Cauces democráticos para Cataluña

Formular buenas preguntas suele ser la mejor garantía para encontrar buenas soluciones. Ahora mismo no parece que a corto plazo se vislumbre ninguna posibilidad de acuerdo en el conflicto político catalán. Una de las razones es, precisamente, el diagnóstico del mismo y las preguntas que se derivan de él. Abundan explicaciones muy variopintas sobre lo ocurrido los últimos años: desde una supuesta ola populista que azotaría la política catalana, en la línea del Brexit o la extrema derecha italiana, hasta las clásicas acusaciones de totalitarismo. Muchas de estas explicaciones llevan el mensaje implícito de que la demanda de soberanía en Cataluña es una amenaza para la democracia que debe ser combatida por peligrosa e inmoral. Sin negar que puedan concurrir fenómenos políticos simultáneos, me parece obvio que el fondo del debate no va de esos temas. En grandes líneas, pienso que el Gobierno central debería plantear la cuestión catalana igual que Canadá y Reino Unido respecto a sus propias minorías. Es decir, como un asunto de reconocimiento y pluralismo territorial.

Se trata de una realidad que no es única ni tiene nada de excepcional, sino más bien todo lo contrario, puesto que hay muy pocos estados homogéneos en el mundo. A diferencia de otras diversidades de tipo individual, sabemos que las minorías territorializadas requieren respuestas institucionales basadas en el reconocimiento, el autogobierno y el poder compartido. Si tratamos de explicar las causas de las demandas de autodeterminación, ésas emergen generalmente como respuesta a la ausencia de estructuras de acceso al poder de las que sí dispone la mayoría nacional. Por lo tanto, la variable clave para explicar movimientos de ese tipo es de naturaleza política, junto con aspectos geográficos, como la distancia en relación a la capital del Estado; históricos, como el hecho de haber dispuesto de instituciones propias en el pasado, y económicos, como el desarrollo y el subdesarrollo relativos, entre otros.

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El caso catalán reúne características para nada inobservadas en política comparada. Así, no es nada inusual que, ante niveles muy bajos de poder compartido institucional, y tras la dinámica (re)centralizadora de la crisis económica y el posterior rechazo de mayores cotas de autogobierno o un referéndum acordado sobre la autodeterminación, exista un apoyo sustancial al independentismo, que es mayoritario en escaños en el Parlamento catalán desde 2012. Además, una mayoría social de ciudadanos catalanes coincide en que el Estado autonómico no ofrece suficientes garantías de autogobierno a Cataluña ni, por descontado, poder compartido estable en Madrid. El último depende de mayorías políticas, mientras las leyes autonómicas han sido recurridas de forma constante ante el Tribunal Constitucional por el anterior Gobierno (especialmente las de carácter social). Además, la espada de Damocles del artículo 155 de la Constitución es ahora más real que nunca tras su aplicación y la demanda de activación formal por motivos políticos. Ante la acumulación de las variables mencionadas, lo raro sería que no apareciera un movimiento partidario de la autodeterminación y/o la secesión. 

La acomodación de demandas territoriales es compleja y, en muchos casos, llega tarde, tras la profundización de conflictos descuidados. La politóloga B. Coggins cuenta hasta 256 movimientos autodeterministas durante las últimas ocho décadas en el mundo, generalmente impulsados por minorías territoriales con niveles variados de reconocimiento y acceso al poder político. El análisis comparado nos indica que existen razones prácticas, y morales, para prestarles atención y no tratar el caso catalán como una anomalía hispánica. En ese sentido, dar cauces democráticos a la autodeterminación debe ser visto como un avance político en vez de una amenaza insalvable e irracional.  

En términos prácticos, tenemos evidencia de que la movilización va a seguir produciéndose igualmente e incluso va a aumentar ante la judicialización del conflicto, como ya ha ocurrido en muchos otros casos en el mundo si no se abordan las causas de fondo. Legislar y encarcelar de forma preventiva para excluir ese tipo de demandas del terreno de juego legal no las hace desaparecer de forma mágica. Eso sería confundir las leyes con la realidad política, una falacia ius-positivista. Dar cauces de resolución puede resultar en conflicto, pero no debemos olvidar que el desacuerdo ya existe y que sus consecuencias pueden ser peores si se escogen otros cursos de acción. Curiosamente, suelen ser los mismos que afirman la existencia de una fractura social en Cataluña los que luego rechazan un referéndum sobre el estatus político de Cataluña porque exacerbaría dicha fractura.

En términos ético-políticos, la autodeterminación y la secesión no son demandas de tipo inmoral que no merezcan ser debatidas y llevadas a cabo. No hay nada inmoral en proponer una nueva unidad territorial liberal y democrática de forma pacífica. Si lo fuese (por ejemplo, si se pretendiera crear un Estado esclavista o con sufragio censitario masculino), me parecería legítimo no dar cauces para su resolución política e incluso combatir judicialmente la iniciativa. Pero ante una demanda democrática y legítima sostenida en el tiempo, el Estado haría mejor en acomodarla como ya han hecho Canadá y Reino Unido en Quebec y Escocia. En los respectivos casos se celebraron referendos en 1995 y 2014 tras victorias electorales parlamentarias de partidos independentistas (el Partido Quebequense y el Partido Nacional Escocés), que disponían de mayoría parlamentaria y alrededor de un 45% de apoyo popular. En el caso de Quebec, el Gobierno provincial disponía de la competencia sobre consultas, mientras que en el caso de Escocia se firmó un acuerdo ad hoc. En Cataluña, los partidos que piden la autodeterminación y/o la independencia disponen de mayoría parlamentaria en escaños y un apoyo popular superior a los casos mencionados desde 2012, renovado en las elecciones autonómicas de 2015 y 2017, en el último caso con sus líderes encarcelados o exiliados durante la campaña electoral sin poder defender su programa político en igualdad de condiciones.

A ojos de muchos catalanes y españoles, las decisiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy, apoyadas por PSOE y Ciudadanos, ante las demandas de autodeterminación en Cataluña han impregnado la situación de un cinismo corrosivo para la democracia española. La judicialización y las medidas coercitivas adoptadas contra numerosas actuaciones promovidas por el independentismo catalán, rechazado por la mayoría nacional española y sin cauces viables de materialización, implica que el Estado finalmente responde a una demanda democrática y legítima a través de los tribunales y del ejercicio del ius puniendi. Sin embargo, lo que parecía un tema resoluble  por vía de la judicialización, a costes bajos, fácilmente puede ver incrementado el precio. La reciente campaña de Amnistía Internacional en defensa de la liberación de ‘los Jordis’, la retirada de credenciales a diplomáticos y las críticas en medios internacionales son un ejemplo de ello. 

Es urgente disponer de cauces democráticos para resolver un conflicto que puede implicar costes muy superiores a los previstos en el plano doméstico e internacional para la democracia española. De lo contrario, parafraseando la Corte Suprema canadiense, España seguirá siendo una “camisa de fuerza”, cuando no una cárcel, para muchos catalanes y españoles que creen en la resolución democrática de los conflictos territoriales

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