Candidatos en prisión

El auto del magistrado Llarena tiene un recorrido argumental impecable en el que se razona de manera valiente que no existe riesgo de fuga de los imputados, y que es ya muy escaso el riesgo de destrucción de pruebas. Para nada es un auto político, en ninguno de sus extremos, pese a lo que se dirá a continuación.

Sin embargo, cuando se pasa a valorar el tercer riesgo que cabe conjurar con la prisión provisional -el de reiteración delictiva-, la argumentación, pese a ser detallada y en su mayoría esencialmente prudente, se hace mucho más discutible. Se basa casi toda ella en un informe claramente apócrifo y a ratos simplemente ridículo -el informe Enfocats-, que los investigadores encontraron el pasado mes de septiembre en la vivienda del antiguo secretari general de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat, Josep Maria Jové. Ese informe, transcrito en parte por el magistrado, dibuja al parecer una estrategia de movilizaciones, interlocución internacional y creación de opinión ciudadana tendente a trasladar el conflicto político a toda la sociedad, provocando de ese modo una reacción del Estado para conseguir una negociación.

Todo ello no es delito, y así viene a reconocerlo el auto. Es simple estrategia política compartida con unos u otros fines por cualquier partido o grupo social. Pero se dice también que pese a que el carácter de las movilizaciones ha sido siempre esencialmente pacífico, se empezaban a observar comportamientos que permitían aventurar un posible estallido de la violencia. El propio auto dice que el riesgo no se puede aventurar por augurios o presentimientos, sino que debe estar basado en datos objetivos. Pero dichos datos se sacan sobre todo del malhadado informe Enfocats así como de otra hipótesis: que la movilización frente al Departament d’Economia -la que llevó a prisión a los Jordis– permitía augurar violencia futura, pese a que el propio magistrado reconoce el carácter pacífico de dicha movilización.

Es decir, para sustentar la hipótesis de violencia se parte de los datos de un informe grotesco que haría las delicias humorísticas de cualquier psicólogo social o experto en política internacional, así como de otra hipótesis -la hipótesis de la hipótesis-, constituyéndose de ese modo un razonamiento epistémicamente defectuoso: una conclusión -la violencia- basada en un indicio muy poco sólido -el informe apócrifo- y más que en otro indicio, en una nueva hipótesis, consistente en un supuesto riesgo de violencia de una movilización que se reconoce expresamente como pacífica. En resumen, hay violencia porque podría haber violencia. Se intenta reforzar toda esta débil argumentación deslizando finalmente una idea excesivamente controvertida, especialmente en el plano internacional: que la violencia del referéndum del 1-O habría partido de la ciudadanía. Quizás todo lo dicho sea excesivamente endeble como para sustentar algo tan sumamente grave como la violencia de una rebelión.

Por último, en el informe de marras se citaba como directores de la estrategia descrita a Junqueras y los Jordis (Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presidentes, respectivamente, de Òmnium y la ANC), motivo por el que se les mantiene en prisión, aparte de por haber dirigido éstos a los ciudadanos en la mencionada movilización ante el Departament d’Economia, estando presente también Oriol Junqueras; presencia que tenía sentido, no obstante, dado que era quien entonces ocupaba la cartera de Economía precisamente. Además, se infiere pasividad -que algún día habrá que demostrar realmente si la hubo o no- de las fuerzas del orden autonómicas, y por ello se mantiene también la prisión de quien fuera conseller d’Interior.

Dicho todo lo anterior, debo subrayar que el auto ni es ni pretende ser político, sino netamente jurídico, aunque en mi modesto entender con algunas carencias argumentativas que debieran ser resueltas probablemente en sentido contrario a la prisión. Pero aunque el auto no es político, sí tiene trascendencia política: uno de los más importantes candidatos -precisamente el que las encuestas señalan como más votado- no podrá participar en la campaña electoral. Y no podrá hacerlo más bien por lo que supone el auto que hizo desde su cargo, y no por lo que podría hacer si volviera a ocuparlo, porque para ello habría que esperar a que ganara las elecciones y la votación de investidura. Y es que las privaciones de libertad no deben juzgarse -como afirma el propio auto- por futuribles, sino por realidades presentes, que hoy no se dan.

Hay que tener en cuenta, además, que la declaración de independencia no fue tal, sino que se banalizó tan importante acontecimiento en la vida de un territorio por los mismos que la protagonizaron. Y esos mismos actores fueron los que correctamente no opusieron ni la más mínima resistencia a la intervención estatal de la comunidad autónoma. Es más, la facilitaron, comenzando por el único cuerpo armado de la autonomía. No se quedaron en sus puestos intentando ejercerlos ni llamaron a movilizaciones violentas a la ciudadanía, sino todo lo contrario. Recientemente, todos parecen haber aceptado la persecución de sus objetivos políticos por vías estrictamente legales. La reiteración delictiva, en estas condiciones, es difícilmente imaginable.

Se puede sentir repulsión por ese objetivo político y por el contrario. Se puede alarmar uno personalmente oyendo o viendo a los defensores del mismo. Pero nada de ello justifica que eso que se rechaza sea delito. Y no habiendo delito, difícilmente se justifica una privación de libertad.

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