Cataluña y los teatros del reconocimiento

Mientras el debate catalán se sigue desarrollando, varios espectadores extranjeros hemos intentado tomar parte en el mismo con puntos de vista muy diferentes y, a menudo, muy contradictorios. Varios entre nosotros hemos aprendido mucho durante este proceso, por lo que creo que podría ser interesante compartir algunas reflexiones en las postrimerías del histórico voto del 21 de diciembre de 2017.

Hoy sabemos que el voto ha resuelto muy pocas cosas. Con el Partido Popular prácticamente aniquilado, y las tres listas proindependentistas, Junts per Catalunya, liderada por Carles Puigdemont, Esquerra Republicana, con Marta Rovira al Frente, y la CUP de Carles Riera, reteniendo la mayoría en el Parlament, el voto que se presuponía resolvería una crisis ha servido para asentarla tanto en la sociedad catalana como en toda la española. Aun así, incluso considerando que el Proyecto de “la República catalana” se ha visto reforzado, quedó a 2,3% de una mayoría de votos, con Ciudadanos y su formidable mayoría de 36 diputados lista para la siguiente batalla. El equilibrio en la Fuerza se mantiene en el universo catalán. Por eso, más allá de posibles pseudo negociaciones entre Rajoy y Puigdemont, debemos considerar, junto con muchos españoles, que el diálogo, ahora más que nunca, es no solo necesario, sino también posible. Quizás, para darle la vuelta al Gatopardo, para que todo cambie, todo debe permanecer igual.

Es en pro de ese espíritu de diálogo, creo, que los extranjeros pueden contribuir con su opinión. Estas fueron mis conclusiones antes de que se produjera el voto:

¿Desde qué perspectiva hablo? La mía es la de una ciudadana griega y francesa, casada con un británico y viviendo en Brexitland. Puedo decir que no pertenezco a ninguna parte en concreto y sí a muchas a la vez; que repudio con todas mis fuerzas a todos los nacionalismos, pero aprecio el sentimiento de “anclaje” que viene con la pertenencia nacional; y que me siento extremadamente agradecida por tener tantas y diversas referencias para ancorar mi identidad.  Por todo ello, afirmo que mi instinto me hace, por un lado, oponerme al proceso de independencia catalán; y por otro, que soy consciente de la dificultad de juzgar este caso desde la distancia. Habiendo escrito recientemente un libro que profundiza en las múltiples formas en las que griegos y alemanes se caricaturizaron de manera simplista durante años en una intensa partida de ping-pong, soy plenamente consciente del peligro de negar la complejidad y los misterios de los asuntos políticos con los que no estamos familiarizados.

Y, sin embargo, dicho lo anterior, he de manifestar que me entristeció, en las semanas posteriores al referéndum del 1 de octubre, la indignación (implícita y explícita) de ciertos sectores que en España vieron ofensivo que se expresaran opiniones desde el exterior sobre el tema catalán. Muchos españoles, incluyendo algunos amigos, proyectan la idea de que los que expresan su opinión desde el extranjero son sospechosos a priori. En el mejor de los casos, por ignorar los hechos reales o, en el peor, por ser deliberadamente condescendientes al tratar de enseñar a los españoles lo que es acorde con su propia historia política. Cierto, no puedo negar que eso a veces ocurre, pero ¿no deberíamos defender que, como compatriotas europeos, no solo tenemos el derecho a comentar los asuntos de nuestros vecinos, sino que esa es una virtud política que debería ser cultivada? Creo que sí, que, mientras no seamos condescendientes con unos y con otros, sino que busquemos lo mejor para el conjunto dentro del criterio democrático de la Unión Europea, debemos estar más y no menos interesados en los asuntos de los demás. En mi opinión, el proyecto común europeo no se construirá sobre la base de un único demos europeo con una única esfera pública europea, sino a través del reconocimiento mutuo de la existencia de múltiples demoi, sean estos naciones, regiones o ciudades. Múltiples demoi que, en teoría, deberían conocer la política de los otros, casi con tanta profundidad, como la suya propia.

