Anonimato y acceso a Internet

El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a que adopte medidas en relación con el acceso y el anonimato en Internet. En los propios términos de la Proposición se pretende “proteger la identidad digital de los usuarios e impedir la impunidad del anonimato en Internet”. En esta Proposición, que de ser aprobada no tendría efectos jurídicos sino únicamente políticos, se presentan medidas interesantes como, por ejemplo, estudiar los mecanismos que permiten “proteger la identidad digital del usuario (…) contra el uso fraudulento de sus datos personales” o la posibilidad de elaborar un “plan integral de seguridad y buenas prácticas en Internet”. Pero también se incluyen otras que resultan más preocupantes al entrar en colisión con las libertades comunicativas proyectadas en el ámbito digital: así, cuando se propone acabar con la impunidad del anonimato en Internet, en caso de delito, y “modificar las leyes para restringir y limitar el acceso a la red a todos aquellos que las incumplan”; o “arbitrar medidas para que los proveedores de servicio en internet requieran la identificación de los usuarios, mediante una identidad administrativa real, de forma previa a la utilización de dichos servicios”.

Aunque habrá que esperar a ver si, llegado el caso, se pone encima de la mesa un proyecto normativo concreto para formular un juicio más preciso sobre la constitucionalidad de estas medidas; creo de forma preventiva ya pueden formularse algunas advertencias ante esta alarmante iniciativa parlamentaria, en la medida que su desarrollo puede terminar comprometiendo el ejercicio de nuestra libertad de expresión y de información en Internet.

Internet, como ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es “en la actualidad el principal medio de la gente para ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información: ofrece herramientas esenciales de participación en actividades y debates relativos a cuestiones políticas o de interés público” (asunto Ahmet Yildirim c. Turquía, de 18 de diciembre de 2012, § 31 y 55). Más allá ha ido el Tribunal Supremo norteamericano (Packingham v. North Carolina, de 19 de junio de 2017) que recientemente ha recordado que las redes sociales “proporcionan los mecanismos más poderosos disponibles para un ciudadano para hacer oír su voz. Permiten que una persona con acceso a Internet ‘se convierta en un pregonero con una voz que puede resonar más lejos de lo que podría en cualquier otra tribuna’”. Incluso, expone ejemplos concretos sobre cómo Facebook permite a sus usuarios debatir sobre religión y política con sus amigos y vecinos, o compartir fotos sobre sus vacaciones; LindedIn, ayuda a buscar trabajo; o cómo a través de Twitter se puede interpelar a nuestros representantes políticos.

De ahí que el acceso a Internet haya sido afirmado no sólo como un derecho de acceso a la tecnología en sí misma (lo que llevaría aparejado su reconocimiento como un servicio universal al que todos los ciudadanos han de poder acceder, generándose incluso obligaciones prestacionales al Estado), sino también como parte “inherente del derecho de acceso a la información” protegido por nuestras Constituciones (asuntos Yildirim c. Turquía, de 18 de diciembre de 2012, § 31; Jankovskis c. Lituania, de 17 de enero de 2017, § 54; y Kalda c. Estonia, de 19 de enero de 2016, § 44; y también pueden verse The Joint declaration on freedom of expresion and the Internet (UN, OSCE, OAS, ACHPR), suscrita el 1 de junio de 2011, y The European Charter of Rights of Citizens in the Knowledge Society). Hoy por hoy no podemos hablar de un auténtico reconocimiento de la libertad de expresión y de información si se ponen trabas para el acceso a la información y a la posibilidad de publicar en Internet. Lo cual no nos lleva a concluir que estas libertades sean ilimitadas, pero sí que debemos ser especialmente cautelosos ante cualquier medida restrictiva de las mismas.

En este marco, bienvenidas sean las propuestas que ayuden a mejorar la seguridad de los usuarios digitales y aquellas medidas que permitan desarrollar con mayor eficacia la comisión de cualquier ilícito a través de Internet, siempre y cuando con ello no se menoscaben de manera general las libertades de los ciudadanos. En este sentido, considero que tratar de establecer una exigencia universal de identificación a través de Internet supone, a priori, una medida excesivamente gravosa que difícilmente va a poder justificarse. Traslademos lo que esto implicaría en el mundo físico: ¿nos imaginamos ir por la calle con una placa puesta con nuestro número de “identificación administrativa”? ¡Que cada vez que quisiéramos tomar un café y leer un periódico tuviéramos que enseñar nuestro DNI! Y, lógicamente, que todo ello quede bien guardado en un registro (algo así como hacemos cuando vamos a un hotel). Aún más, ¿acaso no forma parte del libre desarrollo de nuestra personalidad forjarnos identidades alternativas con las que poder interactuar con otras personas? Ello no tiene que significar estafa alguna. Pues bien, en Internet se ha generado una sociedad, el ciberespacio, con sus plazas públicas, sus calles, sus barrios…, y por ella podíamos circular y vivir como simples ciudadanos anónimos tal y como lo hacemos en nuestras ciudades, algo que ahora puede estar en peligro en el mundo digital.

David Kaye, Relator especial de la ONU para la promoción y protección de la libertad de opinión y de expresión concluía en un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos que la encriptación y el anonimato en Internet “proporcionan la privacidad y seguridad necesarias para el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión en la era digital” por lo que cualquier restricción que afecte a estos ámbitos debe ser lo más limitada posible de acuerdo con los “principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y legitimidad” (Report on encryption, anonymity, and the human rights framework, Mayo 2015).

Unas cautelas que deben tenerse muy presentes ante cualquier intento de regular Internet. Frente a aquellos que proclaman el ideal de la seguridad, prefiero enfatizar nuestra condición como ciudadanos libres. No somos potenciales delincuentes que tengamos que someternos a medidas de control y registro por si algún día cometemos un ilícito. Y precisamente Internet, según lo dicho, nos ofrece hoy un excepcional espacio de libertad, pero no debemos desconocer que éste puede degenerar en un potente instrumento de control.

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