21-D: cuando los ganadores no deben serlo completamente

¿Podemos pedirle peras al olmo? Si aceptamos no atribuir a las elecciones parlamentarias más funciones que las que empíricamente permiten sus resultados, cabe considerar los comicios del 21-D en Cataluña como altamente clarificadores. Porque reflejan las opiniones de la ciudadanía después de un período dramáticamente convulso, porque despejan incógnitas importantes en la competición entre partidos, porque configuran un Parlamento para formar una mayoría que gobierne –si los candidatos pensaban hacerlo– y porque confirman por enésima vez que, dentro del respeto a las reglas democráticas, las instituciones canalizan mejor que la calle, las encuestas o los simulacros plebiscitarios el contraste de anhelos y visiones que existen en una sociedad, la catalana, tan compleja como todas.

En cambio, estas elecciones no servirán para lo que algunos –¿ingenua, errónea, interesadae, desesperadamente?– pretendían: resolver el conflicto catalán, cerrar definitivamente el procés, legitimar la ruptura constitucional, o tumbar al Estado. Las elecciones son el mejor instrumento de clarificación política que poseemos en democracia, y solo como tal debemos interpretarlas. O nos quedaremos sin peras.

Por eso, los ganadores nunca suelen serlo del todo, ni los perdedores deben ser despreciados. ¿Cómo se aplica este principio de precaución a las elecciones del 21-D y a sus dos principales beneficiarios, Inés Arrimadas y Carles Puigdemont?

De entrada, constatando todo lo que no cambia. Por un lado, la existencia de un electorado muy plural, segmentado en bloques en torno a la cuestión nacional y territorial, pero con matices muy importantes en las formas (confrontación vs. concordia) y en el fondo (el eje izquierda-derecha, es decir, para qué se gobierna). Esa necesidad de matices se expresa mediante un elevada fragmentación. Como muestra el gráfico, el indicador de ‘número efectivo de partidos’ (una formulación matemática del peso ponderado de los partidos para sintetizar cuántos partidos cuentan realmente) sigue por encima de 5 (como en 2012), propio de democracias en sociedades divididas y acostumbradas a las salidas negociadas. Es cierto que la elevada polarización difumina esos matices: como ya hemos explicado, lo distintivo del período en el que se encuentra Cataluña desde 2012 es la elevadísima polarización identitaria, que en 2017 mantiene la de 2015 (entre votantes): 5,4 en una escala de 10. Muchísimo, un reflejo de contextos crispados, en el que las propuestas conciliadoras de socialistas y comunes quedaron ensordecidas.

Tampoco cambia el equilibrio de fuerzas en el Parlamento. Persiste la mayoría absoluta de las fuerzas nacionalistas/independentistas que se viene dando desde 1984, aunque con una legitimidad débil: desde 1999, esa mayoría absoluta parlamentaria es exclusivamente el resultado del efecto reductor del sistema electoral catalán, no de una mayoría social en votos. Como han explicado José Ramón Montero e Ignacio Lago, ese sistema electoral, provisional desde 1980, premia al independentismo, debido al sesgo producido por el malapportionment, una muy desigual distribución de escaños entre distritos según su población. Este detalle es determinante para la correlación de fuerzas, tanto que CiU y ERC, en 2005, condicionaron la reforma del Estatut a imponer una mayoría parlamentaria reforzada para cambiar la regla electoral y evitar así que Pasqual Maragall la modificara: como si alcanzar la independencia necesitara de menor consenso social que cambiar el sistema electoral. El gráfico también ilustra hasta qué punto el efecto reductor de la ley electoral se ha intensificado en períodos de mayoría nacionalista, especialmente desde 2010, beneficiando a las candidaturas pro-soberanistas y eliminando del Parlamento casi un partido efectivo de los resultantes tras el voto.

Esas dos constantes –pluralidad polarizada en torno a lo nacional y mayorías parlamentarias artificiales del independentismo– constituyen la peana sobre la que se erigió el procés y su intento de cuestionar la estructura del poder en España. La mayoría de encuestas nos decían que eso se iba a mantener con mucha probabilidad. Y acertaron.

Con esas constantes de fondo, se entiende mejor qué significa ganar o perder en estas elecciones. Es cierto que Ciudadanos ha conseguido un hito en la política catalana, inédito, al superar a CiU-JxS-JxC como primera fuerza parlamentaria, algo que ni siquiera pudo hacer Maragall. Es la victoria de Arrimadas: ella es quien mejor ha sabido personalizar la oposición de media Cataluña contra el independentismo. ¿Es la victoria de Albert Rivera? Sin duda este tratará de transponerla al plano político español, aunque su resultado será más incierto mientras en España predomine la polarización izquierda-derecha y la competencia centrípeta entre partidos, talón de Aquiles de las organizaciones centristas. No olvidemos que los efectos del 155 sobre la política española podrían muy distintos que en Cataluña.

Sin embargo, la victoria de Arrimadas, como era previsible, se ha visto limitada por las constantes mencionadas: requería una casi imposible mayoría parlamentaria anti-independentista y, además, la polarización de la que se ha beneficiado al mismo tiempo le cierra los puentes con los partidos de enfrente. Lo que suscita dos interrogantes para el medio plazo: ¿podrá mantener esa coalición de ciudadanos anti-independentistas si luego no va a poder gobernarlos? Y con ello, ¿qué mensaje le estará lanzando el independentismo a un millón de catalanes rotundamente opuestos al procés si trata con desprecio –como ha hecho hasta ahora– a la ganadora de las elecciones que les representa?

Ese es el reverso de la triple victoria de Carles Puigdemont, que se había planteado las elecciones como un desafío contra el 155 de Rajoy, contra la ineluctable ascensión de Junqueras hacia el poder y contra los adversarios de su propio partido –el PDeCat– que nunca se fiaron de él. Si la apuesta de Puigdemont ha dado frutos positivos en los tres planos (con inminentes consecuencias para ERC y el propio PDeCat), la gestión de esas victorias se antoja difícil. No porque no sepa qué debe hacer (recuperar la Presidencia y forzar a Rajoy a una negociación basada en el pragmatismo político), sino porque resulta difícil cómo hacerlo. Su victoria se ha erigido sobre una estrategia populista que permite polarizar y asentar su poder en los territorios tradicionalmente en manos de CiU, favorecidos por la ley electoral. ¿Puede renunciar a esa estrategia y adoptar una postura más pragmática para favorecer la negociación y el entendimiento con el Estado? Sabemos que el 26 de octubre, en una situación de mayor debilidad para sostener la tensión, no lo hizo. ¿Lo hará ahora que se ha beneficiado de esa tensión política y la división social? ¿Tiene incentivos para decirle a su cerca de un millón de votantes que renuncia a su promesa de ruptura porque quiere volver a ser el presidente de todos los catalanes, incluidos los partidarios del 155?

Ninguno de estos mimbres parecen propicios para extraer de estas elecciones la fórmula que permita el arreglo de la situación catalana. Si Rajoy esperaba que las elecciones resolvieran por sí mismas el conflicto, cayó en el error de no codificar las constantes mencionadas anteriormente. Por ello, muchos reprocharán a Rajoy haber anticipado los comicios de forma precipitada el 27 de octubre. Sin embargo, hubo en ello una decisión de Estado más que de partido: contribuyendo a reducir la tensión social que Puigdemont no se atrevió a desinflar, Rajoy adoptaba una medida que, en ese contexto tan extraordinario, enviaba al PP a una debacle colosal. Porque su problema no fue recurrir al 155, sino que con ello ponía de manifiesto que toda su estrategia política con Cataluña desde que perdiera las elecciones en marzo de 2004 ha resultado un completo desastre para España. Apostó a perder aquella para ganar esta. Sin embargo, ¿puede permitirse el Estado que el partido que gobierna España sea irrelevante en Cataluña?

Por todo ello, los ganadores de estas elecciones no lo son completamente, y deberán tener en cuenta a los que no lo son si quieren salir de un bloqueo institucional permanente en los próximos meses. En estas elecciones, el independentismo ha obtenido una mayoría (débil, llena de contradicciones) para intentar gobernar, pero no para romper el Estado ni mantener la falacia de la república. Ni siquiera para insistir en el argumento herestético del referéndum de autodeterminación, propuesta que queda desacreditada como fórmula de solución al conflicto: ¿una consulta así ayudaría a clarificar más la situación de lo que han hecho estas elecciones, o a facilitar el acuerdo entre los dos bloques?

La clarificación consiste en poner en evidencia que la única alternativa al previsible bloqueo actual pasa por la negociación dentro de Cataluña, como paso previo a un acuerdo con las otras instituciones del Estado. Porque el arreglo consocional que pueda darse en España requiere un acuerdo previo de lógica federal para el interior de Cataluña. Un acuerdo que plantee abiertamente las razones del actual disenso en torno a los medios de comunicación públicos, a la inmersión lingüística, etc., pero también que se cuestione las reglas de juego electorales, así como la organización institucional de Cataluña: el proceso ha puesto de manifiesto la enorme asimetría entre el peso social y económico de las regiones metropolitanas de Cataluña y su subordinación política al resto del territorio. Por alguna razón, los intelectuales que blanden el argumento del quién paga y quién manda en España les cuesta aplicarlo al interior de Cataluña.

Quizá esta perspectiva consocional no resulte plenamente verosímil en este momento: la capacidad de las elites políticas catalanas para alcanzar consensos integradores está en duda desde la tortuosa negociación del Estatuto en tiempos del tripartito, en el que el entendimiento solo fue posible mediante acuerdos maximalistas y la renuncia de algunas de las partes a su programa. Entre ellas, la que ahora ha quedado en primera posición. Pero también será responsabilidad del Estado decidir si favorece el disenso o la concordia en esa negociación interna.
El 21-D pone de manifiesto que en Cataluña no existen mayorías silenciosas, ni mayorías para la ruptura. Solo hay minorías heterogéneas y fluctuantes, de las cuales la independentista es la más numerosa en estos momentos. Veremos ahora si los partidos siguen apostando a rentabilizar sus apoyos enfrentándolas entre sí, o si optan por representarlas para sumarlas y levantar con ello mayorías verdaderamente legítimas, centradas en la idea fuerza del reciente libro del primer ministro canadiense, Justin Trudeau: Todo aquello que nos une. Paradójicamente, para ello resultará más eficaz el discurso del PSC y de los comunes que el de los partidos más votados. Eso también lo han dejado claro las elecciones.

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