Cataluña y la crisis del sistema español

A la luz de lo que está sucediendo en Cataluña, de lo que lleva sucediendo en los últimos años de hecho, se equivocan terriblemente los que circunscriben el conflicto al territorio catalán o a su coyuntura política, por no decir que yerran totalmente el análisis los que lo consideran un simple movimiento táctico liderado por unas elites cuya única ambición es mantenerse en el poder por cualquier medio.

Cualquiera de estas explicaciones hubiera valido si el movimiento independentista catalán se hubiese desmantelado hace tiempo o si su alcance hubiese sido minoritario. Pero no ha sido así. Cinco años después de su inicio formal (las raíces son más hondas) el bloque independentista, aunque no ha sabido crecer, se mantiene como el eje vertebrador de la política en Cataluña.

El éxito de esta empresa no puede explicarse por sí sola, ni atendiendo únicamente a factores endógenos de la situación catalana. Cataluña es la expresión de algo que va más allá, y que es la crisis del sistema político español.

El politólogo noruego Lars Mjøset diseñó un esquema muy simple para explicar la relación entre el sistema político y la sociedad en un estado democrático. Su idea nace de la concepción que ambos factores, sistema político y sociedad, tienen distintas formas de evolucionar en el tiempo. Mientras que la sociedad va evolucionando de manera continuada, los sistemas políticos acostumbran a ser estables a lo largo del tiempo. Esto provoca que cíclicamente se produzcan separaciones entre uno y otro, lo que obliga al sistema a modificarse, si no quiere sufrir una crisis de legitimidad.

El gráfico de Mjøset tiene la virtud de las explicaciones simples y muy visuales. En democracia, los sistemas políticos nacen de la confluencia con la sociedad, de un consenso social si se puede decir. Los sistemas son emanaciones de una sociedad determinada en un momento preciso del tiempo. Así, todo sistema político en democracia nace con una enorme carga de legitimidad, es decir con el acuerdo de una amplísima mayoría (ya sea expreso o tácito).

A partir de este momento fundacional, el sistema queda establecido, mientras que la sociedad va evolucionando, generándose una distancia entre ambos. La naturaleza estable de los sistemas políticos hace posible que la distancia entre éste y la sociedad se vaya agrandando con el tiempo, lo que obliga a la reforma del sistema, para volver a generar el contacto, el consenso, entre sociedad y sistema.

Si, por el contrario, el sistema no vuelve a enlazar con la sociedad, se produce una crisis del sistema, puesto que la pervivencia de este sin modificar su forma entra en contradicción con la nueva posición de la sociedad. La distancia entre uno y otro se vuelve dramática.

El esquema de Mjøset puede aplicarse a España y puede servir para explicar la situación actual. El sistema político actual tiene su origen en el acuerdo de 1978 que establecía un sistema democrático en España después de la dictadura franquista. Este sistema, concebido en una coyuntura muy particular, concita un consenso amplio en su origen, pero no varía en sus parámetros esenciales, a pesar de que la sociedad española sufra una profundísima transformación en los años que siguen.

Siguiendo a Mjøset, la relación entre la sociedad española y su sistema político ha sido de un continuado alejamiento, un distanciamiento cada vez mayor, que podría haber conducido a una crisis de sistema. En condiciones “normales” no se hubieses llegado a una situación terminal, sino que se habría desembocado en un acuerdo para la reforma del sistema, que permitiera la re-conexión con la sociedad y por ende la creación de un nuevo consenso que legitimara un sistema nuevo.

Pero no ha sido así. A pesar de los indicios que se acumulan y que muestran el estado terminal del sistema, no hay visos de encarar una reforma a través de un nuevo consenso, un nuevo encuentro, entre ciudadanía y sistema. Las únicas modificaciones parciales de la Constitución del 1978 se hicieron a demanda de las instituciones europeas, es decir, por obligación. En 2014 pareció que podría abrirse el camino, y de hecho se abrió con la abdicación de Juan Carlos I, personificación del consenso de 1978. La aparición de Podemos ese mismo año, y la ampliación del radio de acción de Ciudadanos desde Cataluña al conjunto del Estado al año siguiente, parecían anunciar un tiempo nuevo.

Pero el sistema, tal y como está concebido, ha sabido permanecer inalterable. Posiblemente porqué el equilibrio de fuerzas no le sea del todo desfavorable, o porque no existe realmente una agenda de cambio compartida por todas las fuerzas reformistas, a pesar de la evidencia que existe una fractura clara entre una parte importante de la ciudadanía y el sistema político.

Esta fractura es la que se hace más evidente en Cataluña. El independentismo nunca habría obtenido los apoyos de los que goza actualmente si no fuera por la deslegitimación de las instituciones y los actores políticos del Estado y la sensación de bloqueo y de incapacidad de iniciar una reforma en profundidad del sistema. Es así como el escenario catalán no puede entenderse si no es en el marco de la crisis del sistema general español.

El problema es que estamos realmente en una situación de bloqueo. Por un lado, el inmovilismo ha sido capaz de hacer frente a la crisis del sistema sin ceder a las fuerzas reformistas, pero no ha sido capaz de insuflar vida a un sistema moribundo. Ni tan siquiera echando leña al conflicto catalán, que algunos podrían haber visto como el salvavidas ideal contra los intentos reformistas. Ciertamente, la utilización del conflicto en Cataluña ha sido electoralmente beneficiosa para el PP (como lo ha sido, vaso comunicante mediante, para el independentismo) y en parte le permite seguir gobernando. Pero no ha conseguido sacarse de encima el fantasma de la crisis del sistema, simplemente lo ha mantenido vivo… con respiración asistida.

La capacidad de bloqueo de los inmovilistas se une a la incapacidad de los reformistas. Es cierto que han ganado el debate público, e incluso que (formalmente) tienen mayoría en el Congreso de los Diputados. También es verdad que han ganado batallas impensables frente a los inmovilistas. Ahí está la sorprendente victoria de Pedro Sánchez en la elección directa a secretario general del PSOE frente a Susana Díaz, que puede entenderse (más por los apoyos de cada uno que por los personajes en sí) como una pugna entre reforma e inmovilismo.

Aun así, a pesar de una coyuntura hasta cierto punto favorable, la reforma no ha conseguido abrirse paso, envenenada por las disputas internas y la debilidad de sus apoyos, que no consiguen inclinar la balanza de su lado.

La historia tampoco no ayuda, pues nos explica que raras veces los españoles han sabido reformar su sistema político. Por norma general se ha optado por la demolición (cuando ésta ha sido posible) o por el numantismo de las élites (las más de las veces). La reforma sólo ha sido posible en situaciones dramáticas y a unos costes extraordinarios. Más temprano que tarde se deberá ir a una reforma en profundidad del sistema político español (y no sólo de su articulación territorial). Hay quien preferiría ir dejándolo para conseguir no se sabe muy bien qué ventajas, cuando se aborde la cuestión, tarde y mal. El problema es que quizás cuando se llegue allí ya no habrá nada que reformar.

Autoría

1 Comentario

  1. Miquel Puig
    Miquel Puig 09-22-2017

    Gran artículo. El esquema – común a multitud de fenómenos humanos – es potente por su sencillez, la aplicación al caso español es clara, y la conclusión, contundentemente lúcida.

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