futuro.

Reto 1: Mercado de trabajo.- Sigue presentando una elevada tasa de desempleo, una excesiva temporalidad y numerosos desequilibrios derivados, en gran parte, de la última reforma laboral. En materia salarial, debería revisarse la legislación sobre negociación colectiva para favorecer subidas de sueldos acordes con la productividad y modificar aspectos como: a) la preferencia absoluta de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales no debe incluir la duración de la jornada laboral ni la cuantía del salario; o b) las condiciones de trabajo no deben transformarse de forma unilateral por la sola decisión del empresario.

Además, hay que mantener y perfeccionar la regla para impedir el encadenamiento sucesivo de varios contratos temporales, así como igualar su indemnización por despido o cese a la de la contratación indefinida. Junto a ello, es necesario fomentar la contratación estable a tiempo parcial y eliminar, o sujetar a un máximo temporal, la jornada complementaria, reforzando su control efectivo.

Es más necesario que nunca mejorar la protección de los desempleados de muy larga duración, de quienes aún no han accedido a su primer empleo y, en particular, de los mayores de 55 años, revirtiendo el Real Decreto-Ley 5/2013, que endurecía notablemente el acceso al subsidio por desempleo para los mayores de 52 años. Podría implantarse una prestación vinculada al compromiso con el empleo y la formación para los parados que agotan los subsidios y prestaciones actualmente establecidos.

El retroceso ha sido especialmente significativo en el terreno de las políticas activas de empleo (PAE). Si contemplamos el gasto por participante dispuesto a trabajar, en el periodo 2008-2013 su cuantía experimentó la mayor caída entre los países de la UE: un 66%, desde 1.770 euros por persona en 2008 hasta los 602 en 2013. En 2008, casi un 80% de las personas desempleadas se beneficiaron de al menos una PAE. En 2013, el porcentaje era del 20%.

Reto 2: pobreza y exclusión social.- Sus niveles en España resultan inaceptables e insostenibles para una economía avanzada. Una buena alternativa sería el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos, no contributiva de la Seguridad Social, dirigida a hogares sin ingresos o en los que éstos no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Otra opción podría ser equiparar las ayudas monetarias destinadas a familias o niños, en forma de deducciones fiscales o impuestos negativos, a las cantidades abonadas en la forma de prestaciones no contributivas.

Dos de los colectivos más sacudidos por la crisis económica han sido los niños y los jóvenes, cuyas tasas de pobreza están muy por encima de la media nacional. Por ello, se debe poner en marcha un plan urgente de lucha contra la pobreza infantil, aumentar el gasto relativo destinado a familias e infancia -en estrecha colaboración con las autonomías y entidades locales- e impulsar un plan contra la pobreza juvenil que incluya ayudas a la emancipación.

Reto 3: las cuentas públicas.- La primera tarea para España es salir ya del Procedimiento de Déficit Excesivo. Es el momento de iniciar una nueva estrategia presupuestaria que, por un lado, pase por los aumentos de la inversión y de la eficiencia del gasto público, estableciendo presupuestos de base cero en determinadas partidas y capítulos presupuestarios que permitan una mejor evaluación y comparación de buenas prácticas, abandonando el método incremental en la elaboración presupuestaria. Por otro lado, debemos emprender una reforma integral del sistema tributario destinada a la optimización recaudatoria del sistema, a mejorar la equidad y el equilibrio entre impuestos directos e indirectos y a la creación de nuevos hechos imponibles que incluyan la cuestión medioambiental.

El sistema de financiación autonómica también demanda una revisión para conseguir una mayor simplicidad, equidad y transparencia y que retoque el cálculo de la población ajustada para evitar los desequilibrios que actualmente se producen entre comunidades autónomas. Cualquier reforma debería tener presentes los objetivos de suficiencia, corresponsabilidad fiscal y solidaridad.

Además, el sistema de pensiones debe reformarse en el marco de Comisión del Pacto de Toledo para garantizar no sólo la sostenibilidad del sistema, sino también la suficiencia de las pensiones en los próximos años. Una medida sería la utilización de los impuestos y los Presupuestos Generales del Estado como vías complementarias a las cotizaciones sociales para compensar la tendencia al desequilibrio derivada de la evolución demográfica esperada.

Reto 4: el reto medioambiental.- Para ganar ganar el futuro y no quedarse rezagado en el camino, debe aprobarse, con el consenso de todos, una ley de Cambio Climático y Transición Energética como primer paso para dotar con rango de Ley a nuestros compromisos internacionales y europeos ya asumidos o en fase de negociación. El objetivo cuantificado para España con horizonte en 2050 es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80% y 95% respecto a 1990; para 2030, y de acuerdo con la normativa comunitaria, la reducción debe ser del 26% respecto a los niveles de 2005.

También hay que reforzar el papel de los impuestos medioambientales para reflejar y desincentivar el daño al medio ambiente (CO2, SOx, NOx, etcétera), equilibrando así la presión impositiva aplicada a los combustibles y a la electricidad. España debe tener una apuesta firme por las energías renovables para cumplir con el compromiso mínimo del 27% de cuota para 2030. Por último, la transición energética debe conducir a una práctica descarbonización del sistema eléctrico.

Reto 5: la digitalización de la economía.- La transformación tecnológica es tan importante y avanza a tal velocidad que una prioridad absoluta debe ser incrementar el gasto en I+D, pasando de una inversión del 1,2% al 2% del PIB para reducir la brecha con la Unión Europea. También ha de ejecutarse realmente el Presupuesto asignado pues, tal y como señala la Fundación Cotec para la innovación, en 2017 el Estado tan solo se gastó tres de cada 10 euros presupuestados.

Debemos cumplir, sin titubeos, con las líneas marcadas para 2020 en la Agenda Digital: fomento de infraestructuras digitales, desarrollo de la economía digital, mejora de la administración electrónica, refuerzo de la confianza digital y de la seguridad, impulso de la I+D en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), educación y formación, etcétera.

Las administraciones públicas tienen una importante tarea por delante de impulso a la digitalización. La implementación de estrategias de ciudades inteligentes (smart cities), el uso de la compra pública innovadora, la apertura de datos para su reutilización o los programas sectoriales específicos, como el programa Industria Conectada 4.0, pueden suponer un importante incentivo a la transformación digital de las empresas. Además, el sector público debe acompañar a las pequeñas y medianas empresas en el proceso de transformación digital con un plan nacional de apoyo.

La transformación tecnológica plantea importantes cambios en los modelos de negocio y en los puestos de trabajo tal y como hoy los conocemos. Por ello, una tarea fundamental para España es priorizar la protección del factor trabajo, particularmente de aquellos que van a experimentar cambios radicales en su modo de trabajar o de quienes tienen un mayor riesgo de perder sus empleos ante realidades como la inteligencia artificial o el big data.

España tiene por delante numerosas tareas que debe comenzar a impulsar cuanto antes con valentía y decisión. Estamos en una época de cambios y transformaciones que modificarán la realidad. Y, ante ello, la autosatisfacción (lo hecho hasta ahora es suficiente) y la inacción son los mayores peligros para nuestro país.

Las alternativas son diversas y la discusión está abierta. Lo importante es estar a la altura de los retos que nuestra economía y nuestra sociedad demandan y comenzar a cumplir todas estas tareas que, desde el consenso y la suma de todos, permitan cerrar heridas del pasado y ganar el pulso al futuro.

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