Avalancha de reformas electorales autonómicas

El pasado martes, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció, dentro de una batería de medidas más amplia, su intención de reformar el sistema electoral madrileño. De este modo, pretende cumplir con algunas de sus promesas electorales, así como con algunos de los compromisos exigidos por Ciudadanos al Partido Popular para dar luz verde al acuerdo de investidura. De hecho, esto es algo que la formación naranja viene haciendo desde principio de legislatura en todas aquellas Comunidades Autónomas en donde resulta clave para la gobernabilidad. El mejor ejemplo de esto es Murcia: tras varias décadas con el mismo sistema electoral, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos consensuó su reforma con el PSOE y Podemos –a la que finalmente se sumó el PP-, y ello, tan sólo dos meses después de celebrarse las elecciones y apenas veinte días después de haber facilitado la investidura del popular Pedro Antonio Sánchez.

Por lo que se viene anunciando, existen posibilidades reales de que a lo largo de la legislatura se modifiquen los sistemas electorales -o al menos se discuta seriamente de ello en sede parlamentaria- en Comunidades Autónomas como La Rioja, Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias o Cataluña (no está de más recordar que, tras más de 35 años de autonomía de Cataluña, continúa siendo la única Comunidad que, sorprendentemente, aplica la normativa electoral estatal a falta de una ley electoral propia). Este efervescente escenario de posibles reformas electorales se explica por la radical transformación que han experimentado los sistemas de partidos en muchas Comunidades Autónomas tras los pasados comicios de mayo de 2015. La fuerte irrupción de nuevas formaciones políticas, determinantes ahora para la gobernabilidad autonómica, y cuyas perspectivas electorales han crecido al calor de la desafección ciudadana, de la pérdida de confianza en los partidos tradicionales y, en general, de la insatisfacción con los rendimientos del sistema político, ha supuesto el caldo de cultivo propicio para que se respire esta atmósfera de “regeneración democrática electoral”. Sobre algunas de estas reformas nos ocuparemos en próximos artículos.

Dicho lo anterior, no es menos cierto que en la pasada legislatura autonómica el PP también patrocinó un buen número de propuestas allá donde gobernaba. Mientras que en algunas regiones sólo las anunció o intentó ejecutarlas sin éxito, en otras, como en Castilla-La Mancha y Cantabria, consiguió materializarlas. El denominador común de estas propuestas consistía en reducir el tamaño de las Asambleas Autonómicas, con el pretexto de la crisis y de la necesaria austeridad de los poderes públicos. La modificación del sistema electoral castellano-manchego es el ejemplo paradigmático.

La reforma electoral llevada a cabo en Castilla-La Mancha en el año 2014 fue ciertamente controvertida. Con ella, el PP dio un giro de ciento ochenta grados, aprobando en solitario -tanto en Castilla-La Mancha, como en las Cortes Generales- la reforma del Estatuto de Autonomía. Nótese que lo hizo tras haber emprendido una reforma electoral a principios de la legislatura pasada –en el año 2012- y, además, en un sentido diametralmente opuesto. Si en 2012 aumentó el número de escaños de 49 a 53, con esta reforma se redujo su número drásticamente hasta 33 diputados.

Pues bien, el principal problema que se plantea a este respecto es el del pequeño tamaño del Parlamento y, en consecuencia, la baja magnitud de las circunscripciones –las cinco provincias manchegas- que produjo esta fuerte disminución en el número de escaños. Si atendemos a los resultados arrojados por las últimas elecciones autonómicas de 2015, se confirman las sospechas. De entrada, debe recalcarse que el gran partido damnificado por este nuevo sistema electoral ha sido Ciudadanos, que con más del 8,5% de los votos a nivel autonómico, se ha quedado sin representación en el parlamento. Quizás el mejor ejemplo se encuentre en la circunscripción de Guadalajara, lugar donde esta formación ha obtenido más del 12% de los votos, pero, sin embargo, no ha conseguido ningún escaño. El otro partido penalizado por este nuevo sistema es Podemos, formación política que ha irrumpido en la cámara con sólo 2 escaños, si bien es cierto que su presencia ha sido determinante para pactar con el PSOE el desalojo del PP del Gobierno. Como es lógico, los grandes favorecidos han  sido los partidos mayoritarios, PP y PSOE, que con el 37,5% y el 36% de los votos respectivamente, se han visto sobrerrepresentados en las Cortes castellano-manchegas con el 48,5% y el 45,5% de los escaños también respectivamente.

Ahora bien, más allá de los efectos políticos que este nuevo sistema electoral ha producido, interesa destacar que el Tribunal Constitucional se ha visto obligado a pronunciarse sobre esta reforma electoral, a partir de los recursos de inconstitucionalidad resueltos en la STC 197/2014, de 4 de diciembre, y en la STC 15/2015, de 5 de febrero. No merece la pena detenerse demasiado en estas dos sentencias, pues el Alto Tribunal no innova en su dcotrina sobre estas cuestiones. En ambos pronunciamientos, el Tribunal sostiene la constitucionalidad del nuevo sistema electoral, pues entiende que la reducción del número de diputados autonómicos no vulnera ni el pluralismo político, ni el derecho a acceder a los cargos representativos en condiciones de igualdad, ni a la proporcionalidad, principios y derechos todos ellos contenidos en diversos preceptos de la Constitución Española.

No obstante, lo cierto es que el Tribunal peca de inocente, pues esta reforma del sistema electoral resulta problemática jurídicamente hablando, desde una perspectiva que no se llega a explorar lo suficiente en estas sentencias: los altos «umbrales efectivos» que se producen debido a los pocos escaños que se reparten en las distintas circunscripciones.

El concepto de «umbral efectivo» hace referencia al porcentaje de votos mínimo con el que un partido consigue su primer escaño en una determinada circunscripción electoral.  Aunque son varios los factores que influyen, la regla elemental es que cuanto mayor sea la magnitud de la circunscripción –cuantos más escaños a repartir- menor será el umbral efectivo y viceversa. A diferencia del umbral efectivo, el «umbral legal» -también denominado barrera electoral- es el porcentaje de votos válidos que la ley exige a un partido para que éste pueda entrar a la distribución de escaños. En el sistema electoral de Castilla-La Mancha, dicho umbral electoral se ha fijado en el 3% de los votos a nivel provincial. Sin embargo, este umbral no ha tenido operatividad hasta la fecha. Y ello, porque existe una barrera fáctica -el umbral efectivo- que obliga a los partidos que aspiran a obtener representación parlamentaria a cosechar un porcentaje bastante superior al 3%. En concreto, y tras la reforma operada por la nueva ley electoral, los umbrales efectivos oscilan aproximadamente entre el 8% en Toledo y el 14% en Cuenca y Guadalajara.

En definitiva, esto significa que el legislador autonómico habría realizado una distribución de escaños que exigiría que los partidos necesiten obtener un 8% de los votos en la circunscripción más favorable, para conseguir al menos un escaño. Este porcentaje es bastante superior al 6% que hasta la fecha, el Tribunal Constitucional había considerado admisible. En efecto, en la polémica STC 225/1998, de 25 de noviembre, el Tribunal declaró constitucionales las ya de por sí desorbitadas barreras del sistema electoral canario. Con estas sentencias el Tribunal Constitucional se reafirma en una posición excesivamente permisiva, al no poner freno a los excesos de un legislador autonómico que, soterradamente, persigue eliminar adversarios políticos mediante la manipulación electoral.

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