Los españoles saben que la opinión de los extranjeros tiene importancia (su asentamiento democrático y constitucional se hizo fundamentalmente mirando a la Comunidad Europea). En el caso concreto del proceso de intento de independencia de Cataluña, aunque solo sea por razones instrumentales, para que una secesión triunfe, una población necesita convencer no solo a una mayoría de entre los suyos y buena parte del estado matriz, sino también al “resto del mundo” puesto que sería el que debería reconocer la nueva entidad política. Pero, más allá de razones instrumentales, ¿no deberían preguntarse qué puedo tener en cuenta y aprender de esta conversación con el público internacional?, ¿pueden los puntos de vista extranjeros ayudar a cuestionar o matizar mi propio punto de vista?, ¿no me estoy arriesgando a caer en el pensamiento de grupo si solo escucho lo que mis compatriotas, especialmente los que me son afines, tienen que decir?, ¿cómo me sentiría, como europea,  si me dijeran que me mantuviera apartada de los asuntos de otros países vecinos?

No fue ese el espíritu que percibí tras la publicación de la carta abierta sobre La Defensa del Estado de Derecho en la Unión Europea, enviada a los señores Tusk y Juncker el pasado 3 de noviembre, y que creo que sigue teniendo relevancia en esta época postelectoral. Como firmante, me uní a centenares de intelectuales y políticos de toda Europa que apoyaron esta misiva, impulsados por la preocupación acerca de las acciones de fuerza llevadas a cabo por el gobierno español para impedir el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Sintiéndome muy incómoda con la actitud de los independentistas catalanes, puedo asegurar que la inquietud era el único propósito de nuestra carta. No pretendíamos dibujar una visión sintética y equilibrada de lo que está ocurriendo en Cataluña (incontables comentaristas y amigos españoles ya lo han hecho brillantemente) sino que, tal y como al menos yo lo veía, pensábamos que denunciar la actuación del gobierno por su falta de respeto a las reglas de una gobernanza democrática correcta era una manera de, por lo menos, considerar la idea de que el gobierno español podía estar creando las condiciones para posibilitar la independencia catalana y dar argumentos a su reconocimiento internacional. De ninguna manera estábamos aprobando las acciones de los líderes independentistas catalanes. En mi caso concreto, creía y sigo creyendo que los independentistas se equivocaron, entre otras cosas, al convocar un referéndum ilegal, al no establecer un mínimo de participación para considerar esa secesión válida y al proclamar la independencia al calor de unos resultados producto de un referéndum deficiente. Esas actuaciones son, sin duda, muestras de abuso de poder del gobierno de Cataluña, y no puedo estar de acuerdo con acciones que ignoran las profundas divisiones dentro de la propia sociedad catalana o que marginan a la mayoría de catalanes que votan contra la independencia (una mayoría que no se ve reflejada en el parlamento, dada la sobrerrepresentación de las áreas rurales. También repudio los casos de ostracismo a niños de familias pro-unionistas en las escuelas y cómo son tratados los catalanes en favor de la permanencia en España por parte de aquellos que se proclaman “verdaderos catalanes”, tildándolos de “enemigos del pueblo catalán” (estamos familiarizados con manifestaciones similares aquí, en el Reino Unido). De hecho, creo que las expresiones opresivas del nacionalismo deben ser condenadas sucedan donde sucedan. Pero ese no era el objeto de nuestra carta. 

La realidad que constato es que el mensaje que pretendimos enviar no fue el que se percibió. Tras la publicación de la carta, recibí muchos mensajes desde España regañándome por ser “estúpida” o “ingenua” o las dos cosas a la vez. ¿Acaso no entiendes que el gobierno de España ha aplicado, simple y llanamente, el “imperio de la ley” ?, ¿no sabes que nuestra Constitución no permite lo que están haciendo?, ¿que el Sr. Rajoy tiene la ley de su lado?, ¿cómo puedes ser tan crédula como para tragarte todas las fake news del nacionalismo? Estas otras preguntas similares son las que me plantean mis amigos españoles. En una respuesta colectiva (que, por cierto, la respuesta que dieron no era a nuestro texto final) cientos de juristas españoles rechazaron nuestra carta. Pero no lo hicieron en lo sustantivo, sino que se centraron en nuestra incapacidad para entender los hechos. Por eso, no me sorprendió que tal carta solo tuviese firmantes españoles, según parece los únicos acreditados para hablar de esta materia. Y eso es, precisamente, lo que no puedo compartir.

