Caso Nóos: testigos que darán que hablar

La pieza 25 del Caso Palma Arena, así dicho, resulta anodino. Si decimos que es el Caso Nóos, es decir, el que ha llevado a sentar en el banquillo de los acusados, entre otros, al yerno del rey padre y a su hija –la primera princesa de sangre azul europea desde Maria Antonieta- ya sabemos de qué hablamos.

Pese al escepticismo de algunos, las cosas van en serio. Empezó con el Auto del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca, el 22 de diciembre pasado, cuando, a la vista de los escritos de acusación, que acordó la apertura del juicio oral y, por tanto, había que presentar de los escritos de defensa, que iremos conociendo en los próximos días.

Por su propia naturaleza estos escritos, no han de ser ni especialmente extensos ni especialmente fundamentados, basta con negar las acusaciones. Son los acusadores quienes en el acto del juicio oral, público y solemne, con inmediación judicial y con igualdad de armas, han de pasar del papel a la realidad los hechos que consideran delictivos. De hecho, los han de trasladar a la conciencia de los jueces, pues ese es el campo de batalla en el sistema, como el vigente, propio de estado de derecho, tal como impone el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento criminal (LECr).

Habrá acusados, como la propia Infanta Cristina que, en un relativamente breve escrito, no proponga prueba alguna y haga suyas las pruebas de las demás partes, aunque renunciaran a ellas. Su defensa es simple: firmaba porque era socia, ajena a la marcha de las empresas y se lo decía su marido en quien confiaba ciegamente. Es una vía de defensa; veremos si acertada o no

El otro extremo de las defensas es la de Diego Torres, ex socio de Urdangarín. Pone en marcha una apuesta sumamente arriesgada: la estrategia de la proceso de ruptura, propia de algunos juicios en los que los acusados, con razón o sin ella, entienden que sus juicios son políticos. El más reciente teórico y en parte practicante de este planteamiento fue el tan brillante como polémico y encantado de haberse conocido Jacques Vergès (1925-2013). En su libro de 1968 De la stratégie judiciaire (Éditions Minuit), editado en castellano en nada menos que 2009 (Estrategia judicial en los procesos políticos, editorial Anagrama), nos explica tal estrategia. En esencia, la misma pasa por no aceptar las reglas del proceso del acusador-opresor y, retorciéndolas, el acusado se convierte en acusador-víctima del sistema. Bajo el franquismo su lectura nos fue de alguna utilidad … teórica.

Sin, reitero, el dramatismo de los auténticos procesos políticos de opresión –algunos de cuyos verdugos más conspicuos, como Khieu Samphan o Klaus Barbie,  Vergès no tuvo empacho en defender- la defensa de Torres parece intentar esta arriesgada maniobra, pero no por ello desechable. A diferencia de la Infanta, no alega ignorancia; saber o no saber aquí es irrelevante. Lo decisivo es que la Casa Real estaba no solo al tanto, sino que autorizaba, dice la defensa, las actividades del grupo. Así, la Casa Real, vía el secretario de la Infanta, empleado de la Casa del Rey y nombrado por aquella, Carlos García Revenga, es el hilo conductor.

El acusado que decide, como estrategia de defensa, ofrecer una descripción de hechos alternativa, cuando no opuesta, a de la acusación ha de probar su versión. Para ello, al poner el foco en la intervención de la Casa Real, ha de llamar a algunos de sus miembros, según su versión, los más caracterizados, como testigos. El tribunal, cuando le sea remitida la causa íntegra, verificará las peticiones de pruebas y autorizará unas, pedirá aclaraciones sobre otras o denegará directamente el resto. Así es la ley.

La importancia de los testigos en el juicio penal es tal que están obligados a comparecer ante el juez y declarar en sede judicial; así lo establece el art. 410 LECr. Pero tras esta declaración solemne empiezan las excepciones, la inmensa mayoría sin justificación alguna en la actualidad. La primera excepción es la del Jefe del Estado. Así las cosas, uno de los testigos propuesto ya podemos asegurar que no asistirá nunca a juicio como testigo –ni como público-, pues será tachado irremisiblemente de la lista: Felipe VI, Rey de España. Y lo será porque así lo establece el art. 411 LECr. Cuestión aparte, pero no menor, es si ello produce indefensión a alguna defensa; llegado el caso, ya veríamos como se resolvería.

Todos los demás testigos tienen, como he avanzado, la obligación de atender el llamamiento del juez y de declarar; los privilegiados por escrito en su despacho, los ciudadanos comunes en la Sala de Justicia. Incumplir la primera obligación integra el delito de incomparecencia (art. 463. 1 CP) y la negativa a declarar integra delito de desobediencia grave (art. 556 CP). O sea que no es baladí. Así, el caso de la Infanta Elena es simple: se le aplicaría, si es llamada, el primer apartado del art. 412 LECr: citación y declaración, si lo desea, en su residencia.

Alguna duda podría abrigar quien considere que el rey padre y la reina madre son reyes. Desde luego en la Constitución solo hay un rey y es el actual Felipe VI. La LECr se refiere en singular al Rey o la Reina –no a sus consortes- y, separadamente a los demás miembros de la Casa Real, término más extenso que el de Corona, único constitucionalmente significativo. De todos modos, el rey padre y su esposa –que nunca poseyó cargo oficial alguno por vetarlo la Constitución- tienen conferido el tratamiento de rey y reina a título honorífico, de acuerdo a la modificación del Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, operada tras la abdicación del anterior monarca en junio del 2014 tal como lo establece el Real Decreto 470/2014, de 13 de junio. Se trata, a todo estirar, de una cuestionable cortesía honorífica.

Por lo tanto, en principio, de la lista de testigos propuesta por la defensa de Diego Torres el que con toda seguridad será tachado será el del Rey Felipe VI. Los restantes miembros de la Casa Real pueden ser citados y, caso de serlo, podrán, a su libre elección, declarar ante el Tribunal o en su residencia.

Estamos a punto de presenciar lo ni tan siquiera era imaginable hace menos de un trienio. Veremos que nos depara esta nueva realidad.

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