Al amparo del art. 155 CE

Sobre la seriedad de las medidas que el Gobierno, con la autorización del Senado, puede adoptar al amparo del art. 155 CE no cabe albergar duda alguna, de ahí que quepa entender que antes de proceder a su aprobación sea preciso agotar todos los medios de diálogo, negociación y entendimiento posibles, tal y como demanda el principio de lealtad autonómico (que aunque no esté expresamente mencionado en nuestra Constitución, se debe entender que también rige el funcionamiento de nuestro Estado, al igual que sucede en Alemania con el principio de lealtad federal). Diálogo y negociación que, por supuesto, se ha de buscar también una vez que las medidas han sido aprobadas, y durante su aplicación. En esta misma línea, solo cabrá acudir a ellas cuando no le pueda ser exigido a la Comunidad autónoma incumplidora (Cataluña, en este caso) la vuelta a la legalidad o el cese del grave perjuicio para el interés general de España por otras vías menos gravosas, particularmente, las judiciales.

Pues bien, a estas alturas, y sin perjuicio de reivindicar siempre ese diálogo, creo que nos encontramos en un punto en el que, sin exceso alguno, podemos entender que ha llegado la hora del art. 155 CE. Porque  si una de las partes insiste de manera contumaz en situarse al margen de la ley, y solo está dispuesta a negociar algo que la otra no puede negociar por resultar inconstitucional (la independencia de Cataluña o, en el mejor de los casos, la celebración de un referéndum de autodeterminación), hemos de asumir que no hay posibilidad de continuar con la negociación.

Ahora bien, ¿qué quiere decir que ha llegado la hora del art. 155 CE? Lo primero que me parece esencial resaltar es que el art. 155 CE, al igual que sucede con el art. 37 de la Constitución alemana del que trae causa, no otorga una especie de “cláusula de plenos poderes” al Gobierno para hacer lo que considere necesario a fin de restablecer el orden constitucional o legal vulnerado por alguna Comunidad autónoma. Sencillamente, porque una cláusula de plenos poderes es la negación misma del Estado de Derecho.

Así pues, las medidas coercitivas que adopte el Gobierno no solo deben de ser necesarias, sino que además deberían respetar la vigencia de otros cuatro principios que -a mi juicio- cabe, a su vez, derivar del principio autonómico, constitucionalmente garantizado: el de la idoneidad de cada medida que se adopte para lograr el fin que se persigue; el de la proporcionalidad en el diseño y ejecución de la medida elegida, para lo que habrá que tener en cuenta, entre otras cosas, el grado de resistencia de la Comunidad autónoma frente a la misma; el de gradualidad en la adopción de las medidas, de forma que habría que comenzar por aquellas que se consideren menos graves; y el de temporalidad, de modo que las medidas coercitivas solo estén vigentes el tiempo estrictamente necesario para restaurar el orden legal o constitucional vulnerado, o para cesar con el grave perjuicio al interés general.

Pues bien, a partir de estas consideraciones previas, ¿qué medidas coercitivas podría adoptar el Gobierno al amparo del art. 155 CE? Por su relevancia, podemos “imaginar” las siguientes:

– dar instrucciones o directrices jurídicamente vinculantes a las autoridades autonómicas o cargos directivos autonómicos correspondientes;

– avocar ciertas facultades o competencias autonómicas en las áreas de interior, economía, presidencia, educación… 

– sustituir, por vía ejecutiva, a determinadas autoridades gubernativas (consejeros) o directivas (directores generales, etc.) por una suerte de comisionados nombrados por el Gobierno del Estado; más dudas plantea, a este respecto, la posibilidad de sustituir al Presidente de la Comunidad autónoma, en la medida en que el mismo ha sido directamente elegido por el Parlamento autonómico; algo así podría considerarse, de facto, una supresión de la autonomía, lo que sobrepasa el ámbito del art. 155 CE;

 – ordenar la intervención en la Comunidad autónoma incumplidora de las fuerzas policiales del Estado (pudiendo poner previamente bajo su mando a las fuerzas policiales autonómicas, los Mossos d’Esquadra); intervención policial que debería dirigirse siempre contra los órganos o autoridades incumplidores, no directamente contra la población.

Lo que está claro es que al amparo del art. 155 CE no se puede proceder a la disolución de la Comunidad autónoma, pues una medida de tal gravedad supondría una supresión radical de la autonomía, que, como sabemos, está constitucionalmente garantizada. Asimismo, y por razones semejantes, resulta muy dudoso que se pueda proceder a la disolución del Parlamento autonómico, aunque sea con el fin de convocar nuevas elecciones. 

Por último, resulta igualmente cuestionable que al amparo del art. 155 CE el Gobierno pueda hacer uso de las Fuerzas Armadas para conseguir el objetivo que persigue este precepto. Más bien cabe pensar que la actuación del ejército nos sitúa en un escenario diferente (y ojalá que muy lejano), el de los estados de excepción previstos en el art. 116 CE, que no se puede confundir con el propio de las medida coercitivas a que apela el art. 155 CE. 

En todo caso, puestos a imaginar un escenario también diferente, no se puede olvidar que, más allá de las medidas del art. 155 CE, e incluso para el caso de que las mismas fueran incumplidas por las autoridades o cargos públicos afectados, queda el recurso final al Derecho penal, si es que, como cabe presumir en caso de llegar a este punto, alguna de esas autoridades o cargos públicos cometiese algún delito.

Concluyo como comencé: reconociendo que sin perjuicio de que haya que tomar las medidas necesarias para restaurar el imperio de la ley, garantía principal de nuestros derechos y libertades, tampoco podemos ignorar que nos encontramos ante un grave conflicto político que puede desembocar en un indeseable, desde todos los puntos de vista, conflicto social. Y cuando los conflictos existen, en una democracia consolidada como lo es la española, constituye una obligación de nuestros representantes tratar de buscar acuerdos a través del diálogo.

No hay duda: hay que negociar. La pregunta es el qué. Pues aquello que ambas partes estén en condiciones de poder negociar. El Gobierno de España no puede negociar la independencia de Cataluña, porque eso no depende de él, sino del soberano. Por las mismas razones, creo que el Gobierno de España tampoco puede negociar la celebración de un referéndum de autodeterminación, pues una parte del pueblo español (la residente en Cataluña) no puede tomar una decisión que corresponde adoptar al todo. Lo que sí puede hacer el Gobierno de España es poner encima de la mesa una gran propuesta política, relativa a la reforma de la Constitución, a debatir entre todos los actores políticos, en la que se trate de buscar un mejor diseño de nuestra forma territorial de Estado, que sea satisfactorio para todas las Comunidades autónomas, incluida, claro está, Cataluña, y para todos, o una amplia mayoría, de los ciudadanos españoles, incluidos, por supuestos, los catalanes. Es ahí donde habría que centrar los esfuerzos, porque si solo aspiramos a refugiarnos bajo el amparo del art. 155 CE corremos el riesgo de quedar a la intemperie.

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1 Comentario

  1. Gallego
    Gallego 10-21-2017

    Estimado Antonio,

    ¿Por qué iba a querer el PP buscar una solución política o una reforma de la constitución? Si fuera así no estaríamos aquí. El PP y el nacionalismo catalán comparten el interés por el conflicto. En los últimos 2 meses se han creado más nacionalistas españoles que en 10 años y no veo excepto por razones económicas porque el PP podría tener interés en volver a poner en la agenda política otros temas.

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