Creo que tanto los ciudadanos como las naciones aspiran a obtener el reconocimiento de su propia valía e identidad, pero ese reconocimiento comienza centrándome en el “tú” y no en el “yo” Mientras intentaba otorgar a mis críticos el beneficio de la duda, que ellos no me habían concedido a mí, y mientras contemplaba el destino de otros tanto dentro como fuera de España que se habían atrevido a ser críticos (y habían sido reprendidos por ello), percibí que los tres teatros del  reconocimiento mutuo y su negación son un reflejo de esta cuestión. A saber: el de los españoles y observadores extranjeros; el de los catalanes (de ambos bandos) y sus compatriotas del resto de España y, por supuesto, el de los ciudadanos de Cataluña entre sí. Las negaciones de reconocimiento en cada uno de estos teatros retroalimentan y refuerzan las negaciones de las partes en conflicto en los otros teatros y crean un círculo vicioso hacia un abismo de acritud recíproca.

Desde mi punto de vista, contrariamente a lo anterior, cada esfuerzo por intentar reconocer al otro como merecedor de respeto, poniéndose en su piel aun discrepando, refuerza la misma actitud de empatía en otros teatros. Si admitimos que el juego de la política puede revelar lo peor de la naturaleza humana en cuanto al rechazo ajeno, podríamos afirmar que la empatía es el mejor de los antídotos, el secreto más eficaz para crear un círculo virtuoso donde el impulso por la independencia es probable que perdiera fuerza y se diluyera.

¿Pero qué intentan decir los críticos con la actuación del gobierno de España, basada en el “imperio de la ley”? ¿Qué esta reflexión no es solo acerca de España, sino que es, sobre todo, acerca de un siglo de conversaciones a lo largo y ancho de Europa preguntándose cuál es el verdadero espíritu del imperio de la ley? Porque ese “imperio de la ley” no es simple y llanamente aplicar la ley de manera literal. ¡Y esta es también nuestra conversación, nuestro debate!

Y en ese diálogo, mientras en primer lugar nos hayamos escuchado los unos a los otros con respeto y con empatía, estoy totalmente de acuerdo con la posibilidad de discrepar. Algunos pensamos que esa elusiva idea del imperio de la ley se fue refinando a lo largo del tiempo para mitigar la asimetría de poder y protegernos contra su ejercicio arbitrario por parte de los gobernantes. De acuerdo con la filosofía liberal más básica, el imperio de la ley regula el comportamiento de los más poderosos (los estados) y, por ello, debemos ser especialmente cautelosos con las actuaciones basadas en este principio si queremos que nuestra crítica legal a las acciones independentistas sea acertada. Dado que los estados tienen el monopolio del uso de la fuerza, tal privilegio debe ser utilizado con cuidado y corrección democrática en cualquier lugar del mundo.

Es evidente que desde un criterio democrático todos debemos respetar la ley y que en este caso de Cataluña los independentistas no lo han hecho. No tengo ningún problema en condenar sus acciones ilegales una y otra vez, pero nuestra vigilancia como conciudadanos de un espacio común de un proyecto europeo compartido, más aún si somos intelectuales, debe comenzar por lo exigible al propio estado, que debe actuar conforme a los más altos estándares no solo cuando se trata del uso de la fuerza (mis amigos españoles suelen señalar que todos los gobiernos han pegado a manifestantes), sino también cuando se producen otros comportamientos represivos más sutiles. El legalismo irreflexivo no es suficiente para cualquiera que tenga en mente la historia europea, especialmente durante el siglo XX, o para cualquiera que escuche a autócratas “defendiendo” el imperio de la ley (por supuesto, Xi u Orban no tienen nada que ver con España, pero lo que pretendo decir es que la apelación a la “ley” es, no pocas veces, un truco muy extendido que no tiene por qué implicar una interpretación benigna). En su lugar, los gobiernos deben usar la ley para crear espacios que amparen y promuevan la expresión de todas las opiniones, garantizando lo que filósofos como Hannah Arendt, Etienne Balibar o Albena Alzmanova han concebido como el “derecho a la política” para todos, el derecho a ser reconocidos como “alguien que importa” por la comunidad política, teniendo no solo voto sino también voz, una opinión escuchable. En tales espacios, el consentimiento emerge como una práctica activa y no como un mero producto de la fuerza de la ley.

No tengo dudas de que tal “derecho a la política” ha estado presente en el corazón de la democracia española durante muchas décadas. ¿Pero acaso eso invalida que nosotros, extranjeros y a la vez conciudadanos europeos, tengamos derecho a trasladar nuestra preocupación acerca de estas cuestiones generales en una conversación con nuestros amigos españoles sin que se convierta en motivo de ser calificados de oprobio o ingenuidad?

