Ante la suspensión de la autonomía de Cataluña

Las medidas contenidas en el acuerdo de aplicación del artículo 155 CE adoptado ayer por el Consejo de Ministros suponen una auténtica suspensión de la autonomía de Cataluña desde su entrada en vigor, en caso de aprobación del Senado, hasta la celebración de nuevas elecciones autonómicas. Las decisiones gubernamentales y administrativas en Cataluña se adoptarán por autoridades legitimadas en el ámbito estatal y no en el autonómico, y las decisiones legislativas se someten a un “veto” igualmente estatal, aunque formalmente limitado al respeto de lo establecido en el propio acuerdo.

De este modo, el Gobierno ha asumido que la Constitución permite adoptar todas las “medidas necesarias“ para su protección, sin que las mismas se limiten a la impartición de instrucciones, a la sustitución de autoridades o siquiera al ámbito del Ejecutivo.  Se trata de una posición que cifra el único límite de las posibilidades abiertas por el artículo 155 CE en su carácter temporal y, sobre todo, en su adecuación y proporcionalidad para el alcance de la finalidad de restablecimiento del orden constitucional, esto es, el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de la Comunidad Autónoma y la protección del interés general de España. Cese del Gobierno y el Presidente, asunción de las facultades gubernamentales y de la decisión de convocatoria de elecciones autonómicas y limitación de las facultades parlamentarias son una rotunda expresión de esta posición.

Se trata de una comprensión indudablemente intensa del mecanismo del 155 CE, pero también franca y realista en cuanto que sitúa el incumplimiento de las obligaciones constitucionales y el atentado al interés general en la mayoría parlamentaria, política, que sustenta al actual Gobierno de la Generalitat. El incumplimiento no está en la actuación administrativa de una o varias autoridades gubernamentales, ni siquiera en la todavía dudosa declaración más o menos formal de independencia hecha por el Presidente de la Generalitat y, sin duda ahora, suspendida por él mismo. El incumplimiento y el atentado está en la abierta desobediencia al ordenamiento jurídico español en el camino hacia el logro de la independencia de Cataluña. Una desobediencia que no han logrado frenar ni las sentencias del Tribunal Constitucional ni las actuaciones de los tribunales ordinarios ni los requerimientos del Gobierno. La limitación del 155 a facultades administrativas o gubernamentales, sin incidencia en esa mayoría política, es una posición defendible jurídicamente, y defendida repetidamente en estas mismas páginas. Pero deja sin respuesta posible el incumplimiento y daño al interés general  de carácter político. Ése ha sido el relevante en estas semanas, y la necesidad de que exista una respuesta  constitucional a esa situación me lleva a asumir la constitucionalidad de la interpretación concretada en el acuerdo del Gobierno.

El restablecimiento de una situación de crisis política sólo puede ser político. De ahí la medida fundamental del acuerdo: la asunción por el Presidente del Gobierno de la facultad de convocar elecciones autonómicas en un plazo de seis meses. Se trata de una medida que respeta el pleno mantenimiento de la autonomía tras su suspensión y que resulta necesaria para posibilitar una actuación de los parlamentarios acorde con el sistema constitucional, independientemente del resultado de esas elecciones y de la defensa legítima de la independencia de Cataluña y es, además, la menos gravosa de las posibilidades en relación con los actuales parlamentarios.

El resto de medidas se justifican de hecho en la necesidad de proceder a nuevas elecciones, evitar inmediatas derivas y actuaciones inconstitucionales encaminadas a la independencia o la desobediencia, y hacerlo en un marco suficiente para los principios democrático y de pluralismo político. Las enormes dudas sobre el cumplimiento voluntario por parte de la administración de la Generalitat, que no creo que puedan considerarse injustificadas, han llevado al Gobierno a proponer la asunción del máximo de poderes a esos efectos, lo que exigirá un control efectivo y detallado de sus actuaciones en ejercicio de esos poderes desde el punto de vista de la proporcionalidad. La intervención de la Generalitat no se hace ni puede hacerse para imponer una determinada opción política, sólo para imponer el necesario respeto al orden constitucional y alcanzar la finalidad de la convocatoria de elecciones, garantizando la gestión ordinaria de los poderes de la Generalitat, de un modo similar al que debería asumir un gobierno en funciones.

Algunas de las medidas propuestas (muy señaladamente las referidas al veto a las actuaciones parlamentarias y algunas previsiones de carácter ejecutivo en relación con ámbitos concretos y con la posición de los empleados públicos) pueden plantear dudas desde esa proporcionalidad ya en cuanto a su previsión, pero muy especialmente en cuanto a su eventual ejercicio. La tramitación en el Senado se constituye en la última oportunidad de modificar estas posibilidades, por cuanto la posterior impugnación, aunque posible, se antoja de difícil éxito. Aunque la revisión de las medidas (también para prolongarlas si fuere necesario) es siempre posible y hasta recomendable a la vista de sus futuros resultados.

El acuerdo no es sólo, sin embargo, la base de la futura suspensión de la autonomía de Cataluña. Es también, y espero que sobre todo, un último intento de situar al Presidente Puigdemont ante su responsabilidad con esa misma autonomía. La dureza de la redacción del acuerdo se explica fundamentalmente por esa voluntad de evitarla mediante una previa convocatoria de elecciones autonómicas por el propio Presidente de la Generalitat, decisión que sigo creyendo la única políticamente justificable en el actual momento.

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.