Arranca, por fin, la transición energética

El pasado 5 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, en el que por fin pudimos ver algunas de las medidas que se esperaban desde que el nuevo Gobierno tomó posesión.

La verdad es que este real decreto estaba en parte motivado por la urgencia, debido a los altos precios de la electricidad que preocupan desde hace meses a los ciudadanos y a la industria. En ese terreno, el Gobierno consolidó la suspensión temporal (ya anunciada) del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante los próximos seis meses, a la que se sumó la exención del impuesto sobre hidrocarburos para la generación eléctrica con gas natural, que afecta tanto a los ciclos combinados como a las co-generaciones con gas.

Estos impuestos, que suponían costes para los generadores, eran trasladados íntegramente al precio al que ofertaban en el mercado y la lógica del Gobierno es que su eliminación o exención debería producir el efecto contrario. En realidad, si bien las subidas de impuestos potencialmente trasladables a la demanda tienden a ser repercutidas en los precios de forma exacta, no está tan claro que suceda igual con las bajadas. Es conocida la reciente polémica sobre la no aplicación de la bajada del IVA cultural en muchas salas de cine o, en el sector de los carburantes, el llamado efecto cohete-pluma, por el que la subida del petróleo repercute rápidamente en los combustibles (como un cohete), mientras que la bajada se observa mucho más despacio (cae como una pluma). Hay miedo a que en este caso pueda pasar algo similar en proporción o velocidad, aunque la realidad es que la semana posterior al decreto el mercado diario de electricidad casó a precios varios €/MWh inferiores a la semana previa. No obstante, hará falta un poco más de perspectiva y un análisis detallado para confirmar que el mercado ha reaccionado en la proporción adecuada.

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En lo referente a los consumidores más vulnerables, el Gobierno redefinió el bono social eléctrico, ampliándolo a algún colectivo y aumentando el límite de energía bonificada, y creó el bono social térmico, inexistente hasta el momento y que, a diferencia del anterior, toma la forma de ayuda económica directa a cargo de los Presupuestos del estado.

Pero quizá lo más interesante de este real decreto es la parte de menor urgencia y que estaría más condicionada por la visión que tiene el Ministerio sobre el futuro energético de España. La medida estrella ha sido la derogación del peaje de autoconsumo o, como era conocido popularmente, el ‘impuesto al sol’, eliminándose cualquier carga al autoconsumo de electricidad. Además, se simplifican los trámites administrativos para dar de alta la instalación, se elimina la necesidad de contador para facturar el peaje de autoconsumo y se permite que la potencia de la instalación sea superior a la contratada de consumo. Finalmente; y aunque el real decreto lo deja pendiente para una regulación posterior, se abre la puerta a una regulación futura del balance neto que permita compensar la energía vertida a la red con la demandada en otras franjas horarias.  

El peaje de autoconsumo era algo que ya tenía fecha de caducidad después del pacto alcanzado por las distintas instituciones de la UE el pasado junio, existiendo un plazo de 18 meses para acabar con esta figura. Su impacto en la recaudación de ingresos para el mantenimiento del sistema eléctrico, que existe y era lo que justificaba el peaje, no es distinto al de cualquier medida de eficiencia energética, las cuales no sólo no están gravadas sino que, además ,suelen estar promocionadas legalmente. En España, además, todos los consumidores pagan un término fijo por potencia que en principio no se ve afectado por la existencia de autoconsumo sin almacenamiento, por lo que su impacto es todavía menor al de otros países de nuestro entorno. Su existencia, por tanto, no tenía sentido y su eliminación acaba con una anomalía que nunca debió regularse, al menos de la forma en que se hizo.

El establecimiento de un marco legal favorable al autoconsumo podría permitir que se instalasen en España alrededor de 300 megavatios (MW) de potencia anuales, según cifras dadas por el propio director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), que ayudarían mucho a los objetivos de descarbonanización fijados para 2030. Para poner estas cifras en contexto, téngase en cuenta que en España se instalaron en 2017, entre autoconsumo y generación, sólo 135 MW de potencia fotovoltaica. Quizá 300 MW anuales puede parecer poco frente a los 30.000 de proyectos fotovoltaicos de generación que hay en trámite en España (que no quiere decir que se acaben construyendo todos), pero precisamente por eso las limitaciones a su desarrollo resultaban incomprensibles.

Otra de las medidas de este real decreto, y que ha pasado bastante desapercibida, es la eliminación de la figura del ‘gestor de carga’, que obligaba a quien quisiese ofrecer servicios de recarga a vehículos eléctricos a darse de alta como tal y que sus estatutos reflejasen esa actividad. Esto representaba un freno obvio a la instalación de puntos de recarga en lugares públicos como parkings o lugares de pública concurrencia, que lo que hacían era ofrecer recargas de cortesía a sus clientes, es decir, gratuitas, para no cobrar por una actividad que no podían ejercer.

La eliminación de esta figura permitirá la extensión de los puntos de recarga en estos ámbitos, sobre todo el de los parkings públicos o privados ajenos a los bloques de viviendas y en las estaciones de servicio, necesaria para convertir al vehículo eléctrico en una tecnología sin las limitaciones de infraestructura que tiene actualmente frente a sus competidores.

El Ministerio de Transición Ecológica ha plasmado en el decreto algunas de las cosas que le veníamos escuchando a la ministra Teresa Ribera desde hace meses. Su compromiso con la promoción de las energías renovables y con el desarrollo del vehículo eléctrico parece claro, y formará parte de las prioridades de este Departamento. Eliminar el impuesto de hidrocarburos a los ciclos combinados, pero no el impuesto especial al carbón (cuando de haberlo habría podido probablemente reducir algo más el precio del mercado) parece mostrar también su voluntad de reducir las emisiones de CO2 como objetivo central de su política (un ciclo combinado genera menos de la mitad de CO2 por MWh generado que una térmica de carbón). El pacto presupuestario entre el PSOE y Unidos Podemos también parece ir en la misma dirección de la voluntad que emana del decreto.

Sin embargo, las dificultades de este Gobierno para legislar son obvias. A pesar de que el camino emprendido es coherente con los grandes retos de la transición energética y está en línea con Europa, la enorme crispación política del momento pudiera dar al traste con medidas que, en otra situación, podrían recibir un consenso nacional muy amplio. Al final se llevarán a cabo, en ésta o en una próxima legislatura, pero convendría que en temas tan centrales como éste los partidos políticos dejasen de lado sus luchas electorales, pues no vamos precisamente sobrados de tiempo para cumplir los objetivos a los que nos hemos comprometido.

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