La Conversación:

Por tanto, en aras del interés común, como ciudadanos europeos, intelectuales y demócratas, buscando fortalecer una esfera pública europea que se nutra de la diversidad y el diálogo, debatamos algunas de las cuestiones suscitadas por el tema catalán desde el punto de vista de los extranjeros.

¿Debe la intelligentsia movilizarse para defender “el honor de la nación? ¿no es aceptable e incluso plausible que defendamos un patriotismo más dialogante y abierto?

¿Debe el imperio de la ley verse reducido a “¿Imperar por Ley”, actuando como una varita mágica contra todas las críticas?

¿Puede la crisis catalana ser solucionada diciendo que los actos ilegales (de los nacionalistas catalanes) justifican los actos legales pero ilegítimos del otro (el estado español)? ¿No deberíamos preguntarnos si la manera en que el estado hace cumplir la ley genera aceptación o, si, en cambio, la erosiona?

¿Es suficiente con afirmar, como hace el gobierno español, que sus acciones están justificadas porque se apoyan en el veredicto de los jueces?

¿Es suficiente con apelar a la Constitución española cuando los observadores señalan que los catalanes no han tenido la opción de una consulta legal (aunque fuese consultiva y no vinculante), a diferencia de los escoceses o los habitantes del Quebec? Existen revoluciones y movimientos de liberación en la historia (por ejemplo, Gandhi…) que nos gustan y otros que no, ¿pero acaso hablamos de ellos solamente en base a su legalidad?

Si el disentimiento político (específicamente en cuanto a aspiración a un voto sobre la independencia) no puede expresarse legalmente, ¿acaso puede sorprendernos, incluso aunque los desaprobemos, que se busquen caminos alternativos?

¿Cómo puede esta omnipresente apelación a la Constitución evitar sonar como un mantra para los extranjeros, al menos en los casos en los que se afirma sin estar acompañada por un talante de diálogo y respeto?

Y, por último, ¿no deberíamos preocuparnos porque, aunque los principales partidos españoles puedan estar en lo cierto legalmente, el lenguaje que utilizan pueda interpretarse como una visión más intolerante hacia los “catalanes” que, finalmente, no sean capaces de controlar?

Si condenamos todos los nacionalismos, debemos ser consecuentes y apoyar una concepción abierta de democracia y el tipo de entendimiento del imperio de la ley que la acompaña. El objetivo de la conversación no es estar de acuerdo sobre si Cataluña tiene una “causa justa” para separarse, dada su creciente insatisfacción con el gobierno central. Tampoco sobre cuáles son los límites de un voto democrático, sea en Cataluña o en España, puesto que estas son cuestiones que ya están debatiéndose apasionadamente en España. El objetivo de la conversación es, precisamente, la conversación en sí misma.

La Unión Europea, tan querida por los españoles, es un proyecto de reconciliación. Y, si verdaderamente funcionara plenamente, debería ayudar a cada uno de sus estados miembros a inventar y reinventar cada día su propio proyecto de reconciliación nacional (es sabido que casi todos nuestros países tienen algún problema similar). No tengo ninguna duda de que la preocupación por la rendición de cuentas es compartida por muchos en España; también que, incluso si la gran mayoría de ciudadanos españoles están en contra de la independencia catalana, sí pueden estar de acuerdo en la importancia de movilizarse para defender la democracia y los derechos básicos para todos los españoles. Esperemos que los resultados del 21 de diciembre no contribuyan a polarizar aún más el debate, sino que ayuden, en cambio, a curar las divisiones que fracturan ahora mismo a la sociedad española. Una amplia alianza de diversas fuerzas políticas podría tomar cuerpo en España en contra de los abusos de poder, vengan de donde vengan, sea del estado, del gobierno nacional o del regional. Existe una plétora de trabajos y propuestas para crear una salida constructiva de una crisis que no puede ser solventada simplemente a través de unas nuevas elecciones. Sería una pena que tanto esfuerzo se desperdiciara y se perdiera una oportunidad histórica para llamar a la reconciliación y al reconocimiento mutuo.

Este artículo fue publicado en una versión previa en Open Democracy con el título “Catalonia and the Theaters of Recognition. Quiero agradecer a Tirso Virgós Varela y Marina Pérez de Arcos por su ayuda con la traducción.

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