155 ¿De qué Constitución?

Tiempo habrá en los próximos días, y meses, para valorar las medidas propuestas por el Consejo de Ministros en aplicación del artículo 155 de la Constitución, tanto desde el punto de vista de las finalidades que dice perseguir como de su adecuación y proporcionalidad –criterios generales de la aplicación de las facultades extraordinarias del artículo 155 CE sobre los que, al menos hasta hoy, había un muy amplio consenso académico–. O sobre cómo afecta al derecho a la participación política ex artículo 23 CE y eventualmente a otros derechos fundamentales, como la libertad de información y otros.  También, desde luego, sobre su implantación práctica y su eficacia para resolver la actual crisis constitucional.  De entrada, sin embargo, creo que es oportuno preguntarse qué Constitución se está aplicando con estas medidas. Y ello por el simple motivo de que algunas de ellas, las más llamativas e incisivas para la autonomía, como la disolución de las instituciones de autogobierno, fueron descartadas en el proceso constituyente español de 1978.

En efecto, por dos veces se intentó introducir en el hoy artículo 155 CE (artículo 144 del texto del anteproyecto y artículo 149 del texto aprobado en primera instancia por el Congreso de los Diputados) la facultad de disolver la “Asamblea regional” (en el anteproyecto de Constitución) o “los órganos regionales” (en el del proyecto aprobado por el Congreso). Ambos intentos corrieron a cargo de sendas enmiendas de adición presentadas por la UCD (la núm. 736, con el Sr. Ortí Bordas como primer firmante, en relación con el artículo 144 del anteproyecto, y la núm. 957, del Sr. Alberto Ballarín, senador, en relación con el artículo 149 del proyecto aprobado por el Congreso y que debía ser tramitado en el Senado). Y en los dos casos el intento no prosperó. Por tanto, la cuestión de la posible disolución de las instituciones autonómicas estuvo sobre la mesa del constituyente, y en ningún caso se introdujo en el texto final. Si el proceso constituyente puede aportar alguna luz sobre el tan abierto y genérico artículo 155, y particularmente en torno a sus límites (¿o no los tiene?),  este hecho sin duda es de los más relevantes para ello.

La disolución del Parlamento (aunque sea en diferido) y la destitución del Presidente y de todo el Gobierno de la Generalitat, unido a la limitación de los poderes del Parlamento y a la introducción de un control político previo de las iniciativas parlamentarias a cargo de la autoridad competente,  son todas ellas cuestiones tan graves, por la radical alteración del sistema constitucional que suponen, que de ningún modo pueden entenderse implícitas en la previsión de medidas cuyo objetivo es el cumplimiento de las obligaciones constitucionales o la protección del interés general. Y mucho menos cuando esta misma posibilidad fue desestimada en el propio proceso de elaboración de la Constitución.

Lo ocurrido es de una extrema gravedad, pero no debería sorprender demasiado. No deja de ser un paso más, esta vez de gigante, en la reinvención de la Constitución de 1978. Un proceso al que venimos asistiendo desde hace años, por el cual la Constitución de 1978 ha acabado en gran parte en manos de quienes la combatieron en sus orígenes. Espero con interés, aunque sin demasiada esperanza, lo que pueda decir el Tribunal Constitucional cuando resuelva (¿cuándo?) los recursos que, a buen seguro, le van a llegar sobre la aplicación del artículo 155 CE. ¿Todo vale cuando se trata de mantener la sagrada unidad de España?qué

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8 Comentarios

  1. Carlos López
    Carlos López 10-22-2017

    Empieza razonando, pero acaba con prejuicios, tachando de franquistas a quienes apoyan el 155:
    “ha acabado en gran parte en manos de quienes la combatieron en sus orígenes”
    ” ¿Todo vale cuando se trata de mantener la sagrada unidad de España?”

    Y, además, en la parte argumental olvida remarcar la importancia de una declaración de secesión. Sólo atiende a la importancia de la respuesta.

    La conclusión es obvia. Es un texto de parte, nada objetivo y basado en el prejuicio. Justo el tipo de conducta que ha originado el problema.

    Emociologías: una 2ª Transición para Cataluña
    http://pajobvios.blogspot.fr/2017/10/emocioogias-una-2-transicion-para.html

  2. FVJ
    FVJ 10-22-2017

    No estoy del todo de acuerdo con el comentario anterior porque también va cargado de prejuicios.
    Pero sí quisiera destacar algo del análisis del autor: lo que el constituyente perece descartar al no aprobar las enmiendas mencionadas es la “disolución” del Parlamento. Eso es un límite al 155, pero no necesariamente significa que todas las potestades del Parlamento sean intocables.
    Desde un punto de vista lógico-jurídico lo que el Gobierno Central prohibiría hacer al Parlamento es que su medida estrella ( no tener al frente de la Generalitat un equipo de Gobierno contrario a la CE) se repita de forma absurda ( al nombrarse otro presidente de la Generalitat secesionista).
    También parece tener sentido que si todo lo que motiva el 155 es evitar la independencia unilateral, se prohíba esta declaración
    Pero esta es solo mi opinión, claro.

    • Carlos López
      Carlos López 10-22-2017

      Hola,

      Agradecería una explicación de por qué considera que mi comentario va cargado de prejuicios (como. por ejemplo, yo lo explicaba mi valoración)
      Lo he revisado y no veo tal.

      Un saludo,

  3. Luis
    Luis 10-22-2017

    Interesante artículo. A mí lo que más me impresiona es la generosidad con la que algunos constitucionalistas (hablo en general, por supuesto) interpretan el art 155 CE, que según ellos permite la suspensión de facto del derecho a la autonomía del art 2 CE, o el art 159.3, cuya taxatividad a la hora de establecer la duración del mandato de los magistrados del TC y las condiciones de su renovación no es interpretable. Mientras que, a la vez, esos mismos juristas son extremadamente rígidos en la interpretación del art 92 CE (derecho a participar en los asuntos públicos del art 23.1 CE), que según ellos no permite en ningún caso la celebración de un referendum, ni siquiera consultivo, sobre la posible independencia de una CCAA. Estas opiniones son excesivamente contradictorias y por ello poco profesionales, me temo.

  4. FVJ
    FVJ 10-23-2017

    Hola Carlos. Lo digo Porque no hay argumentos. Salvo decir que no nombra la DUI.
    Eso no me parece suficiente para concluir que hay prejuicios y por eso tu conclusión me parece preconcebida. Sin embargo sí creo que en el análisis del autor hay demasiada “pasión” por decirlo suavemente. Pero no creo que este espacio esté para hablar ya más de esto entre nosotros dos.

    • Carlos López
      Carlos López 10-23-2017

      Hola FVJ,

      Quizá no me expliqué bien. El prejuicio está en ese supuesto franquismo achacado a quienes promueven el 155.

      No nombrar la gravedad de la DUI al comentar la gravedad del 155 no me parece un prejuicio sino una parcialidad. No enfoca en el cuadro entero sino sólo en parte.

      Pero me parece bien dejarlo entre nosotros. Un saludo cordial.

  5. Josep Busquets Urpi
    Josep Busquets Urpi 10-23-2017

    Mientras estemos “sacralizando” la unidad de España, seguimos limitando el concepto y el aprecio hacia una España para muchísimos catalanes. No nos llevemos a engaño. Que error de visión tan grande. El llamado es “democracia”. El “nacionalismo español”, es el obstáculo, como cualquier nacionalismo cuando se quiere sacralizar.

  6. Pablo
    Pablo 10-23-2017

    El Artículo 155 de la Constitución española es un corta pega de un Artículo de la Constitución alemana. Y todos los estados democráticos, Francia, Alemania, Estados Unidos, etc., tienen tipificados en sus Códigos Penales delitos de rebelión, sedición, desobediencia al ordenamiento constitucional….. Que el monopolio de la violencia lo tiene el Estado es uno de los principios básicos de la democracia, que tiene que tener herramientas para defender a los ciudadanos de los ataques al ordenamiento jurídico democrático.

    Realmente el Art. 155 no suspende la autonomía. El 7 de septiembre el Parlament aprobó una norma que sí lo hacía, derogaba la autonomía, el Estatut y la Constitución. El Tribunal Constitucional, obviamente, suspendió esta norma. Quien aceptó esto puede pensar que la autonomía sigue existiendo, pero quienes no aceptaron esta decisión, desde las propias instituciones catalanas, han actuado como si efectivamente ya no hubiera autonomía, sino independencia. Por tanto para estas instituciones el 155 no puede suspender una autonomía ya inexistente en la práctica, sino que intenta volver a restaurarla suspendiendo su capacidad de continuar el proces de independencia.

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