3 preguntas para una política pública sobre gestación subrogada

Tenemos un problema con la gestación subrogada. Los padres de intención españoles, sean estos personas solas o parejas de diferente o mismo sexo, conciben ‘por subrogación’ hijos en países donde esta práctica es legal. Luego aspiran a inscribirlos en España como hijos suyos, sin mención a la madre biológica, lo que colisiona con nuestra legislación. Las soluciones vertidas hasta la fecha, tanto por los tribunales como por alguna actuación normativa Ministerial, son incompletas, y dan demasiada cancha a la inseguridad jurídica.

Ciudadanos, consciente de esta situación, lleva ya algunos meses hablando de la necesidad de regular jurídicamente las decisiones de mujeres que quieran gestar para otros en España, así como la situación legal de los hijos concebidos por esta práctica en el extranjero. Está librando esta batalla en solitario. Los partidos de izquierda prefieren evitar el debate, buscando soluciones parciales que se centren precisamente en la inscripción registral de los hijos concebidos en el extranjero. Sienten la presión del movimiento feminista, que clama contra la mercantilización del cuerpo femenino y cuestiona la verdadera voluntariedad de las mujeres gestantes para otros. El sector más conservador del PP se opone, aunque en este caso por motivos de corte religioso y moral. El único apoyo viable para Ciudadanos puede provenir del sector más moderado del PP, que es inmune por lo general a los argumentos feministas pero que tampoco hace bandera del conservadurismo religioso. En una reciente votación sobre gestación subrogada en la Asamblea de Madrid, Ciudadanos obtuvo exclusivamente el apoyo de este ala moderada del PP (lo cual no fue suficiente para sacar adelante la votación al tener en contra los votos de PSOE, Podemos y de algunos diputados muy conservadores del PP). 

Es una buena noticia que la gestación subrogada llegue a las arenas parlamentarias. Hablar sobre gestación quizás nos entrene para encarar este y otros temas morales (prostitución, por ejemplo) de una manera más valiente de lo que hemos hecho hasta ahora, evitando el creciente número de situaciones enfangadas en la indeterminación jurídica. Desde la perspectiva del análisis de políticas públicas, una futura política sobre gestación subrogada deberá tomar posición sobre, al menos, las siguientes cuestiones:

(1) ¿Una política expansiva, o una política restrictiva?

Se tendrá que decidir si ceñir la actuación legal a la situación legal de los hijos concebidos en el extranjero (quizás en la dirección marcada por el Ministerio de Justicia en 2010, que permitía la inscripción consular de estos niños) o si, por el contrario, modificar nuestra legislación y permitir a las mujeres españolas ‘gestar para otros’. Se ha de recordar que, en la actualidad, y sin ser objeto de castigo penal, los acuerdos que tengan como objetivo la cesión de la maternidad no generan ningún efecto legal tanto si están celebrados en España, o en el extranjero por mujer española. Una política futura tendría que decidir, pues, sobre la posibilidad de conceder algunos efectos a estos acuerdos de gestación, siguiendo, por ejemplo, el modelo Griego que permite a las mujeres de aquel país gestar para otros.  Los escasos datos de encuesta disponibles no permiten aún conocer qué grado de apoyo encontraría la versión expansiva de la política. El CIS preguntó en 2014 (estudio #3032) exclusivamente sobre la posibilidad que un hombre solo recurriera a la reproducción asistida a través de un ‘vientre de alquiler’, sin mención alguna sobre la nacionalidad de la madre. Formulada así, más del 50% de los españoles estaban ‘mas bien a favor’; el apoyo era particularmente acusado entre los votantes de izquierda y, también, entre los votantes de UPyD.

(2) ¿Alto o bajo nivel de protección a las gestantes?

Muchas de las críticas (legítimas) contra la gestación subrogada ponen el acento en las consecuencias para las madres gestantes, particularmente en los países en vías de desarrollo o con grandes niveles de pobreza y exclusión social. El desarrollo de una lucrativa red de gestores, abogados y clínicas en torno a la gestación en varios países refuerza los argumentos de quienes ven en la gestación subrogada una nueva forma de mercantilización y cosificación del cuerpo femenino; las gestantes obtienen solamente una mínima parte del coste total en el que incurren los padre de intención. Una política de alta protección establecería requisitos rigurosos a las gestantes, quizás marcando límites de edad o la obligación de haber gestado anteriormente. Además, como ocurre en algunos países, se podría prohibir la participación de intermediarios, centralizando los acuerdos de gestación, quizás, en el sistema nacional de salud (y prohibiendo la gestación a cambio de contraprestación). En el escenario contrario, se establecerían pocas restricciones a las gestantes y, particularmente, se permitiría a los operadores privados participar en los acuerdos y operaciones de gestación. Qué puede llegar a ocurrir en España es incierto, en la medida que el sector sanitario privado ligado a la reproducción ha crecido enormemente en muy pocos años. De seguirse el modelo de baja protección, nos colocaríamos más cerca del modelo norteamericano, en donde acríticamente se acepta la existencia de esta industria en torno a la gestación.

(3) ¿Una política nacional o internacional?

Grecia permite en la actualidad a cualquier pareja de diferente sexo, de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, ejercer como padre intencional en aquel país. No obstante, en la línea de países como India o Rusia, ese país establece también limitaciones para las personas solas o las parejas del mismo sexo, tanto Griegas como extranjeras.  Sobre la base de la legislación ya en vigor sobre reproducción humana asistida o matrimonio civil, no es razonable esperar que la legislación en España pusiera limitaciones en relación con los nacionales Españoles, sea cual sea su orientación sexual o estado civil. En España las mujeres solas, por ejemplo, tienen acceso a los procedimientos de reproducción humana asistida. Consideraciones de derecho internacional privado tendrán que dictar si se permite en España el ejercicio de esta práctica por personas extranjeras que, por la razón que fuera, tendrían impedimentos para registrar legalmente al hijo en su país natal.

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