A propósito de la EPA: El (mal) camino de las reformas

Los datos publicados ayer de la Encuesta de Población Activa muestran un crecimiento del empleo de casi el tres por ciento en términos interanuales. Con este, ya son cinco trimestres consecutivos en los que la economía española tiene más personas trabajando que el año anterior. Incluso antes de saberse la cifra exacta habíamos visto a representantes del gobierno sacar pecho para afirmar que estamos ante una nueva economía, un nuevo mercado de trabajo que es capaz de generar puestos de trabajo con un menor crecimiento del PIB. Al margen de que la relación entre el crecimiento económico y las reformas realizadas es, como mínimo, dudosa, resulta muy discutible afirmar que las características del mercado de trabajo actual sean realmente distintas a las previas a la crisis en los aspectos esenciales.

Es claro que la capacidad de actuación del empresario se ha visto reforzada en detrimento del poder de negociación de los representantes de los trabajadores pero –al menos en teoría– esto no era un fin en sí mismo sino un medio para conseguir superar los problemas existentes.

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Un resumen sencillo de estos problemas puede centrarse en la baja calidad del trabajo y del empleo, que son dos caras de la misma moneda. Comenzando por la primera –el valor del producto generado por la mano de obra–, España no destaca por el alto valor añadido de su economía, y aunque estamos en la media de la Unión Europea, vamos por detrás de los países a los que nos gustaría compararnos. Es cierto, como se observa en el gráfico, que la productividad por hora trabajada ha crecido en los últimos años, pero esto se debe precisamente a las patologías de la calidad del empleo; la destrucción de puestos de trabajo ha sido esencialmente entre los temporales, menos productivos. De esta forma, la media aumenta porque los “peores” son expulsados. Por el contrario, desde que comenzó a crearse empleo neto, el crecimiento de la productividad por ocupado se ha estancado.

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En relación a la calidad del empleo, baste recordar que tenemos una tasa de temporalidad diez puntos más alta que la de la Unión Europea, y sólo superada por Polonia. La caída en los últimos años no era más que destrucción de empleo, y de hecho ya está revirtiéndose. Si a principios del año pasado la temporalidad era del 23,1%, en los datos publicados ayer ya alcanza el 25,1%, con un importante cambio de tendencia hacia la temporalidad en los datos recién publicados. Pero es que, además, esta temporalidad es cada vez más precaria; como vemos en el siguiente gráfico casi la mitad de los contratos duran hoy menos de una semana, cuando antes del inicio de la crisis “solo” eran un 29%.  Incluso entre los indefinidos la situación ha empeorado, con un crecimiento muy notable del empleo a tiempo parcial involuntario. Por ejemplo, si en 2007 sólo un 2,5 % de los indefinidos tenía un trabajo a tiempo parcial queriendo un empleo a tiempo completo, hoy ese porcentaje prácticamente se ha triplicado.

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De modo concentrado –podrían darse muchos más datos– se han presentado cifras que muestran la mala salud de nuestro sistema de relaciones laborales. Sin embargo, al margen de este diagnóstico que el lector probablemente ya intuía, es necesario profundizar en las causas del naufragio. Es preciso preguntarse de dónde viene este comportamiento de nuestras empresas, por qué contratan mucho en épocas de bonanza y prescinden rápidamente de sus trabajadores cuando vienen mal dadas. Las reformas realizadas durante la crisis han tratado de facilitar tanto contrataciones como despidos, lo que supone fomentar precisamente estas conductas. Es, ciertamente, una estrategia cortoplacista que supone una renuncia al crecimiento estable de la productividad.

Aunque podrían mencionarse otros muchos elementos –que exigirían amplios debates– como el régimen de competencia o la fiscalidad de empresa y trabajadores, son dos los aspectos en los que quiero centrarme. En primer lugar, lo que comúnmente se define como “costumbre de la precariedad” o “hábito de la temporalidad”:  muchas empresas han generado una estructura (al menos para ciertas actividades) que se basa en una alta rotación de trabajadores. El origen de este fenómeno hay que encontrarlo en los años ochenta del siglo pasado, con la creación del contrato temporal de fomento del empleo como mecanismo de lucha contra el paro. Cuando en los años noventa se trató de dar marcha atrás, ya era demasiado tarde. La progresiva eliminación de dicho contrato temporal simplemente significó su sustitución por contratos eventuales. No reiteraré los problemas de nuestro sistema de indemnizaciones por despido, bastando con decir ahora que el sistema de costes (incluyendo los judiciales, el tiempo y la incertidumbre) hacen poco atractivo el contrato indefinido cuando se trata de trabajadores fácilmente sustituibles. El legislador está mandado una señal equivocada al empresario cuando le dice que tendrá que indemnizar menos (y con menor probabilidad de judicialización) si contrata sucesivamente a muchos temporales que si opta por un indefinido.

Pero si se busca un mercado de trabajo de calidad no sólo podemos mirar a la demanda (las empresas que contratan), sino que es preciso valorar también la oferta (los trabajadores). El sistema educativo y formativo es clave en este sentido. Con trabajadores bien cualificados resulta mucho más atractivo invertir en productos más complejos y que generen mayor productividad. Y aquí , de nuevo, España presenta una foto atípica. Como puede verse en el gráfico, no sólo tenemos demasiadas personas sin cualificación más allá de la secundaria obligatoria, sino que también hay un exceso de titulados superiores; de hecho, se trata de prácticamente el único país (junto con Luxemburgo) en el que este grupo supera al intermedio.

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Lamentablemente, esto no implica, como habrá intuido el lector, que tengamos un tejido productivo que exija esta altísima formación, sino que aproximadamente un 37% de los universitarios ocupan puestos que no exigen esta cualificación. En consecuencia, faltan titulados intermedios y hay un exceso de personas sin titulación o con formación excesiva; al margen del derroche que supone gastar en una enseñanza superior que no va a poder generar rendimientos ni públicos ni privados, se dificulta notablemente la inserción laboral.

La unión de ambos factores conduce a un tejido productivo anómalo, que apuesta por un trabajo de baja cualificación y barato con una mano de obra a menudo sobrecualificada. Las consecuencias las soportan fundamentalmente los trabajadores menos cualificados. Las empresas que aprovechan el capital humano disponible compiten en pie de igualdad –unas lo harán mejor y otras peor– con sus pares de todo el mundo. Pero un gran número de compañías tienen que conformarse con competir en costes de productos con poco valor añadido. Así, a lo largo de los últimos años son los trabajadores con situaciones de mayor precariedad quienes más renta han perdido.

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En definitiva, la recuperación del empleo no puede ocultar que nuestro sistema de relaciones laborales, que incluye tanto legislación laboral como otros muchos elementos, no es sustancialmente distinto al existente antes de la crisis, que permitió en pocos años mínimos y máximos históricos de desempleo.

Por tanto, es más que probable que en los próximos años veamos nuevas reformas laborales y educativas (y también industriales, fiscales…). La insistencia en las mismas recetas (liberalización y apuesta por la universalización de los estudios superiores) debería dejar paso a fórmulas más audaces. El debate está abierto.

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