2012-2015: malos tiempos para la Seguridad Social

La evolución de la Seguridad Social durante la legislatura viene marcada por lo siguiente.

1. Fuerte deterioro de la situación financiera del sistema. La más clara manifestación del desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social es que el Gobierno del PP ha agotado una parte muy importante de las reservas acumuladas en los años anteriores. De una parte, se han consumido los excedentes de la gestión de las mutuas, acumulados en el Fondo de contingencias profesionales, por valor de 8.130 millones de euros. Y, de otra, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se ha reducido a menos de la mitad, pasando de 69.252 millones de euros antes de la primera disposición en 2012 a 34.221 millones tras la última retirada (habrá otra antes de fin de año) hace una semana. 

Este deterioro responde a causas coyunturales (los efectos del envejecimiento de la población por la jubilación de la generación del baby boom aún tardarán unos años en manifestarse). En particular, viene determinado por la fortísima destrucción de puestos de trabajo provocada por la crisis económica (todavía no se ha recuperado el nivel de ocupados afiliados de hace cuatro años y aun faltarían otros dos millones de empleos para recuperar el nivel previo al estallido de la crisis), así como por la política de empleo de los últimos cuatro años basada en la precarización y en la devaluación salarial: el incremento de trabajos (precarios) a tiempo parcial, la política de ‘tarifas planas’ (subvención de costes empresariales) con cargo a la Seguridad Social y, en general, el empobrecimiento de los salarios explican que la recuperación del empleo en el último tramo de la legislatura no repercuta positivamente en los ingresos por cotizaciones (el empleo crece al 3% y las cotizaciones apenas un 1%).

2. Una reforma de la Seguridad Social que recorta derechos. El principal cambio normativo de  este periodo ha sido la Ley 23/2013 que introduce un nuevo factor de sostenibilidad y sustituye el mecanismo de revalorización de las pensiones que garantizaba el poder adquisitivo. El factor se ha de aplicar a partir de 2019 y supondrá una reducción de la cuantía de las pensiones en función del (previsible) alargamiento de la esperanza de vida. La nueva fórmula de revalorización de las pensiones supone que las pensiones ‘subirán’ un 0,25% –como en 2015– en los próximos años (según la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal, al menos hasta 2021), lo que previsiblemente va a provocar una importante pérdida de poder adquisitivo de todas las pensiones, mínimas incluidas. El Gobierno del PP (Actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018), con el aval de la Comisión Europea (2015 Ageing Report) cuantifica el recorte de las pensiones como consecuencia de este cambio normativo en 3,4 puntos porcentuales de PIB en 2050. Teniendo en cuenta que el número de mayores de 65 años en esa fecha se habrá casi doblado (pasaremos de 8 millones a más de 15 millones), es evidente que la generosidad de las pensiones públicas se verá fuertemente reducida (un 30% según la Comisión Europea).

3. Ruptura del Pacto de Toledo. Pese al reconocimiento –dentro y fuera de nuestras fronteras– que ha merecido el Pacto de Toledo (acuerdo parlamentario suscrito inicialmente en 1995 que ha servido para consensuar las grandes reformas entre todos los partidos políticos), el Gobierno del PP ha actuado de espaldas a él provocando su ruptura: la profunda reforma de 2013 se lleva a cabo de forma unilateral, con la frontal oposición de todos los partidos políticos y de los sindicatos